Los bienes culturales, poco protegidos

Monumentos históricos; emblemas arquitectónicas de una época que pasó; áreas patrimoniales nutridas de memoria y valiosas moradas que la ciudad desea conservar. Buenos Aires tiene hoy más de 3000 edificios y áreas protegidas por un abanico de leyes, mientras que otros 8000 sitios están en vías de conseguir esa denominación. Son espacios portadores del ADN de la porteñidad, como los 60 bares notables, catalogados como parte del patrimonio cultural, que lograron conservar el estilo y el espíritu de antaño.

Sin embargo, algunos de estos edificios protegidos suelen caer en la desgracia del olvido, en el abandono más triste por la imposibilidad de sus propietarios de mantenerlos económicamente redituables, sin que el Estado pueda hacer mucho más que emitir declaraciones bienintencionadas que, a menudo, sólo impiden un negocio privado, pero no evitan la decadencia.

El cierre de la tradicional confitería Richmond , que iba a convertirse en un local de venta de ropa deportiva sobre la calle Florida, es el ejemplo más reciente de un conflicto de intereses entre legítimos propietarios tentados a aceptar un negocio que puede resultarles beneficioso, pero obligados a responder a una ley que les impedirá cambiar la fachada, el estilo o la actividad del comercio.

Como consecuencia, distintos inmuebles quedan en desuso, congelados en el tiempo. El ejemplo más reciente es el del pasaje La Cuadra, en la zona de La Imprenta, en Palermo, cerrado desde hace meses luego de que se impidiera la concreción de un negocio inmobiliario que amenazaba su histórica fachada.

En otros casos, como el de la confitería Del Molino, en Callao y Rivadavia, o el del edificio de la ex tienda Harrods, en la peatonal Florida, el Estado no impide que sus dueños mantengan abandonados emblemas del pasado de la ciudad.

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Los especialistas en patrimonio histórico, arquitectura, desarrollo y urbanismo abrieron una discusión sobre la protección patrimonial de bienes privados, y la mayoría coincide en que el Estado y la sociedad deberían subsidiar o resarcir a quienes tengan una propiedad bajo este título, algo que en la práctica hoy no ocurre.

Enrique García Espil, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, dijo a LA NACION: «Los edificios catalogados tienen determinados valores arquitectónicos o artísticos, o bien representan hitos de referencia. Lo que hace falta cuando se decide proteger una propiedad es una intervención activa del Estado para mantener el uso, sosteniéndolo, por ejemplo, con desgravaciones de impuestos. Buenos Aires tiene una parte importante de su vida social en los bares, y es atinado defenderlos. Pero los mecanismos que ejecuta el Estado están fallando. Porque, además de la prohibición de hacer, tiene que ofrecer soluciones y facilidades para los particulares».

El arquitecto Daniel Mintzer, director de G&D Developers, considera que frente al cuidado de lo patrimonial hay un choque de intereses que aún no se ha resuelto. «La ciudad tiene cierta propiedad histórica que pretende resguardar. El beneficio es de la ciudad, pero el dueño no es la ciudad, sino un particular. Entonces, hay un choque de intereses. ¿Y quién es el que hace un sacrificio involuntario en pos de la ciudad?», dijo Mintzer.

Y agregó: «La protección debe surgir de un acuerdo con el dueño. Si el Estado pretende que ese particular, en lugar de ganar dinero, mantenga esa propiedad, la sociedad debería resarcirlo. Ese es un debate que no se está haciendo. No se puede catalogar un inmueble sin una ley que compense de modo lógico esa decisión. En ese caso, se debería aumentar el ABL, si lo que pretendemos como sociedad es cuidar determinados bienes».

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Compensar al dueño
La ex legisladora porteña por la Coalición Cívica Teresa de Anchorena, autora de varias leyes de protección patrimonial, afirmó: «Es fundamental que la ciudad proteja de la destrucción o de la deformación a sus edificios valiosos, pero para hacer que esta restricción al dominio sea justa y sustentable es indispensable encontrar maneras para compensar económicamente a los propietarios».

Teresa de Anchorena presentó en 2009 un proyecto de ley de compensación para los edificios catalogados, que proponía que el gobierno porteño evaluara los metros cuadrados que hubieran podido construirse en esa zona, de no estar el inmueble protegido, y le entregara al propietario un certificado por esos metros virtuales, que podrían ser vendidos a terceros para ser aplicados en otras zonas de la ciudad.

«También es necesario que se reglamente la ley 1227 de patrimonio para establecer sanciones económicas a los propietarios de edificios emblemáticos que, por falta de cuidado, están sometidos a una demolición lenta. Los propietarios, como no los pueden demoler, dejan que se degraden. Es el caso del Molino y de Harrods», dijo la ex legisladora.

El diputado Patricio Di Stefano, titular de la Comisión de Patrimonio Histórico de la Legislatura, de Pro, dijo: «El desarrollo y el progreso no están relacionados con la cantidad de construcciones. El avance de ellas y de las torres es positivo, pero debe hacerse en el marco de un planeamiento. Las metrópolis con mejor calidad de vida siguen este camino, mientras que Buenos Aires destruye su historia».

Santiago Pusso, de la ONG Basta de Demoler, sostiene que la catalogación no es suficiente como instrumento de protección. «Son necesarios estímulos y, sobre todo, la gestión activa del Estado para compartir la carga pública que implica el mantenimiento de esas áreas y edificios, tanto los que están catalogados como aquellos que no lo están y que tienen valor patrimonial». Pusso agregó: «Es necesario prever políticas de incentivos, como reducción de ABL o créditos blandos que el Banco Ciudad pudiera otorgar».

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En tanto, Liliana Barela, titular de la Dirección de Patrimonio Histórico, explicó: «Se salvaron más bares de los que se perdieron . La gente siente orgullo de recibir el diploma de bar notable, y es una distinción que no va en contra del progreso».

CLAVES

Normas . La protección patrimonial de Buenos Aires está regida por el Código de Planeamiento Urbano, y la Dirección General de Interpretación Urbanística es el organismo de aplicación de esta norma.

Bares notables . En 1998, la ley 35 consideró bares notables los relacionados con hechos o actividades culturales de significancia o de arquitectura relevante. Hoy hay 60 bares con esa denominación.

por Pablo Tomino

Fuente: 

Diario La Nación 30/8/2011

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