Argentina fue donde más víctimas se cobró la Operación Cóndor

Fueron 348 de 503. Lo revela Grégoire Champenois, coordinador del libro Operación Cóndor. 40 años después, presentado días atrás en Buenos Aires. La coordinación represiva sudamericana fue más feroz aquí porque Argentina fue el último país en entrar y por tanto había muchos exiliados.

La noche del 30 de septiembre de 1974 una bomba estalló en el automóvil del general chileno Carlos Prats, quien se encontraba desde hacía poco más de un año refugiado en Buenos Aires junto a su esposa Sofía Cuthbert. Ambos fallecieron en el acto. Estaban exiliados en la Argentina luego de que el dictador Augusto Pinochet derrocara el 11 de septiembre de 1973 al presidente socialista Salvador Allende. Ese asesinato se transformaría en uno de los antecedentes más importantes de la  Operación Cóndor, el plan de las fuerzas represivas del Cono Sur para perseguir de modo coordinado a los disidentes políticos, donde hubieran huído. «Todavía no estaba institucionalizado el Cóndor pero ya toda la estructura de lo que sería estaba funcionando», asegura a Tiempo Grégoire Champenois (35), coordinador del libro Operación Cóndor. 40 años después. El caso Prats fue un anuncio de lo que vendría: de acuerdo al trabajo, la Argentina se transformó en el territorio donde se contabilizó la mayor cantidad de víctimas: 348 sobre un total de 503. Champenois integra el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), que tiene  entre sus referentes al jurista español Baltasar Garzón, y se encuentra bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés). Historiador con un máster en Archivística y Cultura, Champenois llegó al país en 2006, oriundo de Nantes, una ciudad ubicada en el oeste de Francia.El libro está compuesto por diferentes voces de especialistas en la materia. No sólo regionales. También aportaron su visión estadounidenses y europeos. «Esa es la parte novedosa de este libro en comparación con todas las investigaciones que se hicieron sobre la temática». Entre los referentes invitados se destacan, entre otros, las argentinas Stella Calloni y Meilsa Slatman y los estadounidenses John Dinges y J.Patrice Mc Sherry. Según Chamepnois, el plan represivo tuvo 503 víctimas. «Nosotros publicamos un listado de 377. El criterio fue que esté comprobada la coordinación represiva de al menos dos países. Es un listado que no está cerrado. La CIPDH lo va a ir ampliando», explica. El trabajo contabilizó en el período 1974-1981: 219 desapariciones, 38 asesinatos, 84 víctimas liberadas, un fugado, 13 expulsados, 12 identidades recuperadas, cuatro intentos de asesinato, un niño localizado y cinco suicidios.La mayoría de los casos pasaron en la Argentina por ser el último país en entrar en la etapa de las dictaduras. Por tal motivo, se convirtió en una trampa mortal para muchos militantes y dirigentes que se escapaba de la represión en sus propios países. «Los uruguayos fueron los más afectados por esta operación», añade el historiador francés. Entre los tres países con más víctimas se encuentran Uruguay con 177 casos, Argentina con 72 y Chile con 64. -¿Qué motivó la realización de un libro sobre el tema?, le preguntó este cronista a Champenois. -El 40º aniversario de la Operación y también poder participar de una de las directivas de la UNESCO, que es la promoción de la memoria de patrimonio mundial. La UNESCO tiene un registro que se llama Memorias del mundo, que promueve el patrimonio documental de acontecimientos de importancia global. En el Cono Sur la mayoría tiene que ver con las violaciones a los Derechos Humanos. -A partir de la concepción de este libro, ¿cómo explica  la Operación Cóndor? -Hay mucha confusión, a veces se confunde a las dictaduras con la Operación Cóndor. En realidad es la coordinación de al menos dos fuerzas represivas del Cono Sur para perseguir a los disidentes políticos. Su concepción se retrotrae a los años ‘60. Esa coordinación para la represión se va reforzando a medida que las dictaduras van alcanzando el poder. En noviembre de 1975 se lleva a cabo en Santiago de Chile una reunión de las agencias de seguridad de todo el Cono Sur salvo Perú y Ecuador, que se sumaron unos años después, en la que se institucionaliza la coordinación represiva. La Argentina fue el único país que siendo democrático integró el operativo. Lo cierto es que el contexto político era favorable para que se institucionalice algo que ya estaba ocurriendo. Eso no pasa solo porque existían dictaduras. También estaba el contexto de la Guerra Fría y la derrota norteamericana en Vietnam, por lo que Estados Unidos ya no quiere intervenir directamente en los países sino que apoya la lucha contra el comunismo. -¿Cuál fue el rol de Estados Unidos en el operativo? -Varía según los actores. La CIA tuvo un papel fundamental: fue el órgano que capacitó en los años ‘60 y ‘70 a los militares de América Latina en la actividad «contrainsurgente». Fue el responsable mayor y no estuvo presente en la famosa reunión de 1975, en Chile. El Congreso y el ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, también jugaron su rol. Y los presidentes estadounidenses, según de quién se trate, tuvieron uno u otro papel. Por otro lado, es gracias a la justicia estadounidense que ya entre 1977 y 1978 sabemos de la existencia de la Operación Cóndor, después de un atentado en Washington. -El rol de Chile y de su Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) también fue fundamental para que este plan represivo se expanda por la región… -Sí. El dictador Augusto Pinochet y Manuel Contreras, jefe  de la DINA, fueron los cerebros de la primera reunión. Se pudo comprobar que Contreras fue recibido directamente en Washington en la CIA y ahí seguramente hubo un apoyo financiero por parte de la central de inteligencia. -¿Existen países que muestren mayores relaciones de sus fuerzas represivas con respecto a otros? -Eso varía según las épocas. Cuando el contexto político cambió, la coordinación también. Entre Argentina y Chile después de la crisis del Canal de Beagle no hubo más coordinación. Otra variable de cambio es la actividad de los militantes en cada país. En 1976, por ejemplo, hubo una coordinación muy importante entre Argentina y Uruguay en la persecución de los uruguayos refugiados en Buenos Aires. -¿Cuándo fechan el final del plan criminal y qué consecuencias tuvo? -No tenemos una fecha de clausura del operativo y no creo que exista. Se va extinguiendo a principios de la década del ’80, poco a poco, con la llegada de las democracias en la región. Pero notamos que no desaparece sino que hay una mutación de la coordinación de las fuerzas represivas. Un caso conocido es el del militar chileno Barrios: en los años ’90, pudo escapar de la justicia chilena gracias a la coordinación con las fuerzas de otros países. Terminó refugiado en Uruguay. Murió luego en consecuencias muy oscuras. A este hecho lo calificamos como post-Cóndor. -A cuatro décadas de distancia, ¿qué balance hace del estado de conocimiento que hay sobre el tema? -Falta investigar. Hubo muchos trabajos pero faltan más. Sobre todo se deben abrir muchos archivos clasificados en los estados de la región y en Europa. Los europeos sabían lo que estaba pasando. Allí hay una fuente interesante para investigar. Y en la región, hasta que no se desclasifiquen todos los documentos nunca sabremos toda la verdad. También tenemos que asumir que muchos de esos archivos desaparecieron y nunca se van a encontrar.  -¿Qué expectativa tienen con la difusión del libro? -Desde el CIPDH queremos hacer conocer el libro a nivel regional. Esperamos que sea tomado como un llamado a nuevas investigaciones y que los archivos clasificados se abran para aportar más datos. « La noche del 30 de septiembre de 1974 una bomba estalló en el automóvil del general chileno Carlos Prats, quien se encontraba desde hacía poco más de un año refugiado en Buenos Aires junto a su esposa Sofía Cuthbert. Ambos fallecieron en el acto. Estaban exiliados en la Argentina luego de que el dictador Augusto Pinochet derrocara el 11 de septiembre de 1973 al presidente socialista Salvador Allende. Ese asesinato se transformaría en uno de los antecedentes más importantes de la  Operación Cóndor, el plan de las fuerzas represivas del Cono Sur para perseguir de modo coordinado a los disidentes políticos, donde hubieran huído. «Todavía no estaba institucionalizado el Cóndor pero ya toda la estructura de lo que sería estaba funcionando», asegura a Tiempo Grégoire Champenois (35), coordinador del libro Operación Cóndor. 40 años después. El caso Prats fue un anuncio de lo que vendría: de acuerdo al trabajo, la Argentina se transformó en el territorio donde se contabilizó la mayor cantidad de víctimas: 348 sobre un total de 503. Champenois integra el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), que tiene  entre sus referentes al jurista español Baltasar Garzón, y se encuentra bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés). Historiador con un máster en Archivística y Cultura, Champenois llegó al país en 2006, oriundo de Nantes, una ciudad ubicada en el oeste de Francia.El libro está compuesto por diferentes voces de especialistas en la materia. No sólo regionales. También aportaron su visión estadounidenses y europeos. «Esa es la parte novedosa de este libro en comparación con todas las investigaciones que se hicieron sobre la temática». Entre los referentes invitados se destacan, entre otros, las argentinas Stella Calloni y Meilsa Slatman y los estadounidenses John Dinges y J.Patrice Mc Sherry. Según Chamepnois, el plan represivo tuvo 503 víctimas. «Nosotros publicamos un listado de 377. El criterio fue que esté comprobada la coordinación represiva de al menos dos países. Es un listado que no está cerrado. La CIPDH lo va a ir ampliando», explica. El trabajo contabilizó en el período 1974-1981: 219 desapariciones, 38 asesinatos, 84 víctimas liberadas, un fugado, 13 expulsados, 12 identidades recuperadas, cuatro intentos de asesinato, un niño localizado y cinco suicidios. La mayoría de los casos pasaron en la Argentina por ser el último país en entrar en la etapa de las dictaduras. Por tal motivo, se convirtió en una trampa mortal para muchos militantes y dirigentes que se escapaba de la represión en sus propios países. «Los uruguayos fueron los más afectados por esta operación», añade el historiador francés. Entre los tres países con más víctimas se encuentran Uruguay con 177 casos, Argentina con 72 y Chile con 64. -¿Qué motivó la realización de un libro sobre el tema?, le preguntó este cronista a Champenois. -El 40º aniversario de la Operación y también poder participar de una de las directivas de la UNESCO, que es la promoción de la memoria de patrimonio mundial. La UNESCO tiene un registro que se llama Memorias del mundo, que promueve el patrimonio documental de acontecimientos de importancia global. En el Cono Sur la mayoría tiene que ver con las violaciones a los Derechos Humanos. -A partir de la concepción de este libro, ¿cómo explica  la Operación Cóndor? -Hay mucha confusión, a veces se confunde a las dictaduras con la Operación Cóndor. En realidad es la coordinación de al menos dos fuerzas represivas del Cono Sur para perseguir a los disidentes políticos. Su concepción se retrotrae a los años ‘60. Esa coordinación para la represión se va reforzando a medida que las dictaduras van alcanzando el poder. En noviembre de 1975 se lleva a cabo en Santiago de Chile una reunión de las agencias de seguridad de todo el Cono Sur salvo Perú y Ecuador, que se sumaron unos años después, en la que se institucionaliza la coordinación represiva. La Argentina fue el único país que siendo democrático integró el operativo. Lo cierto es que el contexto político era favorable para que se institucionalice algo que ya estaba ocurriendo. Eso no pasa solo porque existían dictaduras. También estaba el contexto de la Guerra Fría y la derrota norteamericana en Vietnam, por lo que Estados Unidos ya no quiere intervenir directamente en los países sino que apoya la lucha contra el comunismo. -¿Cuál fue el rol de Estados Unidos en el operativo? -Varía según los actores. La CIA tuvo un papel fundamental: fue el órgano que capacitó en los años ‘60 y ‘70 a los militares de América Latina en la actividad «contrainsurgente». Fue el responsable mayor y no estuvo presente en la famosa reunión de 1975, en Chile. El Congreso y el ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, también jugaron su rol. Y los presidentes estadounidenses, según de quién se trate, tuvieron uno u otro papel. Por otro lado, es gracias a la justicia estadounidense que ya entre 1977 y 1978 sabemos de la existencia de la Operación Cóndor, después de un atentado en Washington. -El rol de Chile y de su Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) también fue fundamental para que este plan represivo se expanda por la región… -Sí. El dictador Augusto Pinochet y Manuel Contreras, jefe  de la DINA, fueron los cerebros de la primera reunión. Se pudo comprobar que Contreras fue recibido directamente en Washington en la CIA y ahí seguramente hubo un apoyo financiero por parte de la central de inteligencia. -¿Existen países que muestren mayores relaciones de sus fuerzas represivas con respecto a otros? -Eso varía según las épocas. Cuando el contexto político cambió, la coordinación también. Entre Argentina y Chile después de la crisis del Canal de Beagle no hubo más coordinación. Otra variable de cambio es la actividad de los militantes en cada país. En 1976, por ejemplo, hubo una coordinación muy importante entre Argentina y Uruguay en la persecución de los uruguayos refugiados en Buenos Aires. -¿Cuándo fechan el final del plan criminal y qué consecuencias tuvo? -No tenemos una fecha de clausura del operativo y no creo que exista. Se va extinguiendo a principios de la década del ’80, poco a poco, con la llegada de las democracias en la región. Pero notamos que no desaparece sino que hay una mutación de la coordinación de las fuerzas represivas. Un caso conocido es el del militar chileno Barrios: en los años ’90, pudo escapar de la justicia chilena gracias a la coordinación con las fuerzas de otros países. Terminó refugiado en Uruguay. Murió luego en consecuencias muy oscuras. A este hecho lo calificamos como post-Cóndor. -A cuatro décadas de distancia, ¿qué balance hace del estado de conocimiento que hay sobre el tema? -Falta investigar. Hubo muchos trabajos pero faltan más. Sobre todo se deben abrir muchos archivos clasificados en los estados de la región y en Europa. Los europeos sabían lo que estaba pasando. Allí hay una fuente interesante para investigar. Y en la región, hasta que no se desclasifiquen todos los documentos nunca sabremos toda la verdad. También tenemos que asumir que muchos de esos archivos desaparecieron y nunca se van a encontrar. -¿Qué expectativa tienen con la difusión del libro? -Desde el CIPDH queremos hacer conocer el libro a nivel regional. Esperamos que sea tomado como un llamado a nuevas investigaciones y que los archivos clasificados se abran para aportar más datos.  Informan hoy las penas por el robo del Nieto 109 El Tribunal Oral Federal Nº 5 dará a conocer hoy la sentencia para los tres acusados por la apropiación de Pablo Athanasiu Laschan, el Nieto 109 en ser restituido por Abuelas. En el banquillo estarán sentados el ex agente de la Policía Federal de Rosario, Enrique Andrés López, y su esposa, Clementina Saunier, ambos procesados por la retención y ocultación de Pablo durante 37 años. También estará el ex comisario Juan Dib, señalado como el entregador en 1976.  En las últimas audiencias, la querella de Abuelas y la fiscalía leyeron sus alegatos y realizaron los pedidos de penas. Los fiscales Pablo Parenti, titular de la Unidad de apropiaciones, y Miguel Ángel Osorio reclamaron 15 años de prisión para López y para Dib, quien era su superior en la regional de Rosario de la Policía Federal. Para ambos, los fiscales pidieron la máxima pena prevista para estos delito: «Si las penas máximas no se aplican en estos casos, resulta muy difícil imaginar en qué casos se aplicarían», argumentaron. En cambio, para Saunier, reclamaron once años de cárcel.En el caso de Abuelas, el abogado Alan Iud pidió penas similares: 15 años para López, 14 para el ex comisario Dib y 10 años para Saunier. Pablo, quien se quitó la vida a comienzos de este año, nació el 29 de octubre de 1975. Sus  padres, Frieda Laschan Mellado y Ángel Omar Athanasiu Jara, eran militantes chilenos que se habían exiliado en el país. En abril de 1976, toda la familia fue secuestrada en el hotel donde residían.  Sus padres continúan desaparecidos mientras que Pablo logró recuperar su identidad en 2013. En el juicio se leyeron fragmentos de su declaración en la que se refirió al día que le dieron el resultado del análisis de ADN: «Fue emocionante, fue como ponerle caras a algo que yo no tenía, cuando vi las fotos de mis padres.» por Franco Mizrahi Fuente: 

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Diario Tiempo Argentino 21/12/2015

Argentina fue donde más víctimas se cobró la Operación Cóndor
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