La justicia española pidió la captura de siete ex represores chilenos

Es por el caso del secuestro, tortura y muerte de un diplomático. Entre los imputados se encuentran el ex jefe de la Dina y un ex CIA, autor de los atentados contra Carlos Prats en Argentina y el ex canciller Orlando Letelier en EE UU.

La justicia española procesó por «genocidio, asesinato y detención ilegal» a siete ex jefes de la Dina, la policía secreta de la dictadura chilena de Augusto Pinochet (1973-1990), por su participación en el secuestro, tortura y muerte del diplomático español Carmelo Soria. Entre los procesados –para los que se libró orden de captura internacional y pedido de extradición– se encuentran el ex jefe de la Dina, Manuel Contreras, y el norteamericano Michael Townley, autor de los atentados contra el ex comandante del ejército de Chile, Carlos Prats (en Argentina) y el ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier (en Estados Unidos).  El fallo del juez Pablo Ruz reabre una de las páginas más oscuras de la dictadura chilena y está basado en el antiguo sumario con el que, en 1998, Baltasar Garzón intentó procesar a Pinochet. Además de Contreras (el único de los siete que está en prisión) y Townley, entre los imputados figura Jaime Lepe Orellana, un ex coronel que fue asistente personal de Pinochet. Townley era un agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) enviado a Santiago para asesorar a los servicios chilenos. Actualmente reside en Estados Unidos, con otra identidad, protegido por un programa que beneficia a quienes colaboran con la justicia estadounidense.  Soria se había radicado en Chile, a donde llegó como exiliado de la dictadura franquista. Era un amigo personal y asesor de Allende y trabajaba como funcionario de las Naciones Unidas, en la Comisión Económica para América Latina (Cepal). Según estableció Ruz, la Dina presumía que estaba vinculado al Partido Comunista. Tras varios días de seguimiento, los agentes secretos lo detuvieron en su vehículo con el pretexto de que había incurrido en una infracción.  El diplomático fue trasladado a una vivienda secreta en la que fue maniatado y torturado en un interrogatorio dirigido por Lepe Orellana. “Soria sólo alcanzó a murmurar las palabras ‘pobre Chile’, y horas después fue estrangulado manualmente”, logró probar el magistrado. El juez agregó que le inyectaron media botella de pisco y arrojaron su cadáver y su automóvil a un canal para fraguar un accidente. En un bolsillo de su pantalón le metieron una nota para simular un suicidio por infidelidades de su esposa.  Ruz recordó que la causa abierta por el asesinato de Soria fue cerrada por la Corte Suprema de Chile en 1996, en virtud de una ley de amnistía de 1978, en plena dictadura, y dijo que la Audiencia Nacional tiene competencia para enjuiciar un caso que no sólo afecta a un ciudadano español, sino porque la persecución en Chile “no ha sido efectiva”. Fuente: 

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 www.elonce.com 31/10/2012

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