Aceptaron como prueba la documentación que un testigo guardó durante tres décadas

Los abogados defensores se opusieron a que se tuviera en cuenta la lista aportada por Juan Carlos Clemente.

Parte de la lista aportada – Fotografía Diario Clarín

Centenares de historias de vida se acumulan en las más de 250 viejas hojas que se incorporaron en el juicio que investiga el funcionamiento de un ex centro clandestino de detención en la ex Jefatura de Policía. Comenzarán a ser analizadas en detalle desde el martes.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) aceptó la prueba documental luego de que el martes, sorpresivamente, la entregase el ex militante peronista secuestrado Juan Carlos Clemente, quien luego revistó en la Policía Provincial entre 1977 y 1984. El testigo deberá volver al recinto para seguir declarando la próxima semana.

Los papeles tienen un alto valor para la decisión final que deberán tomar los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi, pero ayer quedó evidenciado que mayor aún es el peso emotivo de las listas, donde figuran los nombres de 293 detenidos (la mayoría de ellos -mencionados también por sus alias- están desaparecidos); datos de cadáveres identificados (en hospitales, comisarías y seccionales de la capital y del interior, con cinco casos de otras provincias); de personas buscadas (con gran descripción de datos individuales, filiatorios, de militancia y de simpatía ideológica) y de operativos dispuestos.

Entre los documentos hay transcripciones manuscritas de interrogatorios; informes detallados de seguimientos de inteligencia; oficios presuntamente firmados por el entonces juez federal Manlio Martínez (mediante ellos, había ordenado la exhumación o la entrega de restos de fallecidos); notas con firma y sello de distintos jefes policiales (varias llevan la rúbrica que sería de Roberto Albornoz) y hasta evaluaciones de la conducta de efectivos para solicitar ascensos.

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En la documentación que Clemente ocultó durante tres décadas hay fojas en buen estado y otras, tipiadas sobre papel vegetal, están casi ilegibles y con sensible deterioro. Pese a estos problemas, la documentación puede ser leída, cotejada y contrastada en caso de que se requieran peritajes como los planteados por los abogados defensores, que ayer intentaron que ese material sea rechazado.

En ese sentido, Ezequiel Avila Gallo (defensor de Albornoz) abrió el debate al formalizar su oposición a la incorporación de la prueba por considerarla extemporánea en términos procesales y que la introdujo un testigo para demostrar la veracidad de su declaración. Su moción fue respaldada por Ciro Lo Pinto, quien alegó que recibió con poco tiempo de anticipación la documentación y que habría contradicciones, ya que no figuran en las listas nombres de personas que testificaron como ex detenidos sobrevivientes. «Podría haber aparecido mucho antes. Tendremos que armar una contraprueba, hablar con nuestros detenidos y hacerla peritar», aseveró el letrado de Luis y Carlos de Cándido.

Lo Pinto requirió ayer el aporte de Pablo Lauthier, quien intervino como letrado de Antonio Bussi (apartado del juicio) y de Alberto Cattáneo (falleció). Ya tiene la colaboración de Roberto Flores.

Por la verdad material
El criterio de los defensores fue refutado por la acusación. «La investigación sobre la verdad material de los hechos es el objetivo central de este proceso. Las debilidades de esta democracia nos impidieron, en sus primeros tiempos, realizar allanamientos para conseguir los documentos, y es ridículo que se quiera prohibir a un ciudadano entregar estos papeles a la Justicia», explicó Laura Figueroa, quien criticó al fiscal federal general, Alfredo Terraf, por no haber hecho públicas las nóminas antes.

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Terraf le respondió: «ofrecí las pruebas hace casi un año y allí figuran las listas, es mentira que haya ocultado nada». Luego, fundamentó los motivos legales para rechazar la pretensión defensiva.

La querellante Valentina García Salemi aseveró que el Código Procesal Penal de la Nación prevé la inclusión de nueva prueba sobre hechos ya denunciados: «el sobreviviente es un testigo necesario frente a un Estado que encubrió por años esta documentación». Su par, Emilio Guagnini, resaltó que la recepción probatoria ya había sido admitida por el TOF, criterio compartido por Daniel Mendivil y por Bernardo Lobo Bugeau, quien destacó que Clemente no la aportó antes porque no confiaba en nadie.

Ante esto, Avila Gallo planteó la nulidad absoluta de la decisión judicial y de todo el proceso penal, e interpuso una apelación a la Cámara de Casación Penal por considerar violados su derecho de defensa.

Las cifras de los documentos
195 detenidos figuran con la inscripción «Disposición Final» (desaparición).

88 nombres de personas aparecen con el agregado de «Libertad».

10 secuestrados fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

133 cadáveres fueron oficialmente identificados entre 1975 y 1978 .

28 operativos autorizados figuran pendientes de ejecución.

36 identidades de «delincuentes subversivos» figuran con pedido de captura.

64 miembros del Departamento de Inteligencia de la Policía están en la lista.
 

Fuente: 

Diario La Gaceta 17/6/2010

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