Los obispos y la violencia de 1976

En las barbas de la dictadura, y mientras otros callaban, el Episcopado condenó hace 38 años la violencia y denunció que había desaparecidos.

El jueves pasado se cumplieron 38 años. En plena dictadura, los obispos salieron el 15 de mayo de 1976 a condenar la violencia. Lo hicieron en una Carta Pastoral en la cual advirtieron que nada justificaba la violación de los derechos humanos. No hablaban en el aire. Se refirieron, explícitamente, a “las detenciones indiscriminadas, incomprensiblemente largas” y a “la ignorancia sobre el destino de los detenidos”. Los obispos no necesitan que se les recuerde hoy la violencia de 1976. El Episcopado la denunció cuando unos mataban para “destruir el sistema” y otros “para preservarlo”. No hace falta explicarles a ellos que la violencia del pasado fue mayor que la del presente. Es cierto: hubo miembros de la Iglesia que fueron luego indolentes y hasta cómplices del Proceso. Como requiere el Papa, sacerdotes, obispos y él mismo deben confesarse: “Todos somos pecadores”. Pero en 1976, no fue un grupo aislado de eclesiásticos el que denunció la violencia oficial. Fue la Iglesia como institución. Hoy, se alarma ante una violencia distinta que carcome a la democracia. Señala que los delitos van en aumento, “en cantidad” y “en agresividad”. Denuncia a las “mafias” dedicadas a la “trata de personas”, así como al tráfico de “drogas y armas”. Advierte que “la incidencia de la droga” produce una “casi nula valoración de la vida propia y ajena”. El Gobierno se ha puesto el sayo. Como si los obispos lo hubiesen declarado culpable único de esta otra clase de violencia. Su reacción era insospechada. No es honorable invocar el infame terrorismo de Estado para negar que la seguridad ciudadana es atacada día a día y la saña se multiplica. Algunos funcionarios han usado la violencia verbal … para negar el auge de la violencia. La propia Presidenta de la Nación subió el tono cuando, sin nombrarlo, acusó al Episcopado de querer la reedición de “viejos enfrentamientos”. No hay duda de que, en muchos aspectos, el Gobierno tiene razón en darse por aludido. No es mucho lo que hizo en una década para frenar la delincuencia. Sin embargo, el documento episcopal no es un ataque opositor. Dice que “la enferma de violencia” es la Argentina” misma, y que todos debemos acusarnos (“en primera persona”) porque “culpar a los demás” es impropio y “no nos ayuda”. Claro está, quien primero debe hacerse cargo de la violencia es el que más recursos tiene para frenarla, y nadie tiene más recursos que el Gobierno nacional; pero los obispos van más allá y llegan inclusive a vincular la innegable violencia de los “barrabrava” con “dirigentes políticos”, sin distinción. ¿Cuál puede ser la causa de la sobrerreacción del gobierno? Acaso alguna de estas: * La condena de los obispos a la corrupción. El documento episcopal no se limita a la violencia. Al hablar del “cáncer social”, como califican los obispos a la corrupción, sostiene que “desviar dineros que deberían destinarse al bien del pueblo” no sólo es un acto deleznable sino que provoca “ineficiencia en servicios elementales de salud, educación o transporte”. * El Episcopado se alarma, además, de la “impunidad”, que promueve la delincuencia y “corroe la confianza del pueblo en sus instituciones”. El Gobierno no ha atinado a echar parte de la culpa, como lo hizo respecto de la violencia, a los gobiernos provinciales. Tampoco buscó poner en cabeza de los jueces la impunidad. No pudo, en este caso, ver la viga en el ojo ajeno. Actuó como si estuviera alegando inocencia y, a la vez, incriminándose a sí mismo. No advirtió siquiera que los obispos se refieren no sólo a quienes conducen la Nación sino que condena, abiertamente, “tanto la corrupción pública como la privada”. ¿Cuál es la causa, en este aspecto, de esta sobrerreacción oficial? Acaso sea alguna de estas: * La referencia de los obispos a la pobreza y la marginación social. El Episcopado no dice que la pobreza, la indigencia y la injusticia social sean provocadas intencionalmente por el Gobierno. Alude, tal vez, a su negligencia o escasa capacidad para reducir drásticamente “las situaciones de exclusión social, de privación de oportunidades, de hambre y de marginación, de precariedad laboral, de empobrecimiento estructural de muchos”. Después de una década, el Gobierno debe admitir una significativa cuota de responsabilidad por “la desnutrición infantil, la gente durmiendo en la calle, el hacinamiento y el abuso, la violencia doméstica, el abandono del sistema educativo, los niños limpiando parabrisas y los inmigrantes no acogidos”. Pero en su ofuscación no advierte que el Episcopado delata también el creciente individualismo y dice, refiriéndose al conjunto de la sociedad: “Hemos endurecido el corazón (…), acostumbrándonos a la injusticia y relativizando el bien y el mal” . * La coincidencia de los obispos con los medios. La realidad es una sola. Reflejarla no es pecado. Ni del Episcopado ni del periodismo independiente, que al exhibir los males pueden ayudar a curarlos. Por otra parte, los obispos no dejan de criticar a los “medios de comunicación, que no siempre informan con objetividad” y el obispo Jorge Oestherheld ha agregado que -al igual que el Gobierno y los políticos- muchas veces los medios “mienten”. * La supuesta intención episcopal de eximirse de culpa. La Iglesia tiene, como toda institución, contradicciones y culpas, y Francisco podrá hablar, además, de los pecados de cada individuo. Pero si algo no es pecaminoso es denunciar la violencia, la corrupción y la injusticia social. Lo que hacen los obispos es advertirnos a todos quienes, de una u otra manera, guiamos a la sociedad. Nos recuerdan, y se recuerdan, que no debemos rasgarnos las vestiduras. Que no debemos incurrir en una actitud indigna, condenada con razón en el Evangelio que ellos predican: la actitud del que limpia “lo de fuera del vaso” y deja que dentro esté lleno “de robo y de injusticia”. El Gobierno haría bien en escuchar. por Rodolfo Terragno Fuente: 

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Diario Clarín 18/5/2014

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