Sospechas por los pagos a víctimas de la represión

«Si hay algo que debe ser transparente es la política de derechos humanos. Lo exige su propia naturaleza.» La frase del diputado Juan Carlos Vega (Coalición Cívica-Córdoba) resume el generalizado rechazo que sectores políticos y sociales manifestaron públicamente ayer frente a la negativa del Gobierno a dar detalles del pago de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado.

El reclamo de más transparencia surgió a raíz de las contradicciones detectadas en el listado oficial de las víctimas elaborado en 2006 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que amplió entonces la nómina original de desaparecidos de la Conadep, como informó ayer LA NACION. En esa ampliación se incluyeron casos como el del militante montonero Fernando Haymal, que aparece en la lista oficial como muerto por ejecución sumaria, cuando la propia revista Evita Montonera señalaba en octubre de 1975 que había sido fusilado por la propia organización guerrillera por haber delatado a sus compañeros.

Ante una consulta de este diario, voceros de la Secretaría de Derechos Humanos dijeron ayer que el organismo a cargo de Eduardo Luis Duhalde «no hará declaraciones ni comentarios sobre el tema». A la vez, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que apoya toda la política de derechos humanos de la Casa Rosada, evitó pronunciarse sobre la polémica. Las reacciones más firmes se produjeron en el Congreso. El diputado Vega, que integra la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja y preside la de Legislación Penal, reclamó transparencia y declaró que «ningún derecho a la intimidad puede obstaculizar la obligación del Estado de informar a la sociedad sobre las reparaciones legales pagadas a las víctimas del terrorismo de Estado».

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Se sumó el diputado Federico Pinedo (Pro), quien anticipó que presentará un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique las contradicciones en torno del pago de las indemnizaciones. «Es una barbaridad hacer pasar como víctimas del terrorismo de Estado a quienes no lo son; hay que investigar», dijo el legislador. Al hablar de probables inclusiones indebidas en el listado oficial, negó que se trate de una cuestión ideológica. «Hay gente que lucra. Pareciera que hay un comercio con un tema dramático», dijo Pinedo.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo evitó hablar del tema. «Para las Madres es un tema cerrado. Ellas renunciaron en su momento a toda reparación económica por la desaparición de sus hijos y decidieron no pronunciarse sobre esos temas», explicó un vocero de la entidad.

La lista
Similar posición adoptó Taty Almeida, de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. «No puedo hablar de lo que no conozco. Si hay dudas, hay que recurrir a la Secretaría de Derechos Humanos», dijo, sin advertir el recurrente silencio del organismo oficial sobre este tema.

«Nunca se hizo pública la lista de los que cobraron indemnizaciones ni tuve acceso a ella», lamentó la ex diputada nacional Graciela Fernández Meijide, que recibía las denuncias en la Conadep. Recordó que en los años 90, cuando se hicieron los primeros pagos, se exigía que el nombre del beneficiario estuviera en la lista de la Conadep o se hubiera radicado la denuncia. «Si después el criterio se modificó, no lo sé», precisó, al referirse a la política aplicada durante el gobierno kirchnerista. La ex ministra recordó que la propia Junta Militar, antes de dejar el gobierno, en 1983, había intentado ofrecer pagar reparaciones a víctimas y familiares, como un modo de descomprimir la tensión, que ya se percibía. «Pero en las organizaciones de derechos humanos nos opusimos con firmeza: sólo queríamos verdad y justicia», señaló.

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La senadora Norma Morandini (Frente Cívico-Córdoba) también reclamó transparencia a la Secretaría de Derechos Humanos, aunque aclaró que un principio básico del derecho internacional es que una vez que el Estado viola los derechos tiene que reparar. «Tendría que haber más transparencia y la reparación no debe ser discrecional, pero hay que reparar. La Secretaría de Derechos Humanos debe garantizar cómo hacerlo», dijo la compañera de fórmula del candidato a presidente por el Frente Amplio Progresista, Hermes Binner.

Para el diputado Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), más allá del gasto que supone para el erario, el pago de indemnizaciones implica «un acto de estricta justicia con los que realmente sufrieron el dolor de la desaparición forzada de sus familiares». Ante la existencia de contradicciones, exigió que el Estado «intervenga en forma inmediata para reparar situaciones injustas. Y atribuyó la discrecionalidad del organismo oficial a la falta de una ley que garantice el acceso a la información pública.

Miguel Monserrat, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, dijo que ese organismo siempre diferenció los hechos delictivos, encuadrados en el Código Penal, de las acciones propias del terrorismo de Estado, y añadió que ello se analizaría en una reunión que la institución mantenía anoche.

Testimonio de Solari Yrigoyen
El presidente de la Convención Nacional de la UCR, Hipólito Solari Yrigoyen, declarará mañana como testigo en Bahía Blanca en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos en el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita, en el área operacional del V Cuerpo de Ejército.

La audiencia tendrá lugar el miércoles 7 de septiembre a las 16 en el mencionado tribunal.

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PROTAGONISTAS
«Si hay algo que debe ser transparente es la política de derechos humanos. Ningún derecho a la intimidad puede obstaculizar la obligación del Estado de informar»
Juan Carlos Vega
Diputado de la Coalición Cívica

«Es una barbaridad hacer pasar como víctimas del terrorismo de Estado a quienes lo no son; hay que investigar. Hay gente que lucra con esto»
Federico Pinedo
Diputado de Pro

«No puedo hablar de lo que no conozco [por la lista de víctimas de terrorismo de Estado]. Si hay dudas, hay que recurrir a la Secretaría de Derechos Humanos»
Taty Almeida
Madres-Línea fundadora

«El pago de indemnizaciones implica un acto de estricta justicia con los que realmente sufrieron el dolor de la desaparición forzada de sus familiares»
Gustavo Ferrari
Diputado del Peronismo Federal

«La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos siempre diferenció los hechos delictivos, del Código Penal, de las acciones del terrorismo de Estado»
Miguel Monserrat
Copresidente de la APDH .

por Mariano de Vedia

Fuente: 

Diario La Nación 6/9/2011

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