Podrían imputar a Isabel Perón por la represión ilegal en 1975

El jueves pasado, cuando el presidente del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, Jaime Díaz Gavier, leyó la sentencia a los 43 represores que actuaron entre 1975 y 1979 en campos de concentración y exterminio de la megacausa La Perla, se produjo un hecho histórico, al condenarse por primera vez delitos de lesa humanidad durante un gobierno elegido democráticamente como el de Isabel Perón.

Isabel Perón, en el balcón de la Casa Rosada. A su derecha, Carlos Menem – Foto Diario Clarín Es que además de haber condenado a 38 represores –hubo 28 sentencias a prisión perpetua y cinco absoluciones– por terrorismo de Estado luego del golpe del 24 de marzo de 1976; el Tribunal también incluyó los crímenes cometidos desde 1975 por el Comando Libertadores de América, una banda de ultraderecha creada por el capitán Héctor Pedro Vergez, que actuó bajo el amparo del Ejército y la Policía cordobesa. “El Tribunal Oral ha resuelto cuestiones que para la Fiscalía eran centrales, como que el terrorismo de Estado comenzó antes del golpe cívico-militar; se han calificado de lesa humanidad todos los delitos que se cometieron en el año 1975 y hasta marzo de 1976”, explicó a Clarín, Facundo Trotta, uno de los fiscales de la megacausa La Perla. Trotta agregó que “tras la condena, solicitamos al Tribunal Oral que gire los antecedentes a la fiscal de instrucción Graciela López de Filoñuk para que se investigue la responsabilidad penal y política en estos hechos, de la ex presidenta Isabel Perón”. Se sospecha que la ex presidenta Perón, dejó hacer a las bandas paraestatales y al Ejército, como ocurrió en Córdoba con la patota de Vergez y en Catamarca con la masacre de Capilla del Rosario de agosto de 1974, donde fusilaron a 16 militantes del PRT-ERP. En agosto de 2015, en un juicio en La Rioja, el genocida Luciano Benjamín Menéndez había responsabilizado por sus crímenes a la viuda de Perón: “Un gobierno democrático nos pidió combatir la agresión comunista. Es un país insólito, se juzga a soldados patriotas que dieron la vida. Fuimos los ganadores, ni Francia con Indochina, ni Estados Unidos por Hiroshima repudiaron lo que hizo su Ejército”. En febrero de 2007, el juez Norberto Oyarbide había pedido detención y extradición de Isabel, por haber cobijado desde el Estado a la Triple A, la banda paraestatal que se cobró un millar de víctimas antes del golpe de 1976. Precisamente, durante el último año de gobierno peronista, entre marzo de 1975 y marzo de 1976, en Córdoba hubo una fuerte escalada de violencia paraestatal que dejó 52 desaparecidos –40 ocurrieron desde diciembre–, según la CONADEP. Es que en esta provincia el quiebre democrático se dio durante la presidencia de Juan Perón y con el apoyo del PJ local: el 27 de febrero de 1974, el gobernador Ricardo Obregón Cano –cercano a la Tendencia Revolucionaria– echó a su jefe de Policía, el teniente coronel Antonio Domingo Navarro, por su viraje hacia la derecha peronista. Navarro no acató el despido y con medio centenar de policías derrocó a Obregón Cano y al vicegobernador Atilio López. Este último fue asesinado por la Triple A en Buenos Aires el 16 de septiembre de 1974. Así comenzó la barbarie en esta provincia, que se trasladó al resto del país tras la llegada al poder de los genocidas Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Masera y Orlando Ramón Agosti. por Gustavo Molina Fuente: 

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Diario Clarín 30/8/2016

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