El informe que nos mostró los absurdos de la guerra

La Presidenta anunció su difusión. Pero el Informe que investigó los horrores de la “aventura trágica” ya era conocido. Sus principales aportes. Y la historia del general antiperonista que lo hizo.

 Fue un raro, único ejercicio de autocrítica que los jerarcas de la dictadura militar jamás habían imaginado regalar. Pero el latigazo y la vergüenza de la guerra perdida en las Malvinas alumbraron novedades como ésa: mientras convocaba a los líderes políticos para iniciar las gestiones de la apertura democrática, el general Reynaldo Bignone anunciaba la creación de una comisión “independiente” que debería investigar y explicar por qué, para qué y cómo Argentina había sido envuelta en la batalla. Casi tres décadas después, la Presidenta anunció dos veces la difusión de ese trabajo “secreto”, cuyas estremecedoras conclusiones en verdad ya fueron publicadas varias veces. Aun sin ese halo de misterio, aquellas viejas páginas todavía guardan información valiosa, varias lecciones que siguen vigentes y algunas sorpresas. La “Comisión de Análisis y Evaluación de las responsabilidades en el conflicto del Atlántico Sur” fue creada a través de un decreto secreto firmado por la Junta Militar el 2 de diciembre de 1982, para que “reúna los elementos de juicio, analice y asesore a la Junta” en su “intención” de juzgar la acción política y estratégico militar de la guerra. La integraron seis oficiales superiores retirados, dos en representación de cada Fuerza: el teniente general retirado Benjamín Rattenbach y el general de división Tomás Sánchez de Bustamante; el almirante Alberto Pedro Vago y el vicealmirante Jorge Boffi; el brigadier general Carlos Alberto Rey y el brigadier mayor Francisco Cabrera. Para hacer su tarea, se les dio la facultad de solicitar informes, documentos y antecedentes a cualquier organismo público, a personas y empresas públicas o privadas. También podían tomarles declaraciones testimoniales a quienes quisieran. ¿El objetivo? Ofrecer a la Junta una “opinión fundada” sobre el desempeño de los conductores de la guerra, y sobre “las responsabilidades de cualquier persona, sean de carácter penal, disciplinario y del honor que surjan de lo actuado y que a su juicio deban ser investigadas y juzgadas por la jurisdicción común o militar respectiva, en la forma que legal y reglamentariamente corresponda”. En otras palabras: los frutos de la comisión no eran esperados sólo para alimentar los libros de historia. El mejor símbolo de que la Comisión presidida por el viejo general antiperonista Rattenbach funcionaría como una especie de bisagra entre la dictadura y la Constitución, fue que sus integrantes sesionaban en el Congreso nacional. Durante diez meses, allí escucharon testimonios y confesiones increíbles, recogieron y clasificaron documentos y papeles dispersos en decenas de oficinas y domicilios; reconstruyeron el proceso bélico que con desprecio calificaron como una “aventura militar”. El informe completo consta de diecisiete tomos, de los cuales uno corresponde al cuerpo principal, diez a los anexos, cinco a las transcripciones de las declaraciones y uno a las actas. El cuerpo principal –condensado en este informe de Clarín– está estructurado en cinco partes: Introducción; Antecedentes del conflicto; Evaluación y análisis crítico; Determinación de las responsabilidades; y Experiencias y enseñanzas. Con precisión cartesiana, el texto desbroza la jungla de fantasías, caprichos, apetitos personales y torpezas que sembraron el camino hacia la derrota. El lenguaje es duro, impiadoso: “Si los mandos de la Nación no apreciaron correctamente las posibilidades del país ni previeron las consecuencias ulteriores, de muy poco han servido el entusiasmo nacional, el sacrificio de los hombres que yacen en las Islas y en el fondo del mar, y el coraje de los que supieron empuñar honrosamente las armas”, comienza. Luego se enumeran los antecedentes geoestratégicos e históricos bajo los cuales se intentó justificar el desembarco en las islas y la posterior guerra, las negociaciones diplomáticas llevadas a cabo hasta el 2 de abril de 1982 para recuperar las islas; los contactos bilaterales entre la dictadura argentina y el gobierno conservador de Margaret Thatcher en 1979, 1980 y 1981 –en los cuales se habían llegado a explorar posibles fórmulas de transferencia de la soberanía de las islas a la Argentina, con un inmediato “arriendo” al Reino Unido por 99 años y un gradual paso de ciudadanía y competencias a nuestro país–; el enfriamiento de esas negociaciones y el posterior endurecimiento de la postura argentina tras la llegada al poder de Leopoldo Galtieri en diciembre de 1981; los cuantiosos y graves yerros e improvisaciones diplomáticas previos al desembarco del 2 de abril –por ejemplo, el informe dice que no se tuvo en cuenta el rechazo de muchos países hacia el gobierno argentino por la cuestión de los derechos humanos–; la saga de superposiciones, ocultamientos y confusiones desplegadas por los militares en la planificación del desembarco; los primeros signos de incompetencia profesional evidenciados en los documentos de trabajo previos al 2 de abril, que no serían más que eso: los primeros. Así nos enteramos de que el último documento de planificación bélica se redactó el 4 de abril, que “la emotiva reacción popular le hizo sentir al Gobierno nacional un fuerte respaldo a sus acciones, lo cual indujo a que el Presidente (Galtieri) hiciera pública manifestaciones de compromiso con el pueblo que a la postre significaron la pérdida del margen de negociación de que se disponía inicialmente, y que era el objetivo expresado de ocupar para negociar”. Así también confirmamos que nadie en el gobierno consideraba siquiera posible lo que era evidente –que Gran Bretaña enviaría tropas para reconquistar las islas, lavar su honor y galvanizar a una opinión pública jaqueada por el desempleo y el ajuste–, y que la falta de previsiones para enfrentar una respuesta militar “aceleró una carrera de improvisaciones para articular la estrategia defensiva”. Y así también nos desesperamos ante los detalles sobre la falta de voluntad de la dictadura para negociar la paz, mientras que el “júbilo popular” afectaba “el discernimiento de los responsables”, que a veces dejaban pasar días sin reunirse mientras las bombas caían sobre los soldados. La secuencia de las negociaciones relatadas muestra cómo se encogía el margen de maniobra argentino: primero se reclamaba la soberanía de las islas; luego se consideraba un gobierno conjunto de varios países –incluidos Argentina y Gran Bretaña–; más adelante ya se discutían los términos del cese del fuego y el retiro de tropas mientras se cedía la administración de las islas a la ONU. Al final sólo se evaluaba la oferta de retirar las tropas, reponer el gobierno británico y consultar a los isleños sobre su futuro soberano. En la “evaluación y análisis crítico” se despedazan uno por uno los errores de cada comandante en jefe (falta de coordinación de las fuerzas; mala selección de las unidades enviadas al frente y pésimo despliegue; horrendo adiestramiento; armamento inadecuado y fallido, entre otros). También los errores del gobernador militar Mario Benjamín Menéndez (comando ineficaz, desconocimiento de la verdadera situación táctica, física y moral de las tropas, indecisión para atacar cuando era posible) y de otro puñado de jefes. Entre lo malo, lo peor: pésima logística en el transporte de tropas, armas, equipos, alimentos y abrigos. Punto. También son constantes en el informe las referencias a la falta de presencia de varios jefes en el frente de batalla; mucho teléfono y poco barro. O como decía Perón: timidez para el coraje. Algunas apreciaciones son menos conocidas y aún hoy podrían decir algo: no hubo un decreto que obligara a las empresas públicas y privadas a satisfacer de inmediato las necesidades de la guerra; se notó la falencia de organización territorial y la carencia de infraestructura ferroviaria y vial. Otra curiosidad del informe es la importancia que le da al “relato” de la guerra en los medios, piezas clave para la “Acción Psicológica”. Hubo “ineficiente control de la información”, y un “ambiente excesivamente permisivo”, que permitió “desbordes periodísticos con efectos triunfalistas multiplicadores en el público”. Se achaca al Estado Mayor Conjunto “no agotar las medidas para investigar el comercio de información que fuera denunciado” y se señala la necesidad de investigar las posibles irregularidades relacionadas con el manejo mediático. El equipo de Rattenbach consigna que por los “criterios disímiles” de los informes de cada fuerza, no pudo saberse un dato clave: cuánto costó la guerra. ¿Hoy se sabe? El rosario de reconvenciones dirigidas a cada organismo de comando y a diecisiete personas en particular sirve para establecer responsabilidades políticas, penales y disciplinarias, por la existencia de negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos militares. A los comandantes de la Junta –también al entonces canciller Nicanor Costa Méndez– se le atribuyen “incumplimiento de los deberes del funcionario público”, y una paleta de sanciones contempladas en el Código de Justicia Militar, que van desde la destitución, la “reclusión” –hasta 25 años de cárcel– o “prisión mayor” –de dos a seis años– hasta la pena de muerte, planteada como posibilidad para Leopoldo Galtieri, el almirante Isaac Anaya y los coroneles Reposi y Mabrañaga (acusados de haberse plegado a una capitulación ordenada por otro militar cuando sus fuerzas aún contaban con medios de defensa). Para otros oficiales superiores se sugieren penas de hasta seis años por haberse rendido antes de tiempo, y al gobernador Menéndez lo acusan de media docena de delitos militares que no lo pintan como a un tipo idóneo y mucho menos valiente. Pero el caso que más polémica causó es el del represor Alfredo Astiz, quien rindió sus tropas asentadas en Puerto Leith (islas Georgias del Sur) “sin efectuar la debida resistencia”. A la Comisión le llama la atención que Astiz no haya sido sumariado por la Armada, como sí había ocurrido con el capitán de corbeta Luis Carlos Lagos, que se comportó igual en Grytviken, otro puerto de las Georgias. A ambos los había denunciado el mismo oficial, el capitán de navío César Trombetta. La protección del ex “Angel rubio” de la ESMA –símbolo de la represión ilegal y caso testigo para otros marinos– y su señalamiento por parte de Rattenbach sembró de sospechas de adulteración al texto del informe. Ahí siguen. La semana pasada, el martes, Cristina Kirchner alabó a los comisionados y reivindicó su trabajo. Seguramente lo habría leído con atención: “La República Argentina no posee oficialmente una política militar orgánica, cuyos fines y modos de acción claramente establecidos armonicen presupuestos, estructuras y estrategias entre las tres fuerzas armadas y entre éstas y el conjunto del quehacer político, económico y social del Estado nacional”, reza una de las “lecciones del conflicto”. ¿Otra? “El Servicio Exterior no acreditó el alto nivel de eficiencia profesional que exigía el conflicto. Esto reclama una mejor y más exigente capacitación y selección de los funcionarios”. Quizás le interese a los jóvenes de La Cámpora que hoy controlan el Instituto del Servicio Exterior. También se aconseja “prestigiar y potenciar” al Estado Mayor Conjunto, y se denuncian la “falta de un desarrollo equilibrado y armónico del equipamiento de cada fuerza, y la carencia de una fuerza submarina adecuada, de una aviación modernizada y de fuerzas terrestres actualizadas profesionalmente.” En el Congreso, antes de estrecharse las manos en una sobria despedida, los seis oficiales superiores firmaron diez ejemplares del informe para entregar a la Junta, los comandos de cada fuerza y llevarse a casa uno cada uno. Afuera, en la calle, la primavera traía las incipientes, tímidas, primeras brisas de la democracia. por Claudio Savoia y Gerardo Young  La reivindicación póstuma de aquel viejo general
En el ‘63, fue uno de los que prohibió al peronismo. Pero despreciaba a los golpistas del ‘76. A los 84 años, el general Benjamin Rattenbach no imaginaba que su nombre pasaría a la historia por algo que todavía no había ocurrido. Salvo pelear en una guerra, Rattenbach había visto y hecho todo aquello a lo que un militar argentino podía aspirar. Había escrito y contado muchas de esas cosas en libros y conferencias y publicó sus memorias en 1975, cuando creía que su carrera ya había concluido . No era un militar nacionalista, como el general Juan Enrique Guglialmelli, su coetáneo. Ni siquiera “constitucionalista”, como aquellos pocos que prefirieron pasar a retiro antes de tener que acompañar los fragotes y golpes de Estado que terminaron por formar parte de la actividad principal de las cúpulas castrenses a lo largo de la década del ‘60. Tampoco se apartaba del canon antiperonista y anticomunista, machista y autoritari o que modeló la mentalidad de quienes subieron a la cúspide de la pirámide militar en los moldes de la Doctrina de la Seguridad Nacional, la Guerra Fría, los manuales de contrainsurgencia y la convicción de que la sociedad era como una mujer débil que debía ser protegida de amenazas y tentaciones, y que para eso estaban las Fuerzas Armadas. Le tocó alcanzar su posición más alta, como Jefe de Estado Mayor Conjunto en el momento más duro de la Libertadora, entre diciembre del 55 y octubre del 56, cuando Aramburu y Rojas tomaron las riendas del poder. Y en 1963, como secretario de Guerra del gobierno de Guido, estampó su firma en el decreto ley 2713 que prohibía las actividades peronistas y prometía penas de cárcel para “los que hicieren, de palabra o por escrito, la apología del tirano prófugo o del régimen peronista o del partido disuelto, aún cuando no mediare la existencia de una finalidad de afirmación ideológica o de propaganda peronista (…); la difusión, por cualquier medio o forma en que se efectuase, de directivas, declaraciones, entrevistas o actividades del tirano prófugo y que de alguna manera signifiquen injerencia en el plano de lo político o gremial nacional (…)”. Pero algo se había cortado entre aquella camada de viejos generales y los uniformados que llegarían al poder en 1976. Como el principal referente de los sectores “profesionalistas” y último caudillo militar antiperonista, el general Lanusse, Rattenbach observaba con desprecio y desazón las tropelías de los Menéndez, Suárez Mason, Riveros, Camps y Massera ; generales y almirantes cuya estatura intelectual y catadura moral le resultaban incomprensibles e inconcebibles. No lo escribió, pero se sentía poco menos que como un militar prusiano aristócrata chocando con la camarilla hitleriana que se alzó con el poder en la Alemania de los años ‘30. La conducción de la guerra de las Malvinas podía ser vista desde ese mirador como la secuencia final de esos desvaríos que llevaron al país y a sus Fuerzas Armadas a una vía muerta con estrepitoso final. Rattenbach interpretó que su último servicio debía consistir en salvar lo que quedaba de aquel honor mancillado por quienes convirtieron a las instituciones armadas de la Nación en un ejército de ocupación de su propia patria. Cuando aceptó presidir la comisión que debería evaluar las responsabilidades por el conflicto, entendió que esas Fuerzas Armadas solo podían ser rescatadas del lodo si iniciaban una profunda autocrítica, depuración y replanteo de sus doctrinas, su organización y sus cuadros. La Comisión Rattenbach sorprendió por la dureza de sus conclusiones . Distinguió la justicia de los reclamos argentinos de la locura de embarcar a la Argentina en una aventura bélica para la cual no estaba preparada. Terminaba pidiendo para Galtieri la pena máxima prevista por el Código Militar; o sea, su condena a prisión perpetua. Y avanzaba con severas imputaciones contra los principales jefes militares y también sobre el entonces canciller Nicanor Costa Méndez. El Informe que llevó su nombre fue a Malvinas lo que la Conadep al terrorismo de Estado, un Nunca Más a la militarización de la política exterior y la malversación del nacionalismo . Y así como aquella brindó pruebas sustanciales para el Juicio a las Juntas, ésta hizo lo propio en los procesos que se sustanciaron por la guerra y terminaron con la condena de sus comandantes. Guglialmelli murió en el 83, Rattenbach en el ‘84. Otros dos generales de la vieja guardia, también protagonistas de los movimientos castrenses de los años 50 y 60, Osiris Villegas y Eduardo Señorans, oficiarán -ya ancianos- como defensores de Galtieri, de quien se consideraban en parte sus mentores. Treinta años después de Malvinas ‘82, que sea un gobierno peronista y una presidente mujer quienes se ocupen de recordar la importancia del Informe Rattenbach y la memoria de quien le estampó su nombre, supone una segunda reivindicación póstuma que su protagonista jamás habría imaginado. Permite también evaluar en retrospectiva cuánto se hizo y cuánto falta recorrer en el camino de tener Fuerzas Armadas bien dotadas para responder a los desafíos de la Argentina democrática en esta segunda década del siglo XXI, plagada de riesgos, contingencias y amenazas. Un escenario regional en el que Malvinas es apenas, hoy como entonces, un pequeño botón de muestra y un espejo en el cual mirarnos, por dentro y por fuera. por Fabián Bosoer  Se declaró en contra de Isabel y del “sexo débil” Una pista sobre el pensamiento del general Rattenbach se encuentra en un escrito que firmó el 4 de noviembre de 1975, semanas antes del golpe militar. “El grave peligro que se avecina para la Nación en los próximos tiempos, dado el clima de subversión que se está gestando, exige que se halle al frente del Gobierno una persona fuerte y sumamente capaz, para que pueda dominar ese peligro”, escribió en un documento al que accedió Clarín , preparado por el propio Rattenbach para una exposición sobre “La guerra revolucionaria y la subversión”. Rattenbach no sólo recomendaba a Isabel “que se inspire en el ejemplo de nuestro gran San Martín, que renunció al cargo, mando y honores ”. También sostenía que la supuesta incapacidad de la Presidente estaba marcada por tratarse de una mujer : “Mucho me temo -escribió- que nuestra gobernante actual no puede afrontar la crisis, primero por su condición de mujer , segundo por su sistema nervioso delicado, tercero por su limitada capacidad…”. En el mismo documento aclaró: “ No desprecio el sexo, pero por algo lo llamamos el sexo débil . Por eso prefiero al hombre en la tarea de reprimir revoluciones o subversiones”. Para combatir al terrorismo, el general proponía, además de un enfrentamiento directo de las fuerzas militares, la prohibición del partido comunista y otras políticas para “la recuperación de la juventud”.   Fuente: 

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 Diario Clarín 12/2/2012

Informacion Adicional: 

El coronel retirado José Luis García habla del informe Rattenbach y su desclasificación

“El informe que trascendió es falso” El militar colaboró en su momento con el general Augusto Rattenbach en su trabajo sobre la guerra de Malvinas. En diálogo con Página/12 recordó detalles de aquella tarea y dijo que su publicación revelará lo “absurdo” del conflicto armado con los británicos. El coronel retirado José Luis García fue colaborador de Augusto Rattenbach en la elaboración del informe que lleva su nombre y que la presidenta Cristina Fernández ordenó desclasificar esta semana en el marco del conflicto con Gran Bretaña por las islas Malvinas. Como compañero y amigo de toda la vida del hijo del general Rattenbach, como responsable de una parte del informe y como secretario adjunto del Centro de Militares por la Democracia (Cemida), García es hoy una de las voces más autorizadas para hablar de lo que sucedió con el informe, su impacto en el conflicto actual con los ingleses y del “absurdo” de la guerra por las islas. En diálogo con Página/12, aseguró que desclasificar el informe servirá para revelar que “el pueblo argentino era totalmente ajeno a la actitud belicista que llevó a la guerra”. –¿Por qué lo eligieron a Rattenbach para elaborar el informe si él tenía una posición tan crítica de la guerra? –Cometieron un error porque el teniente general era un hombre de edad avanzada y con mucho prestigio. Fue rodeado por otro general, que era (Tomás) Sánchez de Bustamante, mucho más joven, por dos almirantes y dos brigadieres. Pensaron que en medio de un equipo de seis la acción del resto iba a evitar su preponderancia. De alguna manera lo subestimaron. –¿Cuál fue su participación en el informe? –Yo trabajé para una cuestión muy concreta. Lo conocía a Rattenbach familiarmente porque su hijo, el coronel Rattenbach, era mi compañero y mejor amigo. Siempre con la debida distancia, estando él retirado yo era profesor en la Escuela de Defensa e iba a escuchar mis clases. Cuando terminaba, me invitaba con un café, me hacía observaciones y preguntas. Teníamos una relación familiar y profesional. Cuando ocurre lo del informe me dice que estaba al frente de ese trabajo y que quería conversar conmigo. Fui al Congreso, donde trabajaba, y durante dos días enteros me pidió que lo actualizara de acuerdo a la legislación vigente en aquel momento. A la luz de un esquema general que habíamos armado, empezamos a analizar la documentación que nos habían proporcionado; las disposiciones y órdenes dadas respecto al conflicto y sacábamos conclusiones sobre lo que se había cumplido, lo que no, qué faltaba, qué fallaba, con una precisión matemática. Lo primero que estudiamos era cómo se estructuraron las fuerzas y si había o no previsiones. –¿Y había previsiones? –En realidad no había ninguna previsión. La hipótesis de guerra que más se tenía en cuenta en ese momento era la absurda hipótesis de la lucha contra un enemigo interior comunista. La que llevó al terrorismo de Estado. Había dos hipótesis subsidiarias, una era la guerra contra Chile por el problema fronterizo que teníamos con ellos y otra era con Brasil, una antigua cuestión por el predominio en América latina. Ahí terminaban las previsiones reales de la defensa nacional argentina. –¿Un conflicto por Malvinas no estaba previsto? –Había un acto secundario y permanente que era la recuperación de Malvinas y para eso se le encargó a la Armada que diseñara una operación que se llamó “Toco y me voy”. Eso quería decir que un destacamento iba a Malvinas, desplazaba a la guarnición inglesa, dejaba una pequeña guarnición propia y se retiraba de nuevo al continente. Lo cual obligaría a Gran Bretaña a hacer lo que hasta el día de hoy no quería hacer: sentarse a negociar. –¿Por qué no se llevó a cabo? –Pasó que, con la ocupación de las islas, la gente salió a la calle en todo el país. Eso los desbordó y como sabían que sus días estaban contados, que tenían que rendir cuentas a la Nación y al mundo empezaron a reunir tropas de todo el país. Sin equipos, sin adiestramiento, sin armamento. –Hubo una subestimación del enemigo… –Sí, pero también partían de otro absurdo. Creían que Estados Unidos los iba a apoyar porque Argentina había proporcionado tropas de Inteligencia a las dictaduras de América Central en la lucha contra el marxismo. Era un favor que le habían hecho a los Estados Unidos, que tenía esa hipótesis de conflicto en su doctrina de seguridad nacional. Y en la mente pervertida de estos sujetos pensaban que iban a apoyar a la Argentina deteniendo a los ingleses. Hasta que llegó el momento en que tomaron partido en forma abierta por Gran Bretaña. Eso también está determinado en el Informe Rattenbach. –¿Cuál es la relevancia del informe en el marco del conflicto actual con Inglaterra? –El informe trabajó con mucha documentación para determinar que la posesión de las islas estaba sustentada histórica y geográficamente. Pero, además, demuestra que la actitud de la guerra fue absurda, de mentes descarriadas, y que nuestra actitud siempre fue la negociación, que cuando hay un gobierno elegido por el pueblo, constitucional, persiste en esa actitud. El objetivo principal de esta comisión y de la desclasificación es que la opinión pública continental y mundial sepa que el pueblo argentino era totalmente ajeno a la actitud belicista que llevó a la guerra. –¿Entre los militares tampoco estaba presente la posibilidad de la guerra? –En esa época yo era profesor de la Escuela Superior de Guerra y el día del conflicto vino el director a mi clase y dijo: “Suspendemos acá porque el país está en guerra con Gran Bretaña”. Todos lo miramos como quien mira a Satanás. Nosotros, con los coroneles en actividad listos para ser generales, enterándose junto al profesor. Entonces el director sacó un papel y empezó a nombrar a seis coroneles: “Ustedes preparen sus cosas que en 48 horas parten para las islas como ministros del gobierno que va a hacerse cargo de las islas”, les dijo. –¿Se sabe con certeza qué se le modificó al informe original? –A medida que se progresaba en la investigación, Rattenbach avisaba que había que denunciar determinadas conductas –incluso con la pena de muerte, según el Código de Justicia Militar– y se tropezaba con la actitud de los otros cinco integrantes de la comisión, que no querían llegar a las mismas conclusiones. En un momento, Rattenbach da por terminado su trabajo y renuncia porque no estaba de acuerdo con la opinión del resto. Entonces confecciona una síntesis, un Informe Rattenbach puro y lo eleva al gobierno. Pero los que elevan el informe final son los que quedan. Para mí, ese es el informe que se guarda, ya totalmente cambiado. Ahora la pregunta es, ¿donde está el informe abreviado que confeccionó Rattenbach? –¿Entonces ahora podrían conocerse otros elementos además de los que trascendieron informalmente? –El informe que se dejó trascender es el de la comisión sin Rattenbach. No sé si además de ese informe, que para mí es falso, se guardó el informe que elevó Rattenbach. Ese es el misterio que va a ser develado por la comisión que integra la Cancillería, Defensa y el coronel Rattenbach. por Sebastián Abrevaya

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