Dos víctimas del franquismo, felices al ser escuchadas por la Audiencia Nacional

La querella se presentó en 2010 en Argentina por ‘delitos de genocidio y lesa humanidad’. Una de las mujeres relata que su máxima satisfacción es contar lo que le pasó a su familia.

Dos mujeres nonagenarias han relatado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y a la juez argentina María Servini las represiones a las que fueron sometidos miembros de sus familias durante el franquismo, en el que han calificado como un día feliz tras ser escuchadas al fin por un juez. Faustina Romeral Cervantes, de 90 años, y Teresa Álvarez Alonso, de 93, han sido las primeras víctimas del franquismo que han declarado en la Audiencia Nacional de Madrid, aunque por exhorto dentro del proceso que la juez argentina lleva en su país en virtud al principio de justicia universal. Lo han hecho ante Andreu y Servini y a petición de esta última, que investiga una querella por crímenes en la dictadura española y ha culminado en Madrid un recorrido por varios juzgados del país, en el que ha interrogado a víctimas que, por su edad, no pueden desplazarse a Argentina a prestar declaración. Tras comparecer ante los dos jueces y ante el fiscal argentino Ramiro González, Teresa Álvarez Alonso, cuyo padre, abuelo y dos hermanos fueron represaliados, ha lamentado a preguntas de los periodistas que «los culpables» de lo que le sucedió a su familia no podrán ser juzgados «porque han muerto todos», por lo que único que espera con este procedimiento «es la reparación». Para esta víctima del franquismo la máxima satisfacción hoy día es contar lo que le ha pasado a ella y a su familia. «Eso me alegra mucho; no tengo memoria, pero eso lo tengo grabado. Estoy muy contenta» ha subrayado. No obstante, tiene esperanzas de que la juez argentina, que a su salida de la Audiencia se ha mostrado satisfecha del interrogatorio, pueda «hacer algo» y de que «todo llegue a buen puerto», aunque duda que pueda llegar a verlo porque es «muy mayor». El abogado argentino que lleva la querella, Carlos Slepoy, ha explicado a los medios que con esta declaración las víctimas se acercan «cada vez más al momento del fin de la impunidad» en España, un país donde «las víctimas permanecen aún en las cunetas y en las fosas y no hay posibilidad de reparación». Ha recordado que la jueza Servini ha dictado sendos exhortos a la justicia española para abrir una fosa en el cementerio de Guadalajara y tomar muestras de ADN a Ascensión Mendieta, de 88 años, hija una de las 17 personas que estarían allí enterradas. La petición de apertura de la fosa recayó hace meses sobre un juzgado de Guadalajara y aún tiene que resolverla, y mientras tanto hoy Mendieta ha depositado dicha prueba en la Audiencia Nacional. A juicio de Slepoy, la Audiencia Nacional debería encargarse de este asunto, ya que es un tribunal que investiga delitos cometidos en todo el ámbito estatal y los querellantes argentinos pretenden pedir la exhumación de más fosas en otros puntos de la geografía. En concreto, según ha señalado otro de los abogados argentinos, Máximo Castex, los querellantes pedirán a la jueza Servini que reclame a la justicia española la exhumación de fosas cuya localización le han detallado víctimas del País Vasco y Andalucía durante su estancia estos días en España. Después de tomar declaración a las víctimas, Servini se ha trasladado a visitar el Archivo Histórico Nacional de Madrid. La jueza ha dictado un exhorto pidiendo la apertura de archivos militares y eclesiásticos como garantes en procesos de justicia y reparación. La querella en Argentina se presentó en 2010 por «delitos de genocidio y/o lesa humanidad» cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y abarcan el periodo comprendido entre julio de 1936, cuando se produjo el levantamiento militar, y el 15 de junio de 1977, casi dos años después de la muerte de Francisco Franco. En el marco de la instrucción Servini pidió a las autoridades españolas la extradición a Argentina por torturas del ex inspector de Policía Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, capitán Muñecas, pero la Audiencia Nacional rechazó su entrega al considerar que los delitos están prescritos. Fuente: 

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Diario El Mundo 29/5/2014

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