Un juicio para la historia

Por primera vez los jueces y el fiscal que condenaron a los ex comandantes de la última dictadura cuentan la historia íntima del acontecimiento que cambió a la Argentina para siempre. Un testimonio imprescindible de los protagonistas de un proceso que convirtió a nuestro país en un caso aparte, diferente y único, entre aquellos que deben lidiar con un pasado de horror y violencia. Una proeza civil.

Desde marzo de 2004, cuando el presidente Néstor Kirchner enunció desde el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada que durante veinte años la  democracia argentina había hecho “silencio” en materia de derechos humanos y que él venía a pedir perdón por tal supuesta omisión, convivo con una sensación insoportable de injusticia y atropello. Rescatar la historia humana de quienes no cazaron en el zoológico, contar quiénes eran, de dónde venían y cómo condenaron a los mayores criminales de la historia argentina era una maravillosa oportunidad de ajustar cuentas. En mi mirada, sin embargo, me importaba escribir para quienes no pueden saber bien qué sucedió porque eran muy jóvenes o ni siquiera habían nacido. La propuesta se hizo proyecto y el proyecto inició su rodaje, al cabo del cual el lector tiene el resultado en sus manos. León Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma, Julio Strassera, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Aráoz y la familia de D’Alessio soportaron largas horas de testimonio conmigo. Con las herramientas más tradicionales del cronista, exploré familia, estudios, recorrido vital, amores y odios. Este no es, empero, un libro encargado a pedido; es apenas la respuesta entusiasta a una llamada que entró como mandato en mi vida. Hemos de acometer empresas justas. Las historias son de ellos, pero mía es la mirada y míos los matices; este libro detalla los entresijos de unas vidas comunes a las que una bisagra de la historia puso a decidir cuestiones vitales para este país. No trepido en considerar el juicio a las juntas, resuelto y sostenido hasta el final por el presidente Raúl Alfonsín, como la mayor hazaña civil de la historia de nuestra nación. Pero ésta no es una crónica neutral, ni mucho menos; pretende ser verídica y descarnada, pero no ha sido escrita por un fantasma de alquiler.
Absolutamente mía es la responsabilidad de las interpretaciones y de los matices aquí percibidos. Quienes prestaron testimonio y las numerosas voces aquí evocadas han tenido el generoso desprendimiento de hablar sin titubeos. Corresponde aclarar que la responsabilidad integral de las interpretaciones, los matices y el contexto es de quien firma este libro. El que admite no engaña. Mis interlocutores tienen, eso sí, una proyección colosal porque concretaron y dejaron como legado para el porvenir de este país y también de otros una decisión jurídico-penal aleccionadora y pletórica de valores. Aquello supuso que una Argentina acondicionada al horror y al olvido no garantizaría más, desde ese momento, la impunidad característica de las sociedades que reiteran sus tragedias, sin pensarlas.

Sé que la historia argentina luego trastabilló en marchas atrás y zigzagueos, y hubo indultos canallescos; pero se retomó finalmente el camino de la verdad. También sé que una utilización oportunista, desalmada e inescrupulosa de aquellos hechos por parte del poder político ha sabido confundir y garabatear hoy un sentido diferente de las cosas. Tampoco es ésta una historia lineal. Antes bien, son varias peripecias, personales, subjetivas, reiteradas y sin embargo diferentes. Rayuela política y legal, soporta entradas diversas y se funda en miradas no siempre convergentes. De atrás para adelante o en sentido inverso, ponen negro sobre blanco varias décadas de avatares nacionales. Sobre todo, se organizan a través de la más desconcertante de las conjeturas: en los pliegues decisivos del devenir de un país, seres humanos inesperados y que no sospechan lo que la historia les depara son llamados a asumir una responsabilidad enorme y responden exitosamente al llamado.

¿Existe acaso tal cosa como una justicia universalmente satisfactoria? Claro que no, pero ¿cuáles son los grados de compromiso que tolera la decisión de hacer justicia, aun cuando se admita que lo ideal es una quimera adolescente? En los intersticios de lo posible, la Argentina caminó entre mediados de 1983 y fines de 1985 por un doloroso y estrecho sendero, angostado por amenazas, riesgos y debilidades. Esta es mi convicción desde siempre: en eso, el país salió airoso. En algún mapa histórico mundial, pero sobre todo cuando las polvaredas asfixiantes de esos años amainen, se podrá decir que en una frustrante y cacofónica nación llamada Argentina se administró justicia. Me hice entonces esta pregunta: ¿por qué una sociedad puede permitirse olvidar o devaluar sus logros, atosigada por el mito de una supuesta perfección ante la cual nunca alcanza nada? La Argentina no sabía lo que le sucedía en sus entrañas cuando en 1978 se disputó en ciudades de este país el Mundial de Fútbol y junto a varias delegaciones extranjeras (sobre todo las de Holanda, Alemania y España) llegaron periodistas ansiosos por profundizar las denuncias que desde hacía ya dos años inundaban los medios europeos respecto de truculentas violaciones de los derechos humanos en este país. A partir de 1979 se supo más, tras el viaje de inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Pero tampoco demasiado. Imposible catalogar hoy con precisión matemática las cuotas de negación inconsciente debida al miedo, silencio cómplice por simpatía ideológica, o mutismo francamente encubridor, pero notorios intelectuales argentinos recién comenzaron a tomar nota del terrorismo de Estado a mediados de 1981. Recién después del desastre de 1982 en la Guerra de Malvinas fue irrumpiendo masivamente en la sociedad una verdad que sólo trascendió en todo su error a partir de la democracia. Pero cuando los hechos terribles fueron conociéndose, apenas a unos pocos se les ocurrió que sería factible que hubiera en el corto plazo una investigación que terminara en juicio y castigo para los responsables principales. Cuando los juicios a los comandantes comenzaron, en 1984, tampoco hubo excesivas esperanzas. El triste y espeso caldo del escepticismo nacional prevalecía como charco inmundo e inmutable. No se podría, sería imposible, era inútil. Sin embargo, los autores mediatos aunque principales de las matanzas perpetradas entre 1976 y 1983 fueron procesados, pudieron defenderse en los estrados y se les administró justicia. No solo se quebró el mantra del pesimismo serial, sino que el peronismo, una de las dos mitades políticas de la Argentina, que hacia la primavera de 1983 se postulaba con atributos muy fuertes para hacerse cargo del poder tras el anunciado final del gobierno militar (que convoca el 18 de agosto de 1983 a las elecciones del 30 de octubre de ese año), ni siquiera soñaba con proyectar u organizar acciones judiciales para conocer la verdad y castigar a los principales responsables de la tragedia. Ese peronismo, patéticamente desplazado en 1976, no se proponía dilucidar nada de lo acontecido, cuando a mediados de 1982 se hizo evidente, tras la caída del general Leopoldo Galtieri, que el país retornaría al sistema democrático. Por eso, sus líderes respaldaron la autoamnistía que se habían prodigado las Fuerzas Armadas antes de las elecciones de 1983. Para la conducción del movimiento fundado por Perón, nada había que averiguar tras esa era de horror, y a nadie sería posible procesar. ¿Por qué la Argentina sería diferente al resto del mundo? A medida de que se fue tomando conciencia de que en este país se había consumado un plan criminal desde el mismo corazón del Estado, menudearían las comparaciones con otros casos internacionales, todas ellas aproximativas e imperfectas.

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La Alemania derrotada de 1945 fue el caso más reiteradamente invocado, específicamente los juicios de Nüremberg, donde los Aliados juzgaron y procesaron a los jerarcas nazis. Una película documental sobre el juicio a las juntas argentinas, estrenada en 2004 por Miguel Rodríguez Arias, se llamó El Nüremberg argentino. Pero los juicios de Nüremberg fueron realizados por la Justicia militar de las naciones victoriosas y la Alemania de ese momento era una nación derrotada y ocupada por cuatro potencias extranjeras.

La Argentina de 1985 no era un país ocupado. Los jueces intervinientes no representaban potencias extranjeras. Y, claro, los crímenes de la barbarie nazi no pueden ni deben ser comparados con la matanza consumada por los militares argentinos. El otro precedente mencionado, una y otra vez, fue el golpe militar que en 1967 llevó a los coroneles griegos al poder, desde donde se desencadenaría una masiva represión contra las fuerzas democráticas, un régimen que se prolongó hasta 1975. También se alude al caso español. La democracia en España era todavía muy joven en 1985, diez años después de la muerte de Franco, pero el abortado golpe del 23 de febrero de 1981 había permitido recordar que aquella transición sólo se pudo consumar gracias a un explícito acuerdo nacional que determinó puntualmente no revisar el pasado, incluyendo, desde luego, no juzgar ni condenar a nadie. Cuando la Argentina comenzó el proceso de enjuiciamiento de los comandantes de las juntas militares, en 1984, el régimen de Augusto Pinochet imperaba en Chile desde hacía ya una larga década y todavía le quedaba por delante más de un lustro de vida, cuando una restauración democrática minuciosamente pactada llevó a los civiles de nuevo al gobierno recién en marzo de 1990, sin que hubiera vestigios de que nadie intentara ni justicia ni castigos. En el mundo tampoco se percibía que fuera posible juzgar los horrendos crímenes de los jemeres rojos en la Kampuchea demencial de 1975 a 1979, donde no menos de dos millones de personas fueron exterminadas como parte de un infierno revolucionario destinado a sentar las bases del “hombre nuevo”. Si en la Unión Soviética ya se presagiaban aperturas liberalizantes a mediados de los ochenta, nadie concebía, empero, que la perestroika pudiera prologar la caída inminente del comunismo. Cuando el colapso se produjo, en 1990, no suscitó juicios ni procesamientos, ni en Rusia ni en las naciones del Este que se independizaban del imperio soviético, cuyas matanzas masivas, gulags y maldades totalitarias no fueron ni remotamente revisados. Era una revolución de “terciopelo”, como se la bautizó en la Checoslovaquia de Václav Havel.

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Tampoco se preveía entonces que el apartheid terminaría prontamente en Sudáfrica. Tras la caída del régimen de segregación racial, Nelson Mandela asumió en 1994 la presidencia de la nueva nación, gobernada por la mayoría negra. Nadie habló de juicios, ni mucho menos de castigos, tras una guerra civil de más de tres décadas; lo único que procuró y logró la nueva Sudáfrica fue verdad y reconciliación. No sucedió lo mismo en la Argentina. En este país surgieron políticos y partidos que prometieron que no habría impunidad y así fue. En el grueso trazo de la historia, el único que importa al final del día, la Argentina resultó un caso aparte, diferente y único. Casi 26 años después de los juicios de 1985, sigue siendo imposible encontrar paralelismos o comparaciones mundiales plausibles, aunque sean parciales. En América latina, Uruguay retornó a la democracia en 1985 y una ley del Parlamento determinó en 1986 la nulidad de la pretensión  punitiva del Estado en relación con los crímenes perpetrados en el oscuro período iniciado en 1973 con el golpe de Estado del presidente Juan María Bordaberry. Dos plebiscitos posteriores (1989 y 2009) ratificaron que los uruguayos no irían más allá en la investigación y condena de su pasado y en 2011 se han vuelto a poner en evidencia, en el seno del gobierno de izquierda, las diferencias entre quienes consideran que los plebiscitos han sido concluyentes y no pueden rectificarse y un sector de la militancia que procura reabrir las causas, lo cual finalmente no se producirá. Lo mismo sucedió en Brasil, que recién en marzo de 1990 retornó al gobierno civil, tras elecciones directas y libres, luego de una larguísima dictadura militar de 21 años seguida de una transición pactada de cinco: no hubo juicios y tampoco castigos. En España, más de setenta años después del fin de la Guerra Civil (1936-1939), se sigue discutiendo si corresponde o no hacer juicios sobre los masivos crímenes del franquismo, aunque los republicanos tuvieran una nada desdeñable, si bien infinitamente menor, cuota de responsabilidad en las carnicerías de aquellos años inclementes.

La Argentina juzgó inicialmente a un puñado de culpables, pero eran los principales. Las juntas militares como tales, es decir, como cabezas jerárquicas de las Fuerzas Armadas, fueron encausadas y, al final del camino, seis jueces dispusieron las sentencias. Fueron, claro, mucho menos contundentes de lo que una minoría vociferante exigía. Sólo Videla y Massera recibieron condenas de prisión y reclusión perpetuas, de las que los rescató un gobierno peronista en 1990. Espasmódica, la Argentina pasó benevolentemente de la ignorancia de 1976 al despertar asombrado de la conciencia de 1980, y del brutal amanecer de 1982 a la exigencia de castigos masivos y totales en 1983. Un rasgo esencial de esta etapa es que la Argentina de 1985 se regocijó poco y nada con las condenas impuestas por la Cámara Federal a los ex comandantes. En un país que seguramente hubiera seguido gobernado por las Fuerzas Armadas de no haber sido por la calamidad político-militar de 1982 en Malvinas, muchos pasaron a reclamar “juicio y castigo a todos (sic) los culpables”. Un presidente dispuesto a cumplir su promesa de sentar en el banco de los acusados a los jefes mantuvo su compromiso, y al cumplirse el segundo año de su mandato esos veredictos fueron entregados. De hecho, cuando el presidente peronista Carlos Menem firmó sus indultos masivos, los del 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990, había en las cárceles, producto de los juicios en los años de Alfonsín y pese a la Ley de Obediencia Debida, 290 presos con proceso fehaciente. Los indultos de 1989 y 1990 los pusieron en libertad. Pero, además de que hubo un presidente que sostuvo el desarrollo de los juicios y su natural desenlace penal, hubo seis jueces que fueron fieles a su mandato y a su juramento y, tras un largo e interminable descenso al infierno, emitieron su fallo.

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Los seres humanos podemos ser criaturas ansiosas y mercuriales y no es extraño que, tras conocerse los horrores que la investigación permitió verificar, un jacobinismo inaceptable fuera de un extremo a otro, pidiendo que, en lugar de juzgar a las juntas y a los cien o doscientos jefes principales que comandaron esa guerra llamada sucia, fueran encausados millares de militares, desde oficiales de menor rango a los jerarcas más empinados de las tres fuerzas. La historia de esos juicios es la crónica de un logro maravilloso de la Argentina, una proeza civil de cuya consecución muy pocos estaban persuadidos, incluso dentro del propio gobierno del presidente Alfonsín. Esa hazaña no ha sido adecuadamente reconocida por la sociedad argentina. Incluso en ámbitos internacionales, tiene escaso peso específico la dimensión histórica excepcional de los juicios argentinos a las juntas militares, aunque en los medios jurídicos extranjeros la sentencia firmada por los jueces de la Cámara Federal es hoy venerada como materia obligatoria de referencia. Nadie en el mundo hizo tanto, tan rápido y de manera tan contundente. Los veredictos de 1985, cuando en Chile y Brasil gobernaban los militares, en Sudáfrica reinaba el apartheid, Ronald Reagan y Margaret Thatcher eran los líderes indiscutidos de Occidente y el llamado “campo socialista” gozaba aún de agónica vida, son una colosal desmesura argentina. Como suele suceder, es una hazaña poco conocida y mezquinamente asumida. Pero no sólo se necesitó de un presidente como Alfonsín para hacerla viable. Los artesanos individuales de esa fantástica afirmación del principio de la justicia y la consecuente derrota de la noción de impunidad fueron magistrados de la carrera judicial, hombres comunes con vidas parecidas y diferentes, pero a los que el azar impulsó a tener que proyectarse como seres extraordinarios. Esta es la parte más estremecedora de esta historia, la de seis jueces que, con el aporte decisivo de un fiscal excepcional y de una pequeña patrulla de seres indispensables que buscaron y recogieron las pruebas, sistematizaron los datos y averiguaron en los pliegues más tenebrosos del horror para que se supiera la verdad, hicieron lo que tenían que hacer. Es una historia de gente común, argentinos a los que nadie reconocería en el subte, personas que a la hora de priorizar los valores optaron por la decencia y allí se abroquelaron.

En una sociedad anhelante, vulnerable a sensualidades diversas, y proclive a las vociferaciones más extremas, seis señores jueces fueron sabios, valientes y rectos. No hay derecho a ignorar esa victoria luminosa lograda tras una batalla civil inolvidable. Por eso este libro. Porque no se concibe que un relato tenga propietarios exclusivos, pero sí hay una historia que clama ser contada en detalle y sin apuro. Si a mí se me convocó para levantar este edificio, a ellos los convocaron hace más de 25 años para llevar a cabo una proeza que cumplieron y sigue siendo ejemplar. Dos destinos, dos urgencias, dos compromisos. Lo que sigue es el mío.

por Pepe Eliaschev
 

Fuente: 

Diario Perfil 31/7/2011

Informacion Adicional: 

Lectura de la sentencia, a cargo del Dr. León Arslanian:

 

Un juicio para la historia
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