Los 200 años de «La Pepa»

Con justicia y sano criterio, la SIP realizará su asamblea anual en Cádiz, en honor a la constitución española de 1812.

Debe celebrarse la decisión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de realizar este año en Cádiz su asamblea anual. Esa iniciativa, respaldada por cientos y cientos de entidades periodísticas que cubren desde Canadá hasta la Argentina todo el continente, ha procurado, a través de una acotada pero activa presencia en España, señalar la importancia que ha tenido para el mundo iberoamericano la constitución gaditana de 1812.

La prensa continental deliberará, pues, por unos días en Cádiz con el ánimo de asociarse al bicentenario del acontecimiento jurídico y político que legitimó en España no pocas de las ideas de la Ilustración y de las que asumieron jerarquía constitucional en 1787 en los Estados Unidos de América.

Se podrá discutir mucho, en cambio, sobre la falta de legitimación en los países que se encontraban enfrascados en luchas por la emancipación de aquella constitución que, por haber sido proclamada un 19 de marzo, día de San José, el imaginario popular español la bautizó «La Pepa». Pero de lo que no quedan dudas es de que los vientos liberales que soplaron en España desde 1808, como parte de la reacción contra la ocupación napoleónica, dejaron una influencia sobre el derrotero ulterior de las repúblicas americanas que explica el gesto de la SIP.

Llevar a Cádiz su asamblea anual es tanto una manifestación de agradecimiento histórico como de reafirmación de lazos con el país que es cuna de la lengua madre en la mayoría de nuestras naciones.

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No podía haber sido más oportuna como ahora la presencia de la más alta representación del periodismo de América en una España trasegada por su primera gran crisis del crecimiento ulterior a la incorporación, a comienzos de los ochenta, a lo que es hoy la Unión Europea. Solidaridad, con la vieja y noble España, y exaltación de los valores de aquella «Constitución Política de la Monarquía Europea», que fue una de las más avanzadas para su tiempo.

Se pide, a veces, a algunas naciones lo que no se reclama de igual modo de otras. Así como la gran constitución americana de 1787 dejó el capítulo de la esclavitud abierto de un modo que debieron zanjar generaciones posteriores en campos de batalla, la Constitución de Cádiz tampoco resolvió esa cuestión, ni la de los indígenas considerados en estado de barbarie y menos la de la discriminación de la mujer, rehabilitada en sus derechos cívicos en el siglo XX en particular. Pero «La Pepa» se levantó como el eje jurídico que articularía, al fin, en España los derechos ciudadanos frente a la arbitrariedad monárquica y ministerial.

Es más: los 185 diputados -entre ellos, casi un tercio de eclesiásticos- que proclamaron a la nación española como «la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios» llegaron al punto de mayor apertura hasta allí en el reconocimiento de igualdades entre los españoles de la metrópoli, por un lado, y por el otro, los criollos e indígenas incorporados a una vida en común con los españoles afincados en las colonias. Se calcula que en esos tiempos de fragores guerreros no había, con exclusión de los afroamericanos, mucho más de diez millones de habitantes en la América españolizada ni tampoco en la propia España.

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Según se ha destacado en algún estudio académico, la libertad de imprenta, reconocida en los debates de Cádiz como «el mayor freno a la arbitrariedad», fue incorporada a «La Pepa» bajo el título genérico referido a la «Instrucción Pública». La prensa, pues, como instrumento de educación popular, y la enseñanza y el aprendizaje, como obligación perentoria del Estado y del ciudadano, al punto que esa constitución dejó establecido que, a partir de 1830 -al cabo de no más de veinte años de vigencia- quienes no supieran leer ni escribir perderían el derecho al voto.

Abolición de señoríos, regulación y liberación del mercado, universalización de las cargas impositivas, inviolabilidad del domicilio, dignificación del trato de los prisioneros y abolición de la tortura. He allí algunas de las conquistas liberales de una constitución que abrevó en los grandes principios de Rousseau y Montesquieu y en la escuela empírica de Locke, con sus banderas de libertad, propiedad, seguridad. Fue la base de un sueño de monarquía constitucional y de fiscalización por las Cortes sobre la conducta del rey, cuyos poderes limitó.

Las peripecias notables de esta constitución, que quedó abrogada en 1814, al volver Fernando VII del exilio, y cuya vigencia se restituyó por breve tiempo -primero, en el trienio liberal de 1820-1823, y luego, en 1836 y 1837 por la regente María Cristiana-, enseña que tanto a las instituciones como a los hombres ha de juzgárselos en función de lo que ellos significaron en su hora. O sea, sin utilizarlos para la interpretación caprichosa de la historia y alimentar así pasiones cuya dimensión está atada a los vaivenes de la contemporaneidad.

Interpretada con justicia y sano criterio, «La Pepa» es acreedora, sin dudas, al homenaje que ha resuelto brindarle la prensa de América en los doscientos años de su proclamación y, por extensión, a España en un abrazo fraternal y oportuno de los cofrades de una misma cultura
 

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Fuente: 

Diario La Nación 16/1/2012

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