Identifican restos de guerrillas de la toma del Palacio de Justicia de Bogotá de 1985

Se trata de Mónica Molina y Carmen Garzón, pertenecientes al Movimiento 19 de Abril, que habían sido declaradas desaparecidas. La investigación deberá establecer ahora si las guerrilleras salieron vivas o muertas del Palacio.

La Fiscalía General de Colombia identificó ayer los restos de dos guerrilleras que habían sido declaradas como desaparecidas luego del sangriento desalojo militar del Palacio de Justicia de Bogotá, en 1985, uno de los casos emblemáticos de terrorismo de Estado en el contexto del conflicto armado que se desarrolla en el país desde hace más de cinco décadas. «Tras practicárseles los análisis de ADN, los forenses dijeron que los restos identificados, que estaban enterrados en una fosa común de un cementerio de la capital, corresponden a Mónica Molina y Carmen Garzón con un 99,9% de certeza», informó el fiscal general, Eduardo Montealegre. La Fiscalía deberá establecer ahora si Molina y Garzón –militantes del desaparecido Movimiento 19 de Abril (M-19) cuyos nombres fueron mencionados en el informe que una Comisión de la Verdad presentó en 2010 sobre el caso– salieron vivas o muertas del Palacio de Justicia. El asalto a la sede del máximo organismo judicial, situado en pleno centro de Bogotá y a pocos metros de las sedes de la Presidencia y el Congreso, ocurrió el 6 de noviembre de 1985, cuando un comando del M-19 tomó como rehenes a jueces, empleados y más de un centenar de personas que habían concurrido a realizar trámites en el lugar.La toma guerrillera y la sangrienta respuesta militar, que según la Comisión de la Verdad se caracterizó por el «uso excesivo y desproporcionado de fuerza», se prolongó durante 27 horas, al cabo de las cuales el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986) dio cuenta de la muerte de once magistrados, 35 guerrilleros y otras 52 personas, en tanto que a once se las declaró desaparecidas. Según las investigaciones, los desaparecidos fueron sacados por militares y llevados a un cuartel, donde fueron interrogados, torturados y ejecutados. La Fiscalía reabrió la investigación en 2006, cuando se divulgaron unos comprometedores videos en los que se ve a algunos de los desaparecidos con vida y sin heridas, y a otros saliendo por sus propios medios del lugar, flanqueados por militares. Tal es el caso del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas a quien una de las tomas lo muestra vivo, pero un día después de concluida la operación militar fue dado por muerto dentro del Palacio, con una bala 9 mm en la cabeza, disparada a quemarropa. Quince años después de producida la masacre –a la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de holocausto–, el número de desaparecidos se redujo a diez. Entonces, en el año 2000, la Fiscalía informó que el cadáver de una empleada de la cafetería del Palacio había sido encontrado en una fosa común. Por el caso fueron condenados a 30 y 35 años de prisión dos coroneles ahora retirados, a los que se les probó su responsabilidad en la represión. Un general y otros dos oficiales fueron absueltos. El M-19 se desmovilizó en 1990, tras firmar un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-90). Miles de sus militantes, reintegrados a la vida política legal tras el acuerdo pactado con el gobierno, fueron aniquilados por comandos militares y paramilitares.   Pablo Escobar – Financiamiento El fallecido capo narco Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín, financió la toma y entregó armas a los asaltantes, reveló el informe final de la Comisión de la Verdad. Fuente: 

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Diario Tiempo Argentino 15/9/2014

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