El militante uruguayo desaparecido en el «Motín de los colchones»

Jorge Hernández Rodríguez, secuestrado por la dictadura argentina en agosto de 1977, fue identificado por su padre en la portada del diario Crónica del 15 de marzo de 1978. Una demostración de la represión y matanza de los 64 detenidos.

A 36 años de la masacre ocurrida en el penal de Villa Devoto bautizada por la dictadura como el «Motín de los colchones», cuando fuerzas militares y del Servicio Penitenciario Federal asesinaron a 64 detenidos en el Pabellón 7, un dato podría modificar y agilizar la investigación del caso, que analiza el juez federal Daniel Rafecas. El aporte lo acaba de presentar al magistrado la abogada Claudia Cesaroni, que pidió a la justicia caratular el hecho como delito de lesa humanidad.  Jorge Hernández Rodríguez, uno de los presos sobrevivientes, fue visto con vida por última vez el 14 de marzo de 1978, día de la matanza. Es el que sale tembloroso del edificio en la tapa del diario Crónica del 15 de marzo, ayudado por un enfermero. Rodríguez, un militante uruguayo de 22 años, había sido secuestrado por los genocidas argentinos el 23  de agosto de 1977 cuando trabajaba en una fábrica del conurbano bonaerense. Pero más allá de intentos aislados para conocer su paradero, como el que mereció crear el legajo 1230 en los registros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, su familia nunca pudo aclarar lo que le pasó. Reconocido por su padre en la portada del matutino, Jorge no figura ni en la lista de fallecidos ni en las cárceles donde el SPF derivó a los que se salvaron de ser acribillados. Hasta el día de hoy continúa desaparecido, y ese es el dato nuevo que los querellantes buscan que Rafecas investigue. En un escrito que Cesaroni acaba de presentar en el Juzgado Federal Nº 3, solicita «se requiera el mentado legajo CONADEP, como así también todas las constancias que pudieran obrar en los registros del Servicio Penitenciario Federal que pudieran determinar elementos que identifiquen los motivos por los que Hernández Rodríguez se encontraba detenido, lo sucedido con él luego de la masacre y por último, se indague en la causa judicial iniciada en aquel entonces toda constancia que pudiera existir respecto de su paradero». En los próximos días, varios familiares pedirán al magistrado que la Investigación Penal Nº 12.416 sobre la masacre, tramitada en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 28 bajo carátula «Instituto de Detención de la Capital Federal s/averiguación de homicidio, lesiones en riña, incendio, daño y resistencia a la autoridad», sea reabierta en el marco de la Causa Nro. 14.216/2003  «Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/privación ilegal de la libertad agravada, homicidio». Esta última pesquisa es la que corresponde a secuestros, crímenes, desapariciones y robos de bebés cometidos por el Primer Cuerpo del Ejército, del que Villa Devoto dependía en ese tiempo. Desaparecer dos veces. Hernández Rodríguez se desempeñaba como operario en la fábrica PEISA, ubicada en Lanús, dedicada al montaje de radiadores y sistemas energéticos. El 23 de agosto de 1977, cuando participaba en reuniones junto a varios compañeros, una patota de la Policía Federal lo metió en un auto sin identificación y se lo llevó. La familia pudo reunir testimonios de algunos testigos, pero a lo largo de casi cuatro décadas fue imposible avanzar en la investigación. Lo único a que atinaron sus padres fue a presentar el caso en la CONADEP  y en organismos del exterior, como la Cruz Roja, Amnistía Internacional, la OEA  y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.   Los intentos de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos tampoco prosperaron. Familiares es el organismo que nuclea en Uruguay las demandas y pedidos de justicia vinculados a ciudadanos secuestrados y desaparecidos en países de Latinoamérica, pero gran parte de su trabajo apunta al período argentino que la dictadura controló entre 1976 y 1983. Al casi nulo movimiento que tuvo la investigación referida a Jorge por falta de datos en el país oriental se sumó una realidad general que tampoco ayudó, como la generada por la Ley de Caducidad del Ejercicio de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986. Ahora, las expectativas están puestas en lo que pueda promover el actual gobierno de José Mujica para avanzar en esos reclamos. El organismo cuenta con un registro de casi 200 uruguayos desaparecidos identificados. El pedido a Rafecas para que la investigación de la masacre sea reabierta en el marco del Primer Cuerpo del Ejército es impulsado por el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (ACIFAD) y la Asociación Mutual Sentimiento. Se trata de una causa iniciada con el testimonio de Hugo Cardozo, el primer sobreviviente que contó a la justicia lo ocurrido ese día en Devoto. Hoy se suman las palabras de cuatro compañeros de detención y la de familiares de otros siete presos asesinados. La solicitud será acompañada por un documento al que están adhiriendo distintas personalidades y organismos, donde se sostiene que durante la dictadura, «la violencia desplegada sobre el cuerpo social estaba dirigida a aniquilar a quienes entendían como enemigos. Y no solamente ello, sino que no admitía acto de rebeldía alguna. Ese contexto fue el que dio lugar a la Masacre en el Pabellón Séptimo. La construcción posterior de un supuesto motín, en el que ‘sólo’ murieron presos comunes, como se encargaron de aclarar las autoridades penitenciarias y políticas de inmediato, fue el primer paso para condenar al olvido a la masacre más grande ocurrida en el ámbito carcelario de nuestro país». El texto agrega que «la impunidad para los responsables de esta masacre ejecutada sobre un pabellón de presos comunes  implica no reconocerles su condición de víctimas de delitos de lesa humanidad, cometidos por una fuerza de seguridad –el Servicio Penitenciario Federal–, que formaba parte de la estructura represiva, y que actuaba bajo las órdenes directas de las autoridades del Primer Cuerpo del Ejército». Exige «garantizar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia, el castigo a los responsables, las reparaciones a las víctimas y familiares, y la realización de las políticas públicas destinadas a evitar que nuevas masacres se repitan en los lugares de encierro». Y finaliza: «Por todo lo expuesto, acompañamos el pedido de reapertura de la causa de referencia, para que nunca más una masacre se etiquete como motín». El fuego de la dictadura. «¡Apaguen ese televisor, carajo!». A las 10 de la noche del lunes 13 de marzo de 1978, la imagen de un 20 pulgadas blanco y negro tenía el volumen al máximo. Era imposible de otra forma que, en Devoto, los 160 presos abarrotados en el Pabellón 7, con capacidad para 60 personas, pudieran escuchar lo que decía el mecánico naval Jake Holman (Steve McQueen) en El cañolero de Yang-Tsé, la película que pasaba El Mundo del Espectáculo. Los detenidos no hicieron mucho caso a la prepoteada del subprefecto Armando Gómez, que se la agarró especialmente contra Jorge Omar Tolosa, uno de los más respetados del grupo, y el clima se calmó. Hasta el otro día.  Dentro del aparato represivo organizado por la dictadura, el penal dependía de la Subzona 4, y orgánicamente del tenebroso Batallón de Arsenales 101. La cárcel era una de las preferidas del régimen, al punto de que dos plantas completas estaban atestadas de presas políticas que en un momento sobrepasaron las 1000. El sistema obligaba a los penitenciarios a reportar directamente al Ejército, y basaba su funcionamiento en decretos como el 1209 de 1976, o el famoso parte de «aniquilamiento de la subversión» de un año antes, que usaba a los edificios carcelarios como depósitos no sólo de responsables de distintos delitos, sino también de secuestrados «blanqueados» que habían tenido la suerte de no terminar como desaparecidos eternos.  El 14 de marzo a la mañana, un coronel retirado de apellido Toti, más la plana mayor del penal, ya habían armado el operativo. El SPF mandó 50 guardias para la requisa, mucho más violenta que de costumbre. Agentes y efectivos de Gendarmería entraron al pabellón a los gritos y molieron a palos a los detenidos, los hicieron desnudar, correr hasta un patio, y volver a entrar en el rectángulo del Séptimo, donde 160 camastros estaban apiñados en una superficie de 35 metros de fondo por ocho metros de ancho.  El grupo de detenidos, para evitar las patadas y los golpes con las culatas de las ametralladoras, se defendió tirando con lo que tenía a mano: calentadores, vasos de plástico, revistas viejas, alguna pava. Y a la fuerza, empujó a la requisa para afuera del pabellón, cerró las rejas por dentro y tapó la abertura con colchones, improvisando escudos. Uno se prendió fuego, y motivó que el pabellón entero se calcinara a los pocos minutos. Pero esa no fue la única razón de las 64 muertes, como pretendió vender a los medios el Servicio. Muchos fueron acribillados desde la puerta principal hacia adentro. Y otros cayeron por balazos a la cabeza, mientras trataban de respirar asomados por pequeñas ventanas ubicadas a dos metros de altura, boqueando a causa del gas lacrimógeno y vomitivo disparado desde un balcón superior.  La resistencia fue liderada por varios, además de Tolosa: Luis María Canosa, uno de los tres presos políticos del grupo, amigo del Indio Solari, y al que el cantante le dedicara el tema «Toxi Taxi» (Un sueño con Luis María / muerto cuando me decía: / «Cada día veo menos / cada día veo menos, / cada día veo menos, creo, menos mal»); Carlos Pezzola, «El Guampa»; y Horacio, al que Solari también le escribiera «Pabellón 7», y cuyo relato sirvió para que Elías Neuman reconstruyera la matanza en su memorable libro Crónica de muertes silenciadas. Por orden de la dictadura, los guardias prohibieron la entrada de los bomberos que llegaron en medio del incendio. La causa judicial iniciada a las pocas horas fue armada por el Servicio Penitenciario sin la palabra de profesionales del Instituto del Quemado, vecinos ni  detenidos en pabellones contiguos, que vieron la represión y olieron el ambiente a carne quemada. Los pocos sobrevivientes que hablaron lo hicieron tirados en una cama del Hospital Alvear, con gendarmes parados en la cabecera, en carácter de «declaración espontánea». Los penitenciarios, en cambio, aportaron al expediente dibujado como «declarantes testimoniales».  La historia oficial escondió los crímenes desde el principio. El primer parte del SPF sostuvo que el ministro de Justicia, brigadier Julio Gómez, y el juez Guillermo Rivarola, que arrancó con la instrucción, pudieron comprobar «que los muertos y lesionados lo fueron únicamente como consecuencia de quemaduras y asfixia, no existiendo ninguno con heridas de bala». Las filas de los atacantes no tuvieron muertos, sólo cinco heridos leves. Uno de ellos, con magulladuras en sus dos manos, se supone que por los golpes dados a los detenidos en el momento en que la Guardia asaltó el pabellón. Rivarola, que se declaró incompetente tres meses después del hecho y derivó la investigación a Jorge Valerga Aráoz como juez instructor, volvió a recibir la carpeta de manos de Valerga, lo que creó un conflicto de competencias. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia decidió en los años ’80 que no había imputados identificados entre los penitenciarios, y dictaminó el «sobreseimiento provisorio». Una de las versiones del Servicio, después de que los presos mencionaran lo del televisor como desencadenante del odio genocida, fue que horas antes del fuego «se habían presentado en el pabellón para charlar sobre el episodio ocurrido la noche anterior» con Tolosa. Y que de los disparos, ni uno solo provocó las muertes de los detenidos. Dijeron además que los presos «arrojaron aceite hirviendo», y que los gases comenzaron por orden del oficial Sauvage, debido a la supuesta provocación contra la requisa. Lo sorprendente fue la palabra del Servicio para calmar el escándalo en los medios, ubicando a los presos políticos como «más importantes» y a los comunes en una segunda línea. Dos voceros enfrentaron a las cámaras dejando claro que «no existían detenidos por razones políticas entre las bajas».  En el momento del operativo en Devoto, Víctor Hugo Dante Dinamarca era el subjefe de Seguridad Interna del penal. Fue oficial de Inteligencia del SPF y staff permanente del Centro Clandestino de Detención El Vesubio, donde utilizaba dos alias: Pollo o Chango. Con la vuelta de la democracia, fue denunciado ante la CONADEP (Legajo 3674) por integrar distintos grupos de tareas, organizar secuestros y dirigir seguimientos de militantes .  « Masacre: lo hecho y lo que faltaClaudia Cesaroni (*) En setiembre de 2012 nos comprometimos con uno de los sobrevivientes de la Masacre en el Pabellón Séptimo, Hugo Cardozo, a homenajear a las víctimas de aquel crimen impune; publicar un libro que contara la verdad de los hechos, en la línea de lo que ya habían contado Elías Neuman en Crónica de muertes anunciadas, y Daniel Barberis en Los derechos humanos en el otro país; y llevar el caso a la justicia, para que se investigara como un delito de lesa humanidad.  Durante el año 2013 fuimos realizando esos objetivos: el 14 de marzo, al cumplirse 35 años de la masacre, ingresamos a la cárcel de Devoto y colocamos una placa en la puerta  de acceso al Pabellón Séptimo, y Hugo ingresó al mismo pabellón del que había salido medio quemado y medio asfixiado aquel día.  El libro Masacre en el Pabellón Séptimo se publicó en agosto de 2013, y contamos con un inesperado apoyo del Indio Solari, que lo mencionó e invitó a comprarlo y leerlo a más de 100.000 personas, antes de cantar su tema «Pabellón Séptimo (Relato de Horacio)».  Desde la publicación del libro hicimos 32 presentaciones en diez provincias. Estuvimos en festivales, bibliotecas, ferias, ex centros clandestinos de detención, universidades, librerías y cárceles contando sobre una masacre que afectó a personas que habitualmente no son reconocidas como víctimas: los presos comunes. Por eso, todavía este  caso no se investiga como un delito de lesa humanidad: porque sólo afectó a presos comunes. El 25 de marzo de 2013 nos presentamos ante el Juzgado Federal Nro. 3 y le pedimos al juez Daniel Rafecas que reabra la causa. Desde setiembre de 2012 se sumaron a Hugo Cardozo cuatro sobrevivientes más, y se han acercado familiares de siete víctimas, además de numerosos testigos. Hemos encontrado un posible desaparecido, y aportamos testimonios, fotos y legajos al juzgado y a la Fiscalía Federal Nro. 6, a cargo del fiscal Federico Delgado. Queda mucho por hacer, y para juntar fuerzas, estamos solicitando adhesiones a nuestro pedido de reapertura de la causa a todas las personas y organizaciones que coincidan con esta búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. Para que nunca más se encubra una masacre de presos llamándola “motín”.  (*) Directora del Equipo de Investigación sobre la Masacre en el Pabellón Séptimo, autora del libro del mismo nombre (Tren en Movimiento Ediciones, 2013). Unir los pedazosVerónica Soraya Sosa (*) Quiero hablar de un hombre llamado Dante Lauro Sosa. Falleció el 14 de marzo de 1978, en lo que se dio a conocer como el «Motín de los colchones» en la cárcel de Devoto, a los 24 años. Esta persona era mi padre. Desconozco la causa por la que cayó en prisión, pero según sus hermanos, mis tíos, salía en libertad, irónicamente, al día siguiente de la matanza acaecida. Al momento de los hechos yo tenía 5 años, así que tal vez para protegerme o por el propio dolor de lo que vivieron en ese momento, se me ocultó la verdad hasta los 18.  Me costó asimilar estos hechos y decirle a mi familia que había descubierto el secreto familiar tan bien guardado durante 13 años. Lloraba en rincones, o abiertamente ante publicidades o palabras que disparaban mi sensibilidad; me encerraba, no hablaba, no me animaba a discutirlo. Busqué en los archivos de la Biblioteca Nacional y del Congreso periódicos que confirmaran la mala noticia. Allí estaba el nombre de mi papá entre las víctimas. Un hecho desgraciado, la muerte de mi mamá a fines de 1992 –pobre vieja, se murió sin saber que yo sabía la verdad del por qué de sus lagrimas–, hizo que les tirara prácticamente en la cara a los deudos, mi familia, durante el velorio, una verdad que sumaba más dolor. Sabía cómo murió mi papá. Absortos, trataron de explicar que lo hicieron por mi bien, que era muy chica, que para qué saber…, etcétera. Pasaron los años y averigüé muy poco. Para mantener vivo el recuerdo de mi padre no falté a una sola marcha del 24 de marzo. Si bien en apariencia los desaparecidos no era mi caso, sí los actos de una dictadura cruenta me vinculaban irremediablemente con su asesinato. Paseando por el centro de Lanús con mis hijas, contentas con sus juguetes nuevos, nos detuvimos en una librería, y fue una gran sorpresa ver el libro Masacre en el Pabellón 7, de Claudia Cesaroni. Balbuceé el nombre de papá. Ahora estoy conociendo gente sobreviviente, hermanos e hijos de esta historia cruel que, como yo, pretenden saber más, reconstruir la historia perdida por el tiempo, unir los pedazos para que se haga justicia. (*) Hija de Dante Sosa, uno de los asesinados en la masacre de Devoto. Fuente: 

Leer también >>  Un vocero combativo de la Revolución

Diario Tiempo Argentino 31/1/2014

El militante uruguayo desaparecido en el «Motín de los colchones»
4 (80%) 454 voto[s]

Por favor, apóyanos compartiendo en tus redes sociales.

Deja un comentario

Cerrar menú