Un caso que estremeció a Chile

El Centro de Investigación e Información Periodística (Ciper) dio a conocer detalles del caso “Los 19 fusilados de Laja”. La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones proporcionó medios para que 14 de sus empleados fueran asesinados.

Una investigación judicial permitió establecer que una empresa forestal chilena facilitó y proporcionó medios para que 14 de sus trabajadores, además de otras cinco personas, fueran asesinados por carabineros en el sur del país días después del golpe militar de 1973. El Centro de Investigación e Información Periodística (Ciper Chile) dio a conocer detalles del caso, conocido como “Los 19 fusilados de Laja”, por el que un juez procesó el año pasado a 14 carabineros que supuestamente participaron en la matanza.

Catorce de las 19 víctimas eran trabajadores de la planta Laja de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CPMC), detenidos tras el golpe militar liderado por Augusto Pinochet en las localidades de Laja y San Rosendo, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. La firma es controlada por el grupo Matte –con inversiones en la región– y durante el gobierno de Allende (1970-73) tuvo varios intentos de expropiación de sus fábricas.

Según la investigación, que incluye confesiones inéditas, los hechos ocurrieron el 18 de septiembre de 1973, cuando carabineros de Laja ejecutaron por la espalda a 19 personas detenidas y torturadas en los días previos, incluidos los trabajadores de la Papelera, dos profesores y tres estudiantes. Al mando de los carabineros se encontraba el teniente Alberto Fernández Michell, cuyos hombres condujeron a los detenidos hasta un bosque, donde los fusilaron y sepultaron sus cadáveres en una zanja cavada por ellos mismos.

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En agosto de 2011, el juez especial Carlos Aldana ordenó la detención de 14 de los presuntos autores (otros tres habían fallecido) y por primera vez obtuvo detalles de las ejecuciones. Se supo que dos ejecutivos de la CMPC, Carlos Ferrer y Humberto Garrido, prepararon una “lista negra” con los nombres de trabajadores que consideraban “activistas”, entregándola a las autoridades para su detención. La empresa también proporcionó a la policía vehículos para trasladar a los detenidos y, en las horas previas a la matanza, abundante licor.

El cabo 1º Samuel Vidal Riquelme rompió el pacto de silencio el año pasado sobre los hechos ocurridos aquella noche. “Cuando nos llamaron al cuartel, ya había comenzado el toque de queda. Al llegar, nos juntaron y nos ordenaron beber pisco en abundancia. Estábamos casi todos los integrantes de la Tenencia. Los que no llegaron al cuartel, se unirían más tarde a nosotros”, declaró en el juicio Vidal Riquelme.

El ex cabo siguió completando su relato. “Después el teniente Fernández nos dijo que sacáramos a los 19 detenidos de los calabozos. Les amarramos las manos a la espalda con alambre, los subimos al bus de la CMPC.” Y prosiguió Vidal Riquelme: “Tuve que custodiar el interior del bus (…). Tomamos la carretera hacia Los Angeles. Al frente de la caravana iban en un jeep Fernández, Garcés y Peter Wilkens, un agricultor alemán de la zona”. Wilkens, único civil presente en la matanza, fue asesinado en 1985, junto a su mayordomo, por un joven de 19 años que se introdujo en su casa, en una aparente venganza por aquel hecho.

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Vidal Riquelme siguió con su relato sobre lo que sucedió esa noche del 18 de septiembre de 1973. “Todos estábamos muy alterados y cuando digo todos, incluyo al teniente Alberto Fernández Michell. Les disparamos por la espalda. Algunos cayeron directamente al foso. A otros, ya muertos, los tuvimos que empujar para que cayeran.” Habían cavado una zanja de dos o tres metros de largo por 1,5 de profundidad, según el relato de este carabinero citado por Ciper.

En declaraciones a radio Bío Bío, Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), condenó ayer que aún haya encubrimientos de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. En tanto, los abogados de derechos humanos Héctor Salazar y Roberto Celedón recordaron en la misma radio que se trata de crímenes de lesa humanidad que no pueden prescribir ni ser amnistiados. Actualmente todos los procesados están en libertad provisional tras pagar fianzas de entre 200 y 600 dólares.
 

Fuente: 

Diario Página/12 16/1/2012

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