El golpe del 24 de marzo de 1976

A continuación, se reproducen artículos de los diarios La Nación, Página/12 y de Perfil.com relacionados al golpe que derrocó al gobierno constitucional de Isabel Perón.

A 35 años del último Golpe
La desmesura como lección, ayer y hoy

Sobre el filo de la medianoche del martes 23 de marzo de 1976, María Estela Martínez de Perón, Isabel, abordó en la azotea de la Casa Rosada el helicóptero que debía llevarla a Olivos. Minutos antes, su ministro de Defensa, José Deheza, le había comunicado que el golpe de Estado, sobre el que la había alertado José López Rega desde España, no se iba a producir.

Isabel volvía más tranquila hacia la residencia, acompañada por su secretario, Julio González, y su custodia. Dos minutos después de levantar vuelo, uno de los policías tomó su arma y gritó: «¡Nos están llevando hacia otro lado, estamos sobre el río!». El edecán naval adujo un desperfecto: «Señora, debemos aterrizar en Aeroparque». La presidenta giró hacia González: «No se preocupe, doctor. Es pura acción psicológica».

Un vicecomodoro esperaba en la pista y condujo a Isabel a las oficinas del jefe de la base. Llegados allí, la hicieron pasar. En cambio, González fue detenido por un empellón: «Lo siento, doctor», dijo el aeronauta. La presidenta de la Nación había sido secuestrada.

Así comenzó el 24 de marzo. Así ingresó la Argentina en la dictadura más tenebrosa de su historia. Nadie podía suponer que esa noche a las Fuerzas Armadas les estaba llegando el lento final de su participación en la política.

Como sostiene Eric Hobsbawm, los historiadores suelen hacer más daño con el anacronismo que con la mentira. Es imposible que la sociedad argentina se reconozca en aquella de los años 70 sin reconstruir el contexto en el que se desarrollaba la vida pública. Desde el Cordobazo, en 1969, la lucha armada fue una opción cada vez más habitual para la izquierda. En la estela de la revolución cubana, la guerrilla entendió que la violencia no se justificaba sólo para resistir a un gobierno ilegítimo, sino que era el método más eficiente para la socialización de la riqueza. En ese clima mental, organizaciones como Montoneros y ERP aceleraron su militarización aun después del restablecimiento de la democracia, en 1973. El asesinato de José Ignacio Rucci, dos días después de las elecciones que reinstalaban a Juan Domingo Perón en el poder, expresa ese mesianismo revolucionario que Pablo Giussani calificó como «la soberbia armada».

Aquella edad oscura tampoco resulta comprensible si se olvida que, a partir de 1930, el Ejército desembarcó en la vida pública como un agente político sistemático. Esas incursiones se inspiraron casi siempre en una concepción de raigambre católica, fundamentalista, elaborada durante la gran crisis internacional del liberalismo de los años 20 y 30. En el marco de esa ideología las Fuerzas Armadas se atribuyeron la custodia del «ser nacional» y, con ella, el derecho a arbitrar en el juego democrático. En los extremos de esta visión, la dictadura no era un recurso al que había que resignarse. Era un modelo de gobierno.

Estas dos corrientes tenían en común la impugnación de la democracia republicana como una forma retardataria o errónea de organización del poder. Ambas colaboraron en modelar aquella Argentina de 1976 cuyo signo principal fue la violencia. La convulsión que siguió a la muerte de Juan Domingo Perón se había vuelto incontrolable. La inestabilidad económica sometió a Isabel a fuertes presiones corporativas. El Rodrigazo de junio de 1975 desató una carrera de precios y salarios que, para marzo del año siguiente, era imparable: ese mes el ministro Emilio Mondelli dispuso un aumento salarial del 12%, y otro tarifario del 100 por ciento.

Junto con el descontrol económico recrudecía la lucha armada. Durante 1975, Montoneros y ERP atacaron innumerables blancos militares, policiales y civiles. El presidente provisional del Senado, Italo Luder, emitió el 5 de febrero de 1975 el decreto que disponía «neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos» que asolaban Tucumán. Para fin de año, la orden se extendió a todo el país.

El gobierno intentó incorporar a su seno a las Fuerzas Armadas, siguiendo el modelo vigente en el Uruguay de Juan María Bordaberry. El Ejército se acercó a Isabel a través de una de sus líneas, la del «profesionalismo integrado». En agosto de 1975 el general Alberto Numa Laplane llegó a la jefatura de la fuerza, y el coronel Vicente Damasco, al Ministerio del Interior. El experimento fue efímero: el 25 de agosto Numa Laplane fue destituido por el «profesionalismo prescindente» del general Jorge Rafael Videla. El camino hacia el golpe se había iniciado.

En enero de 1976 los comandantes comenzaron a planear la caída de Isabel. Parecía obvio: en Brasil, Chile y Perú había gobiernos militares. A propósito de Brasil, Oscar Camilión recuerda la llegada a Buenos Aires del político y militar Juracy Magalhaes, para explicar que la situación argentina afectaba la seguridad de su país.

En febrero, un grupo encabezado por el general Alberto Dalla Tea y el coronel José María Tesi Baña comenzó a examinar propuestas económicas. Fueron desde José Alfredo Martínez de Hoz hasta el radical Bernardo Grinspun.

El 20 de febrero se convocaron elecciones para diciembre. El 9 de marzo, el gobernador bonaerense, Vittorio Calabró, denunció que «el gobierno nos ha estafado». Calabró ya integraba la trama del complot, como se demostró más tarde: el interventor militar que lo reemplazó, Adolfo Sigwald, lo despidió con honores.

La dirigencia política no daba con el procedimiento que evitara una asonada de la que, como dijo Deolindo Bittel, «hablan hasta los mudos». Un grupo de diputados, encabezado por la jujeña María Cristina Guzmán, consiguió el consenso de la UCR para iniciar el juicio político a Isabel. La sesión quedó habilitada, pero la rama del PJ encabezada por Luis Sobrino Aranda, que acompañaba la propuesta, no dio los votos. Italo Luder se negaba a suceder a la viuda de Perón.

La historia se precipitó. The New York Times, la biblia de la corrección política, se preguntó cuándo sería reemplazada la «aturdida y trágica figura instalada en la Casa Rosada». El 20 de marzo, el titular de la CGT, Casildo Herrera, cruzó a Montevideo y avisó: «Me borré».

El 23 de marzo Ricardo Balbín dijo que, «pase lo que pase, la gente tiene que mantener la calma». En el Hospital Militar se dispuso el estado de emergencia. El cronista de Radio Rivadavia consigna que los diputados se llevan sus pertenencias del Congreso. La Razón salió a la calle con esta tapa: «Todo está dicho».

No todo estaba dicho. La violencia seguiría enseñoreándose de la Argentina, y la institucionalidad, lejos de reponerse, descendería a su grado cero con la desaparición forzada de personas, que ya se había iniciado bajo el gobierno peronista. Algunos antecedentes desaconsejaron a los militares los juicios sumarios y los fusilamientos. El decisivo tuvo lugar el 27 de septiembre de 1975, cuando Francisco Franco condenó a muerte a varios militantes de ETA, provocando una ola de pedidos de piedad -entre ellos el de Pablo VI-, huelgas y levantamientos en toda España.

La opción por la desaparición de personas fue la fisura lógica y moral del régimen, expresada en el patetismo con que Videla, en una conferencia de prensa, intentó pensar lo impensable: «En tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, tendría un tratamiento ?x’, y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tendrá un tratamiento ?z’. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita. Es un desaparecido. No tiene entidad. No está. Ni muerto ni vivo. Está desaparecido».

Los esfuerzos de un grupo de civiles, coordinados por el radical Ricardo Yofre, subsecretario de la Presidencia, para acelerar una salida democrática quedaron sepultados bajo la competencia facciosa y sanguinaria de un haz de caudillos castrenses: Massera, Camps, Suárez Mason. Raúl Alfonsín estuvo entre esos dirigentes frustrados, aconsejando, en enero de 1977, la convocatoria a una constituyente y la instalación de un gobierno cívico-militar de transición, presidido por Videla.

Pero la dictadura que, bajo el nombre de Proceso de Reorganización Nacional, se inició el 24 de marzo de 1976 es uno de esos acontecimientos en los cuales, como enseña Hannah Arendt, los métodos desbordan a los objetivos. La restauración de la democracia de 1983 iba a ser el resultado de su fracaso, no de su éxito. Con su calamitoso derrumbe, terminó ajustando a las Fuerzas Armadas a su rol constitucional.

El golpe podría ser recordado, hoy, como el Apocalipsis que, sangriento y definitivo, clausuró un largo ciclo autoritario. Pero esta evocación pecaría por su exceso de optimismo.

El brutal atropello a derechos elementales y la exposición abierta de la violencia física impiden observar algunas continuidades entre aquella experiencia militar y este presente democrático. La Argentina eliminó de su batería de «soluciones» la opción castrense. Pero una parte de ella sigue confiando, como en 1976, en que la política puede ser redimida de sus lacras por un agente ajeno a ella. No desde los cuarteles, pero sí desde las empresas, los deportes o la farándula. Hoy los partidos no están condenados a proscripción alguna. Pero esa habilitación no implica su existencia. Este país, como aquel otro, carece de una organización estable para tramitar las disputas de poder. La acción directa y el bloqueo corporativo se han vuelto incruentos, pero están disponibles 35 años después. A nadie se le ocurriría en la Argentina de hoy emitir un dictamen como aquel Comunicado Nº 19 que establecía la censura. Pero los gobiernos siguen condenando a la sociedad a la presión sobre la prensa y a la manipulación informativa. El respeto a los derechos humanos ha tenido una gran evolución, pero por momentos quedan convertidos en una bandera sectaria, en un procedimiento capcioso al cual someter al adversario.

La sociedad argentina tiene derecho a recordar el 24 de marzo como un indicador de la magnitud de sus conquistas, de la distancia civilizatoria entre aquel entonces y este ahora. Pero ese espejo puede ponerse al servicio de un objetivo más edificante. Se lo puede interrogar como a aquella sombra terrible de Facundo a la que interpeló Sarmiento. Puede, en su desmesura, ayudar a vigilar y revertir los componentes autoritarios que todavía se esconden en el seno de la democracia.

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por Carlos Pagni

Por qué mucha gente apoyó a los militares
Ceferino Reato

Treinta y cinco años atrás, en las vísperas del derrocamiento de la presidenta Isabel Perón, no había encuestas ni sondeos que registraran qué pensaba la opinión pública, pero los diarios y revistas de la época sugieren que la mayoría de la gente estaba harta del gobierno peronista.

Claro que en estos tiempos de crispación y periodismo militante, y tan bien pago, alguien podría impugnar esta presunción con el argumento de que la prensa era golpista, en tanto integrante de un supuesto «eje del mal» que viene desde el fondo de nuestra historia, junto con la oligarquía y sus aliados transnacionales, los militares, la Iglesia Católica, los políticos y sindicalistas traidores y la clase media conservadora.

Sin embargo, aquella sensación de vacío de poder, de un gobierno que no podía controlar la situación, se reflejaba también en un diario de centroizquierda como La Opinión, de Jacobo Timerman, para no hablar del vespertino La Tarde, dirigido por su hijo, Héctor Timerman, el actual canciller, que era abiertamente golpista.

La Opinión daba algunos datos desoladores: cada cinco horas se producía un asesinato político y cada tres estallaba una bomba; la presidenta había nombrado un ministro cada 25 días, y la inflación llegó al 38% en marzo de 1976 y al 98,1 en los tres primeros meses del año.

Testigos confirman el estado de ánimo de la opinión pública. Por ejemplo, el periodista inglés Robert Cox, que dirigía el Buenos Aires Herald y luego, en la dictadura, se convertiría en un destacado defensor de los derechos humanos. «El 24 de marzo fue un día soleado, «peronista», como se decía. La mayoría de la gente estaba contenta pensando que las cosas iban a mejorar. Después sí vino el gran silencio», me dijo en una entrevista para el libro Operación Primicia . Cox agregó: «Todo 1975 se vivió como una tragedia griega, que desembocó en el golpe. Desafortunadamente, muchos argentinos estaban siempre buscando a los militares para que entraran al gobierno, ordenaran el país y dieran luego elecciones. Pasaba ahora también con gente de la izquierda: recuerdo que con mi mujer nos encontramos en una recepción en la embajada de Egipto con un periodista de El Cronista Comercial, que militaba en la izquierda, y con su esposa, que estaba embarazada. Ellos confiaban en que un gobierno militar pondría en marcha una represión más legal que la del gobierno de Isabel Perón, en el que aparecían cuerpos carbonizados en zanjones».

Precisamente, una de las tesis de mi libro es que muchos argentinos recibieron el golpe con alivio por dos razones. Por un lado, por la ineficacia y pérdida de legitimidad del gobierno, que había convertido en insolubles los problemas de la inflación, el desabastecimiento y la violencia política, y por la dramática debilidad del liderazgo de la viuda de Perón, que hasta se deprimía seguido. Más inquietante es la segunda razón: todos los actores relevantes colaboraron, en forma directa o indirecta y por diferentes razones, en la caída de Isabel, salvo, lógicamente, la presidenta y el puñado de políticos y sindicalistas que todavía la respaldaban.

Según el kirchnerismo, el golpe fue uno de esos momentos en que la hidra del mal coaguló para abortar los sueños y los ideales de los sectores populares, que eran fielmente interpretados por la «juventud maravillosa» de los años 70, de la cual el gobierno actual se considera el heredero legítimo.

Y sin embargo aquella «juventud maravillosa», al menos quienes siguieron integrando Montoneros, resultaron en parte responsables del golpe y del respaldo popular que recibió a los militares. Es que en aquel momento, el «objetivo político principal» de Montoneros era «el deterioro del gobierno de Isabel Martínez», que era visto como un velo, un obstáculo, para que el pueblo respaldara a la guerrilla en su marcha triunfal hacia la patria socialista, según un documento interno de 1977 («Curso de Formación de Cuadros del Partido Montonero Comandante Julio Roqué»). El propio Mario Firmenich confesó, en 1977, en una entrevista con Gabriel García Márquez, que «desde octubre de 1975 nosotros sabíamos que se gestaba un golpe militar para marzo del año siguiente» y «no tratamos de impedirlo». Los guerrilleros, en general, habían llegado a la conclusión de que el golpe los favorecería porque, puestos a elegir, los argentinos los respaldarían a ellos en su lucha contra los militares. Por eso crearon el Ejército Montonero, que debutó el 5 de octubre de 1975 con un ataque al cuartel de Formosa.

La «juventud maravillosa» no defendía la democracia ni los derechos humanos. No eran los únicos; eso formaba parte de una cultura política arraigada: en la Argentina, la democracia, con todo su contenido, sólo se convirtió en un valor relevante en 1983, luego de la sangrienta dictadura. Culpas repartidas, aunque no en la misma proporción, de una historia que resiste el estrecho e interesado molde del relato oficial.

por Ceferino Reato, periodista, es autor de Operación Primicia

Un fiscal anunció que se identificó el vuelo de la muerte de las monjas francesas y de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo

El último eslabón en la cadena del terror

La Unidad Especial de la Procuración analizó 2758 planillas de vuelo realizados entre 1976 y 1978. Al margen de Adolfo Scilingo, condenado en España, sólo hay un procesado con prisión preventiva por participar en los “vuelos de la muerte”.

La impunidad de centenares de militares, marinos, policías y civiles que participaron en los vuelos de la muerte podría comenzar a revertirse. El fiscal federal Miguel Osorio, que investiga el Plan Cóndor de coordinación entre las dictaduras del Cono Sur, dejó trascender el martes, durante un panel realizado en el Congreso, que está identificado el vuelo específico en el que fueron arrojadas al Río de la Plata las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo secuestradas por un grupo de tareas de la ESMA en diciembre de 1977. La investigación, que permitirá avanzar contra sus tripulantes y la cadena de mandos que les daba órdenes y les garantizaba el encubrimiento, fue realizada por la Unidad Fiscal de coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación y está en poder de los jueces federales Norberto Oyarbide –que instruye la causa Plan Cóndor–, Sergio Torres –a cargo de la megacausa ESMA– y también de Eduardo Taino, fiscal de la causa. Ante un pedido expreso de la Justicia, Página/12 omite por el momento los nombres de los involucrados y otros datos que puedan perturbar el avance de la pesquisa.

El informe final de la investigación realizada por la Unidad Especial que conduce el fiscal general Jorge Auat y coordina Pablo Parenti data del 19 de noviembre pasado. A partir de un universo de 2758 planillas de vuelo realizados entre 1976 y 1978, los investigadores analizaron regularidades y, en contraposición, excepciones: vuelos cuya duración no se condice con los puntos de despegue y aterrizaje, horarios sin relación lógica con las finalidades explicitadas, un mismo destino de salida y llegada en vuelos de “instrucción”, omisiones llamativas en los registros.

El universo se acota primero según la duración: por la velocidad de los aviones y en base a las precisiones que aportó el condenado ex capitán Adolfo Scilingo sólo se consideran vuelos de dos horas y media como mínimo. El segundo parámetro es el destino. Descartados los vuelos de duración justificada (a provincias del norte, la Mesopotamia o la Patagonia), los restantes tienen una particularidad: el despegue y el aterrizaje tiene lugar siempre en el Aeroparque Jorge Newbery o en la base de Punta Indio, y en algunos casos ambas en el primero. El dato es sugestivo: los dos vuelos en los que participó Scilingo despegaron desde Aeroparque. El marino confesó que “todos los ‘traslados’ tenían como plan de vuelo Punta Indio pero sin aterrizar: continuaban vuelo a baja altura mar adentro para no ser detectados por el radar de Mar del Plata”.

El tercer filtro es la nocturnidad, asociada por la Unidad Fiscal “a todo aquello que pretende ocultarse”. Los vuelos entre las seis de la tarde y las seis de la mañana son excepcionales: rondan el seis por ciento en 1976 y 1977, crecen hasta casi un diez por ciento en 1978. Por último se considera la “finalidad”. En más de la mitad de los casos se menciona un genérico “traslado”, por lo general con un objeto preciso: “material clasificado”, “buzos”, “maquinaria”, “contraalmirantes”. También figuran finalidades específicas: “apoyo regata”, “sanitario”, “relevo de personal”, “arrojar paracaidistas”, “vuelo de prueba”, “patrullaje” o “instrucción”. Los vuelos que sortean los cuatro filtros y en los que se menciona a Aeroparque como punto de partida y llegada son apenas once en tres años. Todos menos uno tienen por finalidad la “instrucción” y en ninguno se registra la existencia de pasajeros. A partir de este análisis se pudo individualizar el vuelo en el que se habría “trasladado” a las monjas francesas y a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

El operativo del grupo de tareas de la ESMA en la iglesia de la Santa Cruz fue el 8 de diciembre de 1977. Dos días después fue secuestrada Azucena Villaflor de De Vicenti. El grupo de familiares estuvo en cautiverio en la ESMA al menos hasta el 14 de diciembre, cuando los marinos fotografiaron a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet con una bandera de Montoneros de fondo y un ejemplar del día del diario La Nación en sus manos. Los restos aparecieron en las costas de San Bernardo y Santa Teresita entre el 20 y el 28 de diciembre, y fueron enterrados como NN en el cementerio de General Güemes. El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó en 2005 los restos de Duquet, de Angela Aguad y de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo: Villaflor de De Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco. “Las fracturas son compatibles con la caída desde una altura determinada y el impacto contra un cuerpo duro”, dictaminó el EAAF.

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El método argentino de desaparición de personas, que Rodolfo Walsh denunció en 1977 y Scilingo confesó en 1995, continúa dando frutos. Más allá de condenas aisladas como las de Riveros, Verplaetsen & Cía. por el asesinato de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver apareció en la costa uruguaya, los asesinos que participaron de las ejecuciones que según Scilingo bendijo la jerarquía eclesiástica e incluyeron hasta “invitados especiales” aún disfrutan de impunidad y anonimato.

Al margen de Scilingo, condenado en España a un millar de años de prisión, el único procesado con prisión preventiva por ese delito es el capitán Emir Sisul Hess, quien contó en privado que las víctimas “caían como hormiguitas”. El teniente de fragata Julio Alberto Poch, extraditado desde España luego de confesar su actuación ante colegas de la aerolínea holandesa Transavia, se benefició con una resolución de la Cámara Federal, que le encomendó al juez Torres mejorar los argumentos del procesamiento. El juez volvió este año a tomar una serie de declaraciones testimoniales en Holanda, pero no a pronunciarse sobre la situación del marino. El magistrado no avanzó aún contra la cadena de mandos que estaba por encima de Hess y de Poch, ni contra el suboficial Rubén Ricardo Ormello, quien –tal como informó Página/12 en 2009– relató ante sus compañeros de trabajo de Aerolíneas Argentinas su participación en vuelos que partían de Ezeiza. El juez Torres tampoco indagó aún al abogado Gonzalo Torres de Tolosa, mencionado por Scilingo entre quienes lo ayudaron a tirar personas al vacío en uno de los dos vuelos que confesó, y mucho menos a los capellanes Luis Antonio Manceñido y Alberto Angel Zanchetta, que sedaban las conciencias de los marinos y continúan en actividad en las filas de la Iglesia Católica.

por Diego Martínez

 

Avanza el análisis del rol de grupos económicos y del poder judicial durante el terrorismo de estado

La lupa sobre los cómplices e instigadores civiles

Una vez encaminados los juicios a los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, investigaciones en todo el país se detienen en la complicidad o la participación de empresarios y funcionarios del Poder Judicial en los crímenes y contribuyen a resignificar la última dictadura.

Algo está cambiando en el sistema judicial. Organismos de derechos humanos convertidos en querellantes, fiscales y jueces producen nuevos sentidos sobre lo que sucedió en el país durante el terrorismo de Estado. Uno de esos nuevos sentidos replantea la imagen de la dictadura: en línea con lo que empezó a suceder aisladamente hace años en La Plata, aparece en los alegatos y en las preguntas la expresión “dictadura cívico-militar”. Lo que sigue es un intento de abordar los efectos judiciales de esa resemantización de las palabras. La posibilidad de pensarlas como demanda de segunda generación.

En este proceso que deberá desarrollar la Justicia, hasta ahora se abrieron dos grandes caminos. Uno pone la lupa en el Poder Judicial. El otro, en las empresas.

En el primer caso, las causas parecen estar buscando no sólo a quienes estuvieron a la par de los represores, ejercieron torturas, interrogatorios o visitaron centros clandestinos sino también a quienes omitieron las investigaciones sobre las miles de denuncias de hábeas corpus que llevaban los familiares de las víctimas o abogados, muchos de los cuales terminaron desaparecidos. Uno de los casos paradigmáticos es Mendoza. El equipo de la fiscalía de Omar Palermo analizó unos 400 expedientes de la dictadura, entre ellos 150 hábeas corpus entre los cuales sólo uno fue aceptado por un juez y recién en 1982, con la dictadura debilitada. Esa investigación coronó un largo reclamo de justicia de sobrevivientes y familiares contra los camaristas Otilio Romano y Luis Francisco Miret, este último destituido este año por el Consejo de la Magistratura. El viernes pasado, el juez federal de Mendoza Walter Bento procesó a Romano por 72 hechos y como “partícipe secundario” por haber omitido investigar y haber garantizando la impunidad de los responsables a través del tiempo; procesó a Miret por 19 hechos, entre ellos no investigar denuncias de personas que hasta hoy continúan desaparecidas, pero además por robo y violación de domicilio; lo mismo hizo con el magistrado jubilado Guillermo Petra Recabarren y al ex juez Rolando Evaristo Carrizo lo procesó por 19 hechos.

Las causas sobre la Justicia parecen multiplicarse en todo el país. Al lado de casos más históricos, como los fiscales de la causa de Margarita Belén –Roberto Domingo Mazzoni y Carlos Flores Leyes– acusados de participar en interrogatorios ilegales, amenazar a detenidos y encubrir crímenes de lesa humanidad o el del ex juez Ricardo Lona, en Salta, por la masacre de Palomitas, parece haber una búsqueda sobre los responsables de garantizar la impunidad. No investigar. Archivar las causas de hábeas corpus. Desecharlas. A partir de la búsqueda de los hijos apropiados, se cuestiona a los jueces que blanquearon o intervinieron en la apropiación extendiendo ad etermun la desaparición de esos niños. Hace dos días, Hijos organizó un escrache al camarista Gustavo Mitchell: “Fue una pieza fundamental en el engranaje del robo sistemático de bebés, denunciado por haber entregado un bebé de 20 días apropiado en julio de 1976 al subcomisario Osvaldo Parodi, uno de los que participaron del secuestro de Sara Méndez, la madre de Simón Riquelo”, explicaron.

El otro campo, el intento con las empresas, es más difícil. De momento, la grieta judicial se abre de la mano de las querellas que están obligadas a buscar –para llegar a juicio– datos fácticos para juzgar a los responsables. El caso del Ingenio Ledesma en Jujuy, la Ford y Mercedes-Benz son algunos de los históricos. Pero hay otros. En el distrito de San Martín se elevó a juicio la primera parte de una causa por un grupo de obreros del astillero Astarsa. Pese a que los trabajadores denuncian que muchos de ellos fueron secuestrados directamente desde el interior de la planta, sólo se va a juzgar a responsables militares y no a los todavía supuestos responsables civiles.

Uno de los promotores de este escenario es el propio Estado Nacional. En el expediente sobre Papel Prensa, explica Pablo Barbuto, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ese organismo oficial se encargó de presentar el encuadre: “Si se analiza el comportamiento de los sectores económicos financieros dominantes, frente a los golpes de Estado y ante los gobiernos de facto emergentes de los mismos a partir de 1930, se verifican palmariamente los beneficios que le reportó su imbricación con los poderes de facto. Se constata así que existe una estructura de poder económico-social que de acuerdo a sus necesidades en cada etapa, buscó generar las rupturas del orden constitucional a fin de redefinir el bloque de poder y sus alianzas, realizar correcciones en el modelo económico y asegurar su implementación mediante la exclusión –llegando hasta el aniquilamiento– de las resistencias y oposiciones a sus proyectos, de los cuales los militares fueron portadores concretos”.

En ese espacio también se incluye una investigación promovida por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre sobre José Alfredo Martínez de Hoz, que antes de asumir el Ministerio de Economía fue integrante del directorio de Acindar.

Nueva mirada
Hace dos días se conoció el fallo completo de la sentencia por los crímenes del circuito ABO (Atlético-Banco Olimpo). Durante las largas jornadas del debate, la acusación, en manos de la fiscalía de Alejandro Alagia, intentó producir quiebres en la monótona lógica del sistema penal. Convocó entre los testigos a sociólogos y expertos para poder plantear una mirada distinta. Introdujo la discusión sobre el eje del genocidio. Presentó a las víctimas como militantes políticos. Ahora bien, cuando hacía las preguntas a los testigos, la fiscalía solía usar además la expresión “dictadura cívico-militar”, un modo que en más de una ocasión provocó la mirada perpleja e incómoda de acusadores y defensores. ¿Por qué hablar de dictadura cívico-militar?

“Tratamos de resemantizar el lenguaje procesal –dice Gabriela Sosti, de la fiscalía–. No sólo nos interesaba la condena, sino la explicación de la verdad histórica en otro contexto que no fuera el de la literatura y organismos de derechos humanos, sino en el ámbito del Poder Judicial.” Eso que suele estar puesto en la voz de las querellas, dice Sosti, aparecía de otro modo en voz de la fiscalía, una de las agencias de Poder Judicial. Algunas querellas vienen sosteniendo esa postura hace tiempo, mientras otras creen que aún no es el momento. Ana Oberlin representa a los hermanos Gonçalves en el juicio a Luis Abelardo Patti en San Martín. Cuando leyó el alegato con su compañero Pablo Llonto habló de “dictadura cívico-militar”. Lo había hecho tiempo atrás en Rosario. “Con todo lo que está surgiendo en los juicios, está cada vez más claro que la expresión ‘dictadura militar’ invisibiliza el rol muy importante que tuvieron todos los intereses económicos”. Siempre pensaba en este tipo de cosas, dice Oberlin, que es docente y especialista en derecho penal. “Me acuerdo de que uno de los docentes siempre nos decía en la universidad que el retorno a la formalidad democrática no se recupera sólo con volver a votar sino en cómo hay que nombrar las cosas: mostrar que sólo fueron los militares es un error porque el proceso de impunidad que siguió durante tantos años no se entiende si sólo se trató de una cosa militar.”

Ana María Careaga es sobreviviente del circuito ABO y querellante además en ESMA, donde estuvo secuestrada su madre. “Si bien es un avance incluir la participación civil en la dictadura para no reducir solamente todo a las Fuerzas Armadas –dice–, hay que darle una vuelta más: no sólo hay que hablar de algunos procesos y de las denuncias de quienes estuvieron involucrados en la represión, sino de los grandes empresarios y es necesario profundizar esa veta, incluirlos en un marco del proceso saludable de juzgamiento.”

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El fiscal Félix Crous dice que la insistencia por abrir esa perspectiva existe desde hace tiempo. Que en los ochenta aparecieron los primeros señalamientos, por ejemplo, al rol de la prensa. O que el Nunca Más habla de persecución a los obreros. Pero admite que su potencial no se capitalizó por la suerte que corrieron los juicios. “El tema reverdeció, creció y se desarrolló con el tiempo –aclara–, con el trabajo por ejemplo del juez Leopoldo Schiffrin, que fue un pionero marcando rumbos.” Hay rastros desde 1998, con el comienzo de los juicios por la verdad, que abrieron caminos cuando las leyes de impunidad bloquearon a la Justicia. Entre esos hitos también estuvo el trabajo del juez Carlos Rozanski. El año pasado, Crous habló de “dictadura cívico-militar” en el juicio a los jefes de Area, una postura que le generó un incidente con un defensor del represor Olivera Rovere. Ahora dice que anda un paso más adelante: como fiscal del juicio por los crímenes de El Vesubio, no hablará de dictadura militar ni de cívico-militar en los alegatos sino de “dictadura” a secas o de “tiranía” porque así englobaría todas las categorías.

Una de las razones que parecen estar por detrás de estas nuevas búsquedas es el avance en las causas de primera generación: los juicios a los responsables directos y a los ejecutores militares y de las fuerzas de seguridad. Pablo Parenti es coordinador de la Unidad de Investigación fiscal de los juicios de lesa humanidad. Dice que encaminado el primer proceso de justicia –demorado durante más de treinta años–, es posible pensar que las demandas empiezan a ser otras. “Los procesos expanden sus miradas producto del avance y es lógico: no podíamos dejar de juzgar a Astiz, al Tigre Acosta, a Guglielminetti; no podés no juzgar ESMA, ABO. Ahora que eso avanzó, y mientras la prueba se enriquece a través de los nuevos testimonios, empiezan a aparecer sectores no iluminados judicialmente, como el papel de los civiles.” Habrá que ver, ahora, aclara, ¿qué es participación civil? O si eso es material de juicio penal. Ahora bien, ¿para qué sirven estos reclamos? El sociólogo Daniel Feierstein, que está pensando hace tiempo el genocidio, hace unos días dio una pista durante un debate en la Facultad de Derecho. ¿Cuál es la importancia de los juicios?, se preguntó. ¿Qué importa que a este grupo de ancianos les den diez o quince años más de prisión? O volviendo al comienzo: para qué hablar de dictadura cívico-militar. Lo que pasa dentro de la Justicia no sólo tiene que ver con la justicia sino con la producción de la idea de verdad. Si los fallos replantean definiciones, entonces la verdad histórica de este presente podría pensarse distinta. Y la apuesta es no a un cambio en el pasado, entonces, sino el mismo presente.

por Alejandra Dandan

Informe especial de Perfil.com a 35 años del Golpe
Quiénes integran la Línea Fundadora, las «otras» Madres de Plaza de Mayo
Desde que se separaron de Bonafini, en 1986, mantienen el bajo perfil. Diferencias políticas, económicas y de infraestructura.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo tiene fama mundial, entre otras cosas, por la omnipresencia y verborragia de Hebe de Bonafini. Pero no son las únicas Madres de desaparecidos organizadas ni mucho menos las primeras que fueron a la Plaza durante la dictadura. En realidad, ésas fueron las poco conocidas Madres Línea Fundadora (MLF), que aunan la misma cantidad de familiares de víctimas y pese a ello no reciben dinero del Gobierno.

Según averiguaciones que realizó Perfil.com, la agrupación de Hebe está integrada por unas 60 madres de hijos de desaparecidos durante la última dictadura en todo el país, de las cuales la mitad residen en Capital y GBA. Igual número y proporción que las Madres fundadoras.

Pero mientras las MLF sólo tienen una sede modesta en el Centro porteño y se financian con actividades sociales y educativas propias, Bonafini posee una infraestructura mucho mayor con la Asociación, la Fundación -encargada de los millonarios planes de vivienda con dinero del Gobierno-, la Universidad de las Madres y la emisora de radio.

En detalle, la Fundación de Bonafini recibió 3 millones pesos de la Jefatura de Gabinete en 2007, según se informó en el Boletín Oficial, y otros $8 millones entre 2007 y 2010 para la construcción de casas, de acuerdo a una investigación de Noticias.

Asimismo, en 2008 el Banco Credicoop otorgó un préstamo por $10.000.000 a la Fundación de Madres según informes comerciales. Y el año pasado, el programa radial la «Voz de las Madres» recibió 888.000 pesos en concepto publicidad oficial, según declaró la Jefatura de Gabinete.

La Línea Fundadora, en cambio, tuvo que funcionar durante diez años en un edificio anexo del Serpaj que el mismo Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, les construyó y prestó por falta de recursos. A fines de los ’90 pudieron independizarse y alquilar una sede propia. Su presidenta es Marta Ocampo de Vásquez y sus miembros más «mediáticas» son Nora Cortiñas y «Taty» Almeyda, conocida por editar exitosos libros sobre hijos desaparecidos.

Los orígenes. El 30 de abril de 1977 catorce madres de jóvenes universitarios y militantes que no habían vuelto a sus casas se presentaron por primera vez en la Plaza. Azucena Villaflor, la figura mítica de las Madres secuestrada por Alfredo Astiz, fue quien las reunió. De ese grupo, las seis que aún viven y siguieron la lucha son todas de las MLF. Hebe recién se sumó a los dos meses junto a un combativo grupo de La Plata.

Del grupo de «las 14» -así las llaman en MLF- hoy siguen acudiendo en la sede de la calle Piedras al 100 Haydeé Gastellú de García Buela, Mirta Acuña de Baravalle, Raquel Marizcurrena, Raquel Asrcushin y «Pepa» Anoia, la encargada de un valiosísimo archivo fotográfico y de videos.

En una entrevista con Noticias en 2006, el ex director de The Buenos Aires Herald, Robert Cox, contó sobre aquellas primeras marchas: «Yo tengo mucha simpatía por Bonafini, obviamente sufrió mucho. Pero ella no fundó las Madres, no estaba entre las fundadoras. La primera vez que vi a Hebe fue afuera del país, en Nueva York en 1980».

Perfil.com intentó conocer la historia en boca de las propias MLF pero éstas, en asamblea, decidieron no hablar con este medio. Su presidenta sólo se limitó a responder que «Hebe llegó a la Plaza con un grupo de madres platenses muy politizado y nunca cedió a sus convicciones».

Las Madres se constituyeron como Asociación el 22 de agosto de 1979 en La Plata. En el «acta de principios», la entidad proclamaba «evitar la influencia de factores políticos o sectoriales». Los cargos se eligieron por votación: la presidenta electa, con 14 sufragios, fue «Doña Hebe Pastor de Bonafini»; vicepresidenta resultó elegida la otra madre fuerte del grupo, Adela de Antokoletz y Cortiñas, la tercera voz mandante, protesorera.

En 1983 regresó la democracia, el contexto político cambió y las Madres también. Surgió el incendiario Diario de las Madres, que criticó sin paliativos al gobierno de Alfonsín. La facción de Hebe rechazó el Juicio a las Juntas, la Conadep de Ernesto Sábato y hasta se divorció de los otros organismos de DDHH, como las Abuelas de Estela de Carlotto.

El divorcio. Así fue como en 1986 el núcleo fundador encabezado por Antokoletz y Cortiñas se separó de las Madres de Bonafini y ‘Porota’ Meroño. Razones hubo varias: políticas (Hebe no quiso hablar con Raúl Alfonsín), ideológicas (se negó a la inhumación de restos e indemnizaciones del Estado) y de formas (era confrontativas y las MLF eran  dialoguistas).

La titular de la MLF sintetizó las diferencias en ese breve encuentro con Perfil.com. «La Asociación de Bonafini tiene una organización vertical y nosotras siempre quisimos una horizontal», explicó. En su web, las MLF reseñaron: «En el 86′ sosteníamos que no existía democracia interna en la Asociación, que hay desborde en el discurso, marcado tinte político partidista en el periódico y en el mismo discurso –que está invariablemente a cargo de la misma persona-«. No hace falta decir cuál.

Hebe, en tanto, dio su punto de vista acerca de las diferencias con MLF en una entrevista reciente con un matutino neuquino. «Las MLF querían seguir pidiendo por sus propios hijos y estaban a favor de la exhumación de cadáveres y la reparación económica. Es muy duro decirle a una madre que guarde la foto de su hijo desaparecido en la cartera. Claro que es muy duro. Pero les dimos el tiempo necesario para pensarlo».

Sin embargo, Bonafini omitió a las fundadoras en su histórico discurso del 6 de julio de 1988 en el espacio Liber-Arte, acaso de los pocos en los que contó la «historia oficial» de las Madres. Tampoco aparecen hoy las MLF en los medios. Para la mayoría, las Madres de Plaza de Mayo empiezan y terminan con Hebe de Bonanfini.

A todo esto, Perfil.com quiso dialogar directamente con Bonafini, pero ella respondió en su idioma: «¿Ahora quieren hablar con nosotras? No. Perfil es un sorete». Y cortó el teléfono.

por Diego Gueler

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Jorge Videla, al dejar la presidencia de facto, en 1980 – Archivo Días de Historia

Fuente: 

Diario La Nación 24/3/2011

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