La lista secreta con los 293 detenidos

Pertenecían a la Policía de la provincia. Y fueron rescatados por un sobreviviente.

La documentación sustraída del Servicio de Información Confidencial de la Jefatura de Policía de Tucumán por un sobreviviente de esa cárcel clandestina durante la dictadura, quien la entregó el martes último al declarar como testigo en el juicio oral por 22 desaparecidos allí, incluye manuscritos de lo que parecen apuntes tomados en sesiones de tortura.

Así coincidieron en interpretarlos varios de los abogados querellantes que representan a los familiares de los desaparecidos.
Se basan en que esos breves textos, si bien llevan por título “Declaración de…” no presentan parecido alguno a un borrador de una típica deposición en sede policial. Prescinden de toda indicación de las circunstancias de fecha, hora y lugar en que fueron hechas. Tampoco mencionan quién tomó las declaraciones. Ni explicitan sobre qué hecho o tema tratan.

Con una escritura rápida y casi sin puntuación, únicamente consignan puros datos: nombres, ocupaciones, direcciones, alguna acotación. Como si fuese información extraída de interrogatorios, que por lo que se sabe por los testimonios de varios sobrevivientes de la Jefatura, quienes declararon en este juicio, se hacían bajo torturas.

Por ejemplo, una de las fojas manuscritas de la documentación entregada comienza con el título “Declaración de Arturo A. Lezcano” (ver facsímil). Luego dice: “Traverso – Las Piedras 1900 La tía de Juan Masaguer Florida 511 (inmueble que ocupan para reuniones) Julio César González Pajarito Kohen Blas Parera o Martín Berho al 300 Abogada Mirta Graciela López”. Y sigue así unos cuantos renglones más.

El nombre de Arturo Alberto Lezcano, con el añadido del alias “Bedru”, integra una lista de 293 cautivos elaborada por el propio SIC y que lleva el título “Indice de declaraciones de DS (Delincuentes Subversivos)”.

Lezcano es uno de los 175 que figuran en ella con la observación “DF”, abreviatura de “Disposición Final”, un eufemismo para indicar que se los asesinó, según el testigo que la aportó al juicio.

Las 9 hojas de esa siniestra nómina y otras 250 de documentación diversa, entre ella los presuntos apuntes de sesiones de tortura, fueron entregados al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán por el testigo Juan Carlos Clemente, un ex militante barrial de la Juventud Peronista cuya esposa está desaparecida. Clemente dijo que la sustrajo de los archivos del SIC –cuyo jefe era el comisario Roberto Heriberto “El Tuerto” Albornoz, uno de los cuatro imputados en el juicio– a fines de 1977.

En ese momento, contó Clemente, revistaba en la Policía provincial. Pero su llegada al SIC se había producido en julio de 1976, en muy diferentes condiciones: como cautivo vendado, maniatado y torturado. Sin embargo, se ganó paulatinamente la confianza de sus captores, que le fueron dando libertad de movimientos y hasta le permitieron ir a dormir a su casa desde el 31 de diciembre de 1976.

También lo hicieron trabajar, recordó. Primero, lavaba los autos de los policías. Luego descubrieron que era hábil para el dibujo y le encargaron la confección de carteles, diagramas y organigramas.

Un buen día, relató, el supervisor militar del SIC, el teniente primero Arturo Félix González Naya, le tiró un carnet policial con su nombre sobre la mesa de dibujo y le dijo: “Desde ahora, sos policía”.

Según Clemente, la oportunidad para robar la documentación se produjo cuando otro supervisor militar, el teniente primero Luis Ocaranza, actualmente procesado y detenido, “desmanteló” el SIC y por ello se seleccionó la documentación, parte de la cual se quemó y otra parte se trasladó.

Clemente refirió que pidió la baja de la Policía en 1984, pero no se animó, hasta ahora, a dar a conocer la documentación que había sustraído y que durante 33 años mantuvo escondida dentro de una bolsa de plástico en un contrapiso de su casa. Denunció, además, que sus ex captores lo contactaban para vigilarlo y amenazarlo. La última vez fue un mes atrás, cuando le advirtieron: “Ojo con lo que hablás, acordate de Julio López”, el único desaparecido en democracia.

Antecedentes

Juan Carlos “El Perro” Clemente, un ex militante de la JP, sorprendió esta semana en el juicio que investiga la represión ilegal en Tucumán: aportó un listado donde figuran los nombres de 293 detenidos durante la dictadura.

La lista tiene 9 páginas: 195 personas mencionadas allí habrían sido asesinadas.

Documento reproducido en Diario Clarín

 

“A MI ME MANDO EL PRESIDENTE PERON”

“¿Quién lo mandó a usted a Tucumán?”, le preguntó ayer el juez Gabriel Casas, uno de los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. El testigo Lindor Barrionuevo – apodado “Cabo Savino” por quienes soportaron entre 1974 y 1976 su hostigamiento al Departamento Informativo del Canal 10 de la Universidad de Tucumán, donde trabajaba Eduardo Ramos, uno de los desaparecidos de la causa Jefatura– contestó con naturalidad: “A mí me mandó el presidente”.
”¿Quién era el presidente en ese momento?”, quiso saber Casas. “El general Perón”, fue la respuesta.

Según Barrionuevo, quien declaró por teleconferencia desde Mar del Plata, Perón lo hizo llamar desde Paraguay, donde se encargaba de la seguridad de un canal de televisión, a través de “el coronel José Fossa”.

Explicó que él fue “instructor de tiro de combate”, función que alguna vez cumplió en la Policía de Formosa, y perteneció junto a oficiales y suboficiales retirados a la llamada “Area Militar” del peronismo.

Y que le encargaron “asuntos relacionados con la seguridad” de la universidad y, en particular, del canal televisivo porque en éste “operaban grupos del ERP y de Montoneros”, los cuales lo usaban como “estructura de apoyo”.

“Paralelamente”, aclaró Barrionuevo, integraba la escolta del general Acdel Vilas (“que también era peronista”), comandante de la Quinta Brigada de Infantería y primer jefe del Operativo Independencia contra la guerrilla en el área rural tucumana.

El testigo relató que luego siguió cumpliendo esa función cuando Vilas fue remplazado por el general Antonio Domingo Bussi, uno de los siete imputados originales del juicio, quien fue separado de éste por razones de salud.

El testigo Barrionuevo negó haber conocido al desaparecido Eduardo Ramos o a otros periodistas como Ricardo Kirschbaum, Marta Rondoletto e Isauro Martínez, quienes trabajaron en esa época en el Canal 10 de Tucumán.

Negó también haber integrado alguna de las Fuerzas Armadas o de seguridad. Según él, no revistaba en las escoltas de Vila y Bussi como personal civil ni de inteligencia del Ejército sino en calidad de “personal no formal”.

Aunque nadie del tribunal ni de las partes la pronunció, la palabra que vino a la boca de algún periodista presente en la sala de audiencia fue “paramilitar”.

Secuestro y desaparición en el vuelo 284 de Buenos Aires a Caracas

A Nélida Sosa de Forti la bajaron del avión junto a cinco de sus seis hijos. A ella se la llevaron a Tucumán.

PorNatasha Niebieskikwiat

Ese hombre que aparece en la fotografía fumando, de piel color aceituna y ojos lacerantes y azules, tenía 16 años la noche en que debió hacerse cargo de sus hermanos en medio de la pesadilla. Un comando de la dictadura lo dejaba sentado en una vereda con Mario (13), Renato (11), Néstor (10) y Guillermo (8). Los cinco varones arrancados horas antes a su madre, fueron dejados con los brazos amarrados, los ojos vendados, y una sábana cubriéndolos como fantasmas en plena calle de Parque Patricios, frente a un restaurante, donde los comensales siguieron comiendo como si nada. Igual de indiferentes que la tripulación y los pasajeros del vuelo 284 de Aerolíneas Argentinas, que despegó de Buenos Aires rumbo a Caracas el 18 de febrero de 1977, después de la escena aterradora aunque bastante naturalizada entre la sociedad civil argentina durante los años de plomo.

Alfredo Forti cuenta cómo secuestraron a su madre, que iba al exilio en 1977 – Foto Diario Clarín

El hombre de la foto, que responde con oraciones o palabras cortantes cuando una pregunta parece dolerle, incomodarlo o hasta aburrirlo porque ya la ha repetido decenas de veces se llama Alfredo Forti y es uno de los seis hijos de Nélida Sosa de Forti, desaparecida en Tucumán del último régimen militar. Su nombre es uno de los 195 que llevan a un costado el código DF, de “Disposición Final”, para identificar a los asesinados.Así lo supo recién esta semana la familia de la víctima a través de la abogada que los representa en un juicio contra el represor y ex gobernador Antonio Domingo Bussi.

Militante de la juventud social y sindical tucumana, Nélida tenía 42 cuando la desaparición y asesinato de amigos obligó a su marido, el médico cirujano y militante peronista, Alfredo Forti, subdirector de la Asociación Tucumana de Obras Sociales a buscar exilio para la familia. Primero partió el marido, con un contrato de trabajo en Venezuela. Después lo intentarían ella y los cinco varones. La mayor, Silvana (17) se quedó en Tucumán para rendir unos exámenes.

Pero nada resultó como lo previsto, porque la madre y los cinco chicos, ya a bordo del vuelo 284, fueron obligados a bajar diez minutos antes del despegue. Rodeados por un operativo descomunal la mujer y los niños fueron trasladados hasta un lugar desconocido, maniatados y vendados. Forti hijo, paradójicamente hoy secretario de Asuntos Internacionales de la ministra de Defensa, Nilda Garré, supo años después que el lugar donde estuvieron detenidos era el centro clandestino conocido como el Pozo de Quilmes.
Allí vieron por última vez a su madre, de cuyo paradero y la forma en que fue asesinada, la familia no sabe nada. Sólo se supo que la mujer pidió que liberaran a los chicos. Y también que la supuesta orden de detención –un papel que los militares jamás mostraron ni antes ni durante el momento en que la bajaron del avión– provenía de Tucumán.
Apenas si obtuvieron una pista cuando un amigo de Nélida prestó testimonio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que elaboró en 1979 un informe sobre la crítica situación en Argentina. Después de haber negado la existencia de una detención, la dictadura dio su insólita versión: que montoneros disfrazados de fuerzas de seguridad subieron al avión y la bajaron en venganza por su partida al exilio, contó Forti anoche a este diario en sus oficinas, en Defensa.

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Como muchas víctimas de la dictadura, los Forti comenzaron su dispersión geográfica. El padre quedó en Venezuela, y murió hace unos años. La hija mayor vive en Canadá. Los varones fueron y vinieron al llegar la democracia. Entre ellos Forti, que estudió en EE.UU. Relaciones Internacionales, y se radicó aquí cuando la primera administración kirchnerista lo convocó para conducir la embajada de Honduras. La Familia inició denuncias y querellas por el caso de Nélida en la ONU, en la OEA, y contra varios jerarcas militares y civiles Pero pocos momentos fueron tan difíciles, a entender de este diario –a Forti no se le mueve un pelo cuando lo cuenta– como aquel otro vuelo de AA que a mediados de los noventa compartió con el ex general Bussi, entonces diputado funcional al menemismo y a quien increpó con firmeza. Eran tiempos en que los aviones usaban cubiertos de metal y no de plástico. “¿Ves este cuchillo?”, le dijo. “No tengo problemas en metértelo cinco veces pero la formación que me dio mi madre me hace ver que no sería la manera de resolver las cosas. Te quiero ver pudrir en una cárcel”, lanzó a su blanco quien, en ese momento, ya temblaba como una hoja.

 

TUCUMAN: BUSSI RECIBIA COPIA DE LOS INFORMES DE LA INTELIGENCIA POLICIAL – 19/6/2010

Los memorándum revelan que a él y a sus funcionarios los mantenían al tanto.
La documentación que un testigo entregó el martes pasado a la Justicia no sólo reveló una lista de 293 cautivos que el servicio de inteligencia policial retuvo -y luego eliminó, puso a disposición del PEN o liberó- en su cárcel clandestina de la Jefatura de Policía tucumana durante la dictadura. También mostró que el general Antonio Bussi estaba al tanto de la información que ese siniestro servicio producía, que era compartida además por funcionarios del gobierno, jefes militares y policiales y organismos de inteligencia.

Entre las 259 fojas que Juan Carlos “El Perro” Clemente ofreció junto con su testimonio en el juicio oral por 21 (de los cerca de 200) desaparecidos en la Jefatura, hay dos que corresponden a memorandos con idéntico contenido, fechados el 18 de agosto de 1976.

Uno de ellos está dirigido por el jefe del Departamento de Inteligencia de la Policía al jefe de la fuerza, el coronel Albino Mario Zimmermann. Al otro lo suscribe éste y su destinatario es Bussi, gobernador de facto y jefe del Operativo Independencia de combate a la guerrilla en la provincia.

“Objeto: informar novedades”, indica el texto. Y consigna a continuación información referida a dos temas: la preparación de una huelga ferroviaria para el mes siguiente “en repudio a los despidos masivos que se vienen produciendo” y la versión de que un grupo de estudiantes de distintas facultades “distribuirían panfletos” del ERP y Montoneros con motivo de otro aniversario de la Masacre de Trelew.

Para el fiscal del juicio, como para los abogados querellantes que representan a los familiares de la víctimas, la lista de distribución de los memorandos, que aparece al final de las hojas, tiene especial valor probatorio del carácter organizado y coordinado de las diferentes piezas que conformaban la maquinaria de inteligencia y represión de la dictadura.
Esa lista incluye al gobernador, al ministro de Gobierno, al comandante de la Quinta Brigada de Infantería, al jefe y al subjefe de la Policía, al G 2 (grupo de inteligencia de la zona de operaciones militares), al jefe del Destacamento 142 de Inteligencia del Ejército, a los delegados de la SIDE y de la Policía Federal y a los interventores militares en la CGT y en la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA).

Los papeles aportados por Clemente incluyen, por otra parte, listas de “subversivos en la clandestinidad”, nóminas de cadáveres identificados, actas de entregas de cadáveres, manuscritos con los que parecen ser apuntes de sesiones de tortura, listas de oficiales y suboficiales del servicio de inteligencia de la Policía y notas con sello y firma del jefe de ese organismo, el comisario Roberto Heriberto “El Tuerto” Albornoz, uno de los cuatro imputados en el juicio.

El testigo -un ex militante de la Juventud Peronista cuya esposa está desaparecida y que tras caer detenido en 1976 trabajó para la Policía- contó que sustrajo la documentación a fines de 1977 del archivo de la Inteligencia policial. Fue cuando se hizo una selección del material allí guardado y una parte se quemó y otra se trasladó.
Clemente pidió la baja de la Policía en 1984, pero no se atrevió a hacer públicos los papeles sustraídos, que mantuvo escondidos durante 33 años dentro de una bolsa de plástico y debajo de un contrapiso de su casa. “No me parecía confiable nadie” para entregárselos, explicó.

Sus ex captores alimentaron su terror, según relató, con periódicas visitas o llamadas telefónicas para saber en qué andaba o amenazarlo durante todos los años de democracia.
La última vez que intentaron amedrentarlo, dijo, fue hace un mes cuando ya se sabía que estaba citado a declarar como testigo del juicio por las desapariciones en la Jefatura.
“El Perro” Clemente continuará su declaración testimonial el martes que viene, ocasión que las partes del juicio aguardan ansiosas para formularle preguntas aclaratorias sobre el impactante material probatorio que aportó.

Para entonces, se espera también que esté terminado, por lo menos en parte, el peritaje caligráfico que se solicitó para certificar la autenticidad de aquellos documentos que llevan firmas y sellos.

   

LOS MEMOS SECRETOS DEL ESPIONAJE EN LOS SECUNDARIOS Y LA UNIVERSIDAD DE TUCUMAN – 19/6/2010

Seguimientos a docentes y estudiantes
En las carpetas aportadas por el testigo Juan Carlos Clemente en el juicio por el centro clandestino de la Jefatura de Policía de Tucumán figuran los partes de Inteligencia vinculados con la actividad estudiantil en la provincia.

Los documentos entregados por el testigo Juan Carlos “El Perro” Clemente a la Justicia tucumana muestran cómo la estructura policial de tortura y seguimiento de personas se infiltraba en conocidos colegios secundarios de San Miguel de Tucumán, en la búsqueda de “terroristas subversivos”. El espionaje también abarcaba a los profesores y personal no docente de la Universidad Nacional de Tucumán. “Con la mayor sutileza está abocado a la tarea de adoctrinamiento, según información que nos ha llegado está en la conducción nacional del partido trotskista”, dice de un profesor un memo sellado como confidencial con membrete de la Universidad Nacional de Tucumán. “Marxista, líder del grupo, usa su puesto para difundir sus ideas, muy peligrosa”, señala sobre una docente.

“Este expediente CONFIDENCIAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN. Cumplo en informar lo siguiente: Instituto Técnico de U.N.T. Personal Docente del Mismo de actividad conocida; Cisneros de Cuenya, Imelda: Filomarxista, madre de un activista. Imhoff, de Rodríguez, María: Marxista Anticatólica”, asegura el informante en una comunicación fechada el 19 de abril de 1976.

En otra hoja se habla del Gymnasium Universitario (colegio secundario del que el pianista Miguel Angel Estrella es uno de sus alumnos más reconocidos) y se acusa a un profesor de que “con la mayor sutileza está abocado a la tarea de adoctrinamiento, según informaciones que nos a (sic) llegado está en la conducción nacional de partido trotskista, y se pudo establecer que viaja continuamente fuera de la provincia”.

Sobre la Facultad de Derecho, el informante dice que “Giménez, Elva Graciela Dra; estrechamente ligada a la Prieto de Herrera (actualmente es jueza provincial), a quien cobijó en diversas oportunidades en su casa de calle Lamadrid al 300, se pudo detectar como activista, es afiliada al FIP” y “Zulema Peralta; empleada no docente de la facultad, en la sección de alumnos, mantiene correspondencia en forma muy reservada con una persona, empleado en una gomería de la ciudad de Monteros, de propiedad de su cuñado el Negro Elías, en cuya casa vive, creo que está avispada de que se la vigilaba, es necesario que lo haga personal no conocido”.

También se observa entre el material elaborado por los represores, en los que habría datos obtenidos en las mesas de torturas tucumanas, alusiones a las personas que podían ser secuestradas o no. “Te molesto por lo siguiente que mandas los antecedentes de las siguientes personas que vos conoces detallado y un poco amplio” –se decían por escrito entre los propios represores–. “Decime si se lo puede levantar.”

Entre los expedientes confidenciales que se confeccionaban en el centro clandestino Jefatura de Policía se destaca uno, de abril de 1976, en el que se cuenta que “por información recibida se realizó una visita de inspección a la facultad de Ciencias Exactas por cuento se tenía conocimiento de que había una caja con literatura marxista”. En otro memo reservado, dirigido al “gobernador Antonio Domingo Bussi”, se habla de un grupo de estudiantes “que distribuirían panfletos de las organizaciones subversivas ERP y Montoneros en las distintas facultades”.

Con estos datos, se espera que los abogados querellantes aprovechen la declaración de Clemente, que se realizará el próximo martes, para poder analizar los documentos y así, junto con los testimonios escuchados desde el 16 de febrero pasado, cuando comenzó la megacausa en Tucumán, se conviertan en una herramienta para condenar a los genocidas responsables de los crímenes cometidos en la ex Jefatura de Policía de la provincia.

por Ramiro Rearte
 

 

ULTIMOS SECRETOS DE BUSSI: AGRESIVO CON SUS PARES Y CRITICADO POR LLORAR
Papeles reservados del Ejército lo destacan como soldado ejemplar, siempre dispuesto a hacer “mucho más” de lo que le pedían.  – 20/6/2010

Es buen jinete? Sí. ¿Es aviador? No. ¿Nadador? Sí. ¿Radiotelegrafista? No. ¿Ciclista? Sí. ¿Motociclista? Sí. ¿Sabe esgrima? Sí”. Antonio Domingo Bussi, 1,73 metros de altura, 71 kilos, llenó un legajo confidencial que, a partir de su ingreso a la carrera militar, en 1944, guardaría los secretos de cuatro décadas de su vida.

Por primera vez desde el retorno democrático, Clarín reconstruyó el contenido de más de 400 páginas reservadas sobre el hombre que comandó el segundo tramo del Operativo Independencia y gobernó Tucumán en la etapa más cruenta de la represión ilegal.

La primera revelación surge de un renglón desaparecido . Está en el “Informe de cargos ocupados” y no tiene nada anotado en el espacio correspondiente a los años 1975 y 1976 , en los que Bussi comandaba las acciones contra la guerrilla en el monte tucumano.

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Consultas a fuentes políticas, militares y judiciales permitieron establecer además que Bussi fue detectado tempranamente por sus superiores como un soldado “ejemplar” , con aptitudes “morales, de conducta y de espíritu” superiores a su capacidad de estudio de las materias oficiales.

En esa etapa de formación, que va de 1944 a 1947, el ímpetu solía traicionarlo. Al punto que le anotaron 15 días en el rubro “Arrestos y apercibimientos” por “ agredir a un camarada por vía de hecho, como represalia por observaciones efectuadas horas antes por éste en instrucción”. Colegas más críticos, algunos de los cuales formarían luego el Centro de Militares para la Democracia, empezaban a llamarlo “El Carnicero” .

En 1952, ya teniente, Bussi fue evaluado desde un ángulo inusual por parte de sus superiores, pues, en la nota de concepto, aparecía un plus personal que le agregaba a las exigencias cuarteleras. Lo describían de este modo: “Cumple las misiones con gran escrupulosidad, celo y empeño, haciendo siempre mucho más de lo preciso en el cumplimiento del deber”. ¿Cuánto más estaría dispuesto a hacer? La respuesta al enigma, quizás, esté contenida en la expresión de deseos que dejaron anotada sus calificadores en 1953. Para ellos, Bussi tenía entonces un “excelente porvenir” .

En 1961, este oficial nacido en Entre Ríos publica el artículo “La Logística en el ambiente subversivo”. En 1963, completa el curso regular del Command and General Staff College en Fort Leavenworth, Kansas, y en 1965 viaja otra vez a Estados Unidos para auxiliar del agregado militar de la Embajada Argentina. Los suyos seguían viéndole pasta de guerrero sin límites; un hombre de hierro, con mirada de trueno.

La Cancillería kirchnerista no encuentra actualmente ningún archivo de su viaje a Vietnam, en 1969, cuando Bussi integró la Segunda Misión de Observadores de la guerra. Pero hay una carta recibida en aquella época por el teniente general Alejandro Agustín Lanusse, comandante en jefe del Ejército, en la que Bussi es recomendado como un potencial planificador de una lucha antisubversiva .

Faltaban siete años para la etapa más oscura de la historia argentina, pero la nota, inédita hasta hoy, decía: “El teniente coronel Antonio Domingo Bussi se ha desempeñado en forma sobresaliente, demostrando distinguidas cualidades personales y profesionales a través de su desempeño durante el desarrollo de la comisión en el sudeste asiático y en la posterior confección del informe, en particular en el análisis de los elementos de juicio correspondientes al teatro de operaciones vietnamita, a la guerra terrestre y a los conceptos de conducción de ese componente en la guerra subversiva”. Fue firmada por el almirante Pedro Roberto José Gravi, según las fuentes consultadas. Y perfilaba a Bussi para cumplir un papel que parecía escrito a medida.

Hizo lo que hizo durante el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” -ya tiene una condena a perpetua por violaciones a los derechos humanos- y en 1978, cuando ya había dejado Tucumán y reportaba en Campo de Mayo, sus superiores se preguntaron si convenía mantenerlo en ese destino.

La respuesta cierra esta nota, hoy liberada de la prisión del silencio: “Sí, por el conocimiento y la experiencia que posee [ …] y la necesidad de continuar las operaciones en la lucha contra la subversión”.

por Pablo Calvo

 

TUCUMAN: REVELAN POSIBLES NEXOS ENTRE EMPRESAS Y LA REPRESION – 22/6/2010

Así se desprende de la documentación que aportó un testigo clave en la provincia.

Los documentos del servicio de Inteligencia de la Jefatura de Policía de Tucumán de la época de la dictadura, que un testigo entregó la semana pasada a la Justicia, prueban también –entre varias otras cosas– que algunas empresas colaboraban con la maquinaria del espionaje y la represión en la provincia.

Así, por ejemplo, el folio 208 (según la numeración dada a los papeles por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán) contiene una nota titulada “Información reservada para administración”, en la que alguien relacionado con la seguridad de un ingenio azucarero denuncia a la autoridad de la empresa que dentro de ésta se realizó una reunión en la que participaron un desconocido y nueve obreros identificados con sus nombres, números de documentos y funciones en la fábrica.

El informe dice que en esa reunión “se habló de tomar represalias contra ejecutivos de la empresa”, por lo cual “es de suponer que hay elementos de conexión con extremistas”.

Debajo de ese breve texto hay otro, agregado con una máquina de escribir distinta, dirigido a “Roberto”. Puesto que en el período al que se refieren la mayoría de los documentos entregados a la Justicia el jefe de la Inteligencia policial (llamada simultánea o sucesivamente Servicio de Información Confidencial –SIC–, Departamento de Inteligencia D 2 o simplemente Confidenciales) era el comisario Roberto Heriberto “El Tuerto” Albornoz, resulta verosímil que él haya sido el destinatario.

El autor del añadido dice que el informe de más arriba lo recibió en el ingenio y que éste “está bajo nuestra vigilancia”, lo que indica que se trata del dueño o gerente de una agencia de seguridad. Y como entonces, al igual que ahora, esas agencias emplean policías retirados, la familiaridad con que se dirige a “Roberto” induce a pensar que pudo haber sido un comisario acostumbrado a tratar con Albornoz.

El texto menciona también a personas que parecen ser directivos del ingenio y señala que una de ellas dijo que “esta situación la conoce ya el teniente coronel Cattáneo”. El autor añade de inmediato: “Estimo que la sabrás vos también”. Como si dijera “si la conoce Cattáneo la tenés que conocer vos también”.
Esta última referencia refuerza la idea de que el destinatario del mensaje agregado debió ser Albornoz, ya que el entonces teniente coronel Alberto Cattáneo era nada menos que el segundo jefe de la Quinta Brigada de Infantería y del Operativo Independencia de lucha contra la guerrilla en la provincia de Tucumán.
Cattáneo, quien murió el mes pasado mientras estaba siendo juzgado por el secuestro y desaparición de 21 (de las casi 200) personas que fueron vistas por última vez en las mazmorras del SIC en la Jefatura de Policía, estaba acusado de presidir localmente la “comunidad informativa” de todos los organismos de inteligencia del Estado.

Por lo demás, este mecanismo de funcionamiento del aparato represivo que articula empresas fabriles, agencias privadas de seguridad y organismos de inteligencia aparece también en otro de los documentos del SIC, como el del folio 207.

Las 259 hojas de documentación del Servicio de Información Confidencial las entregó al tribunal del juicio por las desapariciones de la Jefatura el testigo Juan Carlos “El Perro” Clemente, un ex militante de la Juventud Peronista que primero estuvo cautivo en esa cárcel clandestina y luego pasó a trabajar en la Policía. Clemente está citado para ampliar hoy su declaración (ver recuadro).

La ironía de esta historia es que el abogado querellante que lo había propuesto –representante de la familia de la desaparecida Diana Oesterheld– quiso desistir luego del testimonio de Clemente porque pensó que resultaría “sobreabundante”. Quien se opuso entonces a ese desestimiento, y logró así que compareciera, fue el abogado defensor de Albornoz, el más perjudicado por lo que el testigo contó y entregó.

por Rubén Elsinger

 

EL REPRESOR ROBERTO “EL TUERTO” ALBORNOZ HABLO ANTE EL TRIBUNAL TUCUMANO – 24/6/2010

Testimonio de una mente sin recuerdos
El ex jefe del Departamento de Inteligencia de la policía tucumana dijo que la represión estaba a cargo de los militares. Careado con el testigo que aportó la lista, buscó amedrentarlo y desacreditarlo.

El represor Roberto “El Tuerto” Albornoz pidió la palabra. Dijo que no vio si los policías torturaban en las celdas durante la dictadura y que no conocía a ninguno de los detenidos. Argumentó que no sabía que había sido designado jefe del Departamento de Inteligencia (D2) y que por una “maniobra de desprestigio” se difundió desde dentro de la estructura policial que él era el encargado del Servicio de Información Confidencial. Después fue careado con el testigo Juan Carlos “El Perro” Clemente, quien aportó la documentación secreta de la represión tucumana. Albornoz buscó intimidarlo, lo trató de manera despectiva y casi siempre a los gritos.

Albornoz pidió hablar en la audiencia de ayer del juicio por crímenes cometidos en el centro clandestino Jefatura de Policía de Tucumán. Allí está imputado junto con Luciano Benjamín Menéndez y dos policías por la muerte y desaparición de 22 personas. Ingresó a la sala acompañado por su abogado defensor, Exequiel Avila Gallo. Con un abrigo color verde estuvo frente a los jueces por más de dos horas y respondió preguntas. Hizo gestos con su mano derecha de manera constante y en varias oportunidades gritó frente al micrófono para enfatizar su declaración, como si todavía fuera un jefe policial de la dictadura.

Cuando le preguntaron quién era el responsable de los tormentos dentro de la ex Jefatura y quiénes eran los que pedían informes de personas a ser investigadas, le subió la presión y el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta que se recuperó para seguir contando lo que su memoria débil le aconsejaba.

A la vuelta, durante la siesta tucumana, trató de elaborar una teoría que responsabilizara sólo a los militares. “El control operativo estaba a cargo del Ejército. Nosotros (por la policía) sólo colaborábamos. Nos llegaban las órdenes y las cumplíamos. Y yo nunca participé de secuestros”, sostuvo. Dijo que los uniformados que tenía a cargo “siempre trataron de asistir a las personas que estaban en los calabozos, con comida, etc.”. Ante la consulta del fiscal Alfredo Terraf sobre si presenció detenciones y traslados, respondió como si hubiera estado de visita guiada dentro del centro clandestino: “Vi cómo cargaban a las personas. Era en vehículos del Ejército. Y ellos (por los militares) hacían los traslados”. Según su relato, cuando llegaban las órdenes de “eliminar” a un detenido (lo que en la lista aparece con las letras “DF” o sea “disposición final”) nunca fueron ejecutadas dentro de la ex Jefatura. “Nunca se mató a nadie dentro de la Jefatura. No lo vi. Los cargaban. Y creo, por lo que se dice, que se los llevaban a Arsenales.”

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“Yo hablo con sinceridad, señor. Yo no manejaba nada. Era un perejil y de cuarta. Fui usado por los militares. No manejaba nada. Quien era el verdadero amo y señor de ese lugar era Clemente”, dijo el represor, al intentar culpar del manejo del centro clandestino al testigo que fue secuestrado y luego trabajó para la policía. Según relató Clemente, mientras estaba cautivo, un día le tiraron una credencial y le dijeron que iba a empezar a trabajar como policía administrativo.

Pese a lo que intentó hacer creer Albornoz, él no sólo era uno de los jerarcas de la represión ilegal en Tucumán, sino que los documentos rescatados de la jefatura policial por Clemente demuestran que se le comunicaba casi todo lo inherente al accionar de la tortura y las personas que se debían secuestrar.

Durante el careo entre Clemente y Albornoz, el imputado trató de intimidar al testigo. Le dijo “entregador”, “mentiroso”, que “nunca estuvo detenido”, que “venía desde Salta con el carnet de policía en el bolsillo”, que “entraba y salía cuando se le daba la gana” y que “hasta un vehículo le dieron”. Clemente no lo miraba. Como el represor veía que el testigo no reaccionaba ante sus palabras, lo comenzó a “tutear”: “Sos un lobo con manta de cordero”, “rendí cuentas de la muerte de tu mujer”, “tu padre fue un excelente soldado del Ejército y vos estabas en medio de la basura (por haber militado en Montoneros)”, “sos un personaje siniestro”. “¡Mentís!”. Hasta lo acusó de haber “entregado” a su compañera de entonces. “Fue una muestra de amor para el teniente general Félix González Nayar”, gritó.

Nayar fue el coordinador militar del centro de detención y sobre este personaje cargó las tintas el ex policía. Reiteró que no sabía que existían las torturas dentro de la ex Jefatura y que los encargados de realizar los interrogatorios en los calabozos eran “equipos de interrogación” integrados por militares que “en su mayoría eran de Capital Federal”. Dijo que el dictador Antonio Domingo Bussi era un ejemplo, ya que “se puso al frente de todo el accionar llevado a cabo en Tucumán”, lo mismo dijo del genocida Menéndez, “al igual que ese comandante que está arriba (señalando con la mano izquierda en alto el lugar donde se instaló la sala para el represor), quien también se hizo cargo”, sostuvo. Albornoz descalificó varios de los testimonios que se escucharon durante el proceso judicial que comenzó el 16 de febrero. También trató de “mentirosos” y “locos” a otros sobrevivientes del centro clandestino. Antes de retirarse de la sala, siguió destilando veneno sobre Clemente, quien está bajo el régimen de testigo protegido debido a que recibió amenazas. “Esta persona no puede irse así nomás. Es un cobarde”, se quejó. El tribunal levantó las audiencias hasta la semana entrante, cuando se leerán los alegatos. El represor dejó la sala custodiado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) mientas los familiares de desaparecidos le gritaban “¡asesino!”.

por Ramiro Rearte

SOSPECHAS SOBRE UN CAPELLÁN CASTRENSE EN EL JUICIO A BUSSI – 25/6/2010

Se trata de José Eloy Mijalchyk. Aparece como informante de la Policía tucumana.

Un cura aparece mencionado como fuente de uno de los informes de inteligencia que integran la documentación que el testigo Juan Carlos Clemente sustrajo del Servicio de Información Confidencial (SIC) de la Policía provincial durante la dictadura y entregó la semana pasada al tribunal del juicio por los desaparecidos en esa cárcel secreta.

El sacerdote, uno de los 94 pertenecientes a la arquidiócesis de Tucumán, e s el padre José Eloy Mijalchyk, ordenado en 1968 y a cargo desde 1974 de la parroquia de San José Obrero del barrio de El Colmenar. En 2006, el Papa Benedicto XVI confirió a Mijalchyk y otros dos sacerdotes tucumanos el título de “Prelado de Honor de Su Santidad”.

Consultado ayer por Clarín , el cura, quien cumple además la función de capellán castrense, rechazó la autenticidad de la documentación y la consideró un “invento” (Ver “Esto es un invento …”).

La mención a Mijalchyk figura en el folio 227 (según la numeración que le dio el tribunal) de los papeles entregados por el testigo Clemente. La hoja no contiene firma ni sello.

El apellido está tipeado con errores de ortografía (falta la “l” y lleva al final una “i” en lugar de una “y”) pero es inequívocamente él, ya que se lo llama “Padre Pepe” y se lo relaciona con su parroquia.

Debajo del nombre del cura hay seis breves líneas, también mecanografiadas, que informan sobre un barbudo que duerme en una capilla y viste ropa verde, “un tal Villarreal” que “hace contacto con un tal Riojano”, y personas que dicen que “se siente cavar todas las noches”.

El folio 226, manuscrito y también sin firma ni sello, es complementario del anterior. Aunque no hay mención de Mijalchyk, sí la hay del barbudo que duerme en la iglesia y de Villarreal, a quien se caracteriza como “posible enlace del ERP”.

Y figura un plano que tiene a la iglesia como centro y sitúa las viviendas de Villarreal y un “Boliviano”.

Los dos folios relacionados con Mijalchyk son parte de los 259 que Clemente, un ex militante de la Juventud Peronista apodado “El Perro”, dijo que sustrajo del SIC en 1977.

Según su relato, fue secuestrado en julio de 1976 y, tras pasar por otro centro clandestino de detención, fue llevado al SIC, que funcionaba “al fondo” del edificio de la Jefatura de Policía y era comandado por el comisario Roberto Heriberto “El Tuerto” Albornoz.

Menos de un año después, de acuerdo con su versión, fue incorporado a la Policía y trabajó en el archivo del SIC, de donde sacó poco a poco, “escondidas en las medias, como si fueran canilleras”, las hojas que entregó al tribunal.

Durante 33 años, dijo, las mantuvo enterradas en dos lugares distintos y no se animó ni a leerlas él mismo, mucho menos a darlas a conocer a otros para no autoincriminarse en el juicio al general Bussi y otros represores de la época.

La revelación más importante de esa documentación es la lista de 293 cautivos del SIC, 195 de los cuales figuran con la acotación “DF”, iniciales de “Disposición Final”, un eufemismo para indicar que se los había eliminado físicamente.

La autenticidad de las listas de prisioneros y el siniestro significado de las letras “DF” fueron confirmados anteayer nada menos que por el propio jefe del SIC, el comisario Albornoz. “El Tuerto” afirmó que “las listas de todos los DF ya venían autorizadas, ordenadas, de la reunión de la comunidad” de inteligencia.

La “comunidad informativa”, precisó el imputado, “decidía disposición final, libertad o continuar la investigación” en relación con los cautivos

“Esto es un invento de los zurdos”, dijo el cura Mijalchyk

Corpulento, afable y campechano, el padre José Eloy Mijalchyk (68) recibió a Clarín ayer por la entrada lateral de la parroquia de San José Obrero de El Comenar, un barrio de la periferia noreste del Gran San Miguel de Tucumán.

Sin sotana, abrigado con una campera gris de lana, no nos hizo pasar ni nos invitó a sentarnos. Conversamos de pie y esta fue la entrevista: – Padre, en el juicio de la Jefatura un testigo entregó documentos en uno de los cuales usted aparece como fuente de un informe de inteligencia.

-No sabía.

– Acá tengo una copia (se la mostramos). Está su nombre seguido de dos puntos y después la información sobre un barbudo que duerme en una capilla. ¿Usted le dijo eso a la Policía? -No.

– También está esta otra hoja manuscrita que habla de lo mismo, menciona a las mismas personas y tiene un plano. ¿Es su letra? -(Después de mirarla) No.

-¿Sabe de quién puede ser? -No. Pero acá lo mencionan a este muchacho Villarreal, que es ahijado mío. Acá dice de 23 años, pero en esa época debió tener a lo sumo 13 o 14. ¿A vos te consta la autenticidad de esto? -Es documentación que el tribunal aceptó como prueba.

-Esto es un invento de Laura Figueroa (se refiere a una abogada de derechos humanos que representa en el juicio a familiares de desaparecidos). Esto es cosa de los zurdos.

-¿Porqué dice eso? -Porque los zurdos hace rato que me quieren agarrar, porque soy capellán castrense y le doy asistencia espiritual al general Menéndez, como se la di a Zimmermann y Cattáneo hasta que se murieron y a Bussi hasta que lo trasladaron. Ellos están en contra del obispado castrense; lo quieren hacer desaparecer.

-Esto es parte de una documentación con firmas y sellos.

-¿Qué? ¿Son auténticos porque son papeles amarillos? Dame dos o tres horas y vas a ver la cantidad de papeles amarillos que puedo hacer.

Antecedentes

Comienzo. El juicio por los 21 desaparecidos de la Jefatura de Policía se inició el 16 de febrero, acaba de concluir su etapa de recepción de prueba testimonial y documental y el martes 29 comenzarán los alegatos. Está previsto que el 8 de julio se conozca la sentencia del tribunal, presidido por Carlos Jiménez Montilla e integrado por Gabriel Casas y Josefina Curi.

Imputados. Sólo cuatro de los siete imputados originales llegan al final: el general Luciano Benjamín Menéndez, el comisario Roberto “El Tuerto” Albornoz, jefe del Servicio de Información Confidencial de la Policía, y dos miembros de éste, los hermanos Luis y Carlos De Cándido. Dos acusados ya murieron. Y Bussi está preso en su casa por su enfermedad.

La documentación secreta que señala a un cura

Parte de los documentos entregados por Juan Carlos Clemente, un ex militante del PJ y ex colaborador de la Policía tucumana, en la que aparece nombrado el sacerdote José Eloy Mijalchyk como fuente de información. El cura negó que esa sea su letra y también haber sido el autor del croquis de su parroquia donde se había denunciado a la policía la aparición de sospechosos de colaborar con el ERP.
 

Fuente: 

Diario Clarín y La Gaceta 18/6/2010
Diario Página/12 19/6/2010

 

La lista secreta con los 293 detenidos
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