La trama secreta de la causa ESMA que permitió la condena a Astiz

Frente a las leyes de los carapintadas y los indultos de Menem hubo avances casi solitarios de jueces.

Frente a la muralla que significan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos de Menem, el 20 de abril de 1995 la Cámara Federal porteña le dio un impulso decisivo a la causa por los crímenes cometidos en la ESMA. Ante un pedido del entonces presidentes del Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) Emilio Mignone, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun, Eduardo Luraschi, Raúl Vigliani y Juan Pedro Cortelezzi establecieron que si bien no se podían perseguir penalmente a Astiz y otros de los represores, se debía investigar el destino de los desaparecidos. Así esa resolución (Ver facsímil ) puso en marcha los juicios por la verdad. “Sabíamos que en el gobierno de Menem, en sectores de la oposición y en la Corte de entonces no había voluntad política de reabrir estos juicios”, contó a Clarín uno de los camaristas. Pero la incorporación de tratados internacionales sobre derechos humanos a la Constitución con la reforma de 1994 y la confesión del ex capitán Adolfo Scilingo sobre “los vuelos de la muerte” de la ESMA publicada en Página12 habían abierto esa brecha en la pared. Los juicios de la verdad se vieron facilitados por el cuidado de orfebre con que Cattani guardó el archivo de la “causa 13” del histórico juicio a las Juntas de 1985. Con aquella resolución, esos expedientes y el paciente trabajo del Equipo de Antropología Forense se identificó los de cuerpos de las monjas francesas y las tres fundadoras de las Madres. A la fecha ya se le puso nombre y apellido a 234 NN.

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El segundo hito se produjo el 6 de marzo del 2001 cuando el entonces juez federal Gabriel Cavallo declaró inconstitucionales y nulas las leyes del Punto Final y la Obediencia Debida. Todo en medio de un lobbie político y judicial de las cúpulas de las fuerzas armadas para evitar que se siguiera abriendo ese agujero en el muro de la impunidad.

La decisión de Cavallo fue luego ratificada por Cámara Federal porteña el 9 de abril de ese mismo año y así esta brasa abierta pasó a la Corte, donde se dirigieron las presiones de todo tipo.

La llegada de Néstor Kirchner a la presidencia el 25 de mayo del 2003 le dio otro empujón clave. Meses más tarde, Kirchner en alianza con los principales organismos de derechos humanos empujó el debate para que el Congreso anulara esas leyes. En principio, diputados del kirchnerismo impulsaban un proyecto de “inoponibilidad” de esas leyes. Elisa Carrió afirmó a Clarín que ese momento ordenó, en cambio, apoyar un proyecto de ley de nulidad de Patricia Walsh de Izquierda Unidad y Marcela Rodríguez del ARI. Finalmente, Diputados y el Senado hicieron ley ese proyecto. Dos años más tarde, la Corte -renovada con Lorenzetti, Zaffaroni y otros tras la destitución o renuncia de los miembros de la mayoría automática del menemismo- también avaló esa nulidad y sostuvo que los autores de crímenes de lesa humanidad no podrían ampararse en el principio de cosa juzgada. Todo este andamiaje permitió que el juez federal Sergio Torres reabriera la causa ESMA y luego la elevara al tribunal oral federal 5 que el jueves pasado condenó a Astiz y otros 11 represores a perpetua.

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por Daniel Santoro

Fuente: 

Diario Clarín 1/11/2011

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