A sangre y fuego

El nuevo libro de Ceferino Reato cuenta el espectacular ataque de Montoneros contra un cuartel en Formosa hace 35 años, durante el gobierno constitucional del peronismo, que reaccionó con tres decretos que delegaron la lucha contra la guerrilla en las Fuerzas Armadas. El asalto aceleró el golpe. En este extracto, el ex general Videla asegura que en una reunión de Gabinete el presidente interino Luder eligió su propuesta de represión más dura, sin controles.

La reunión de gabinete del 24 de septiembre de 1975 – Foto Diario Perfil

Dos temas deportivos atraían la atención aquel domingo 5 de octubre de 1975: el Gran Premio de Fórmula Uno en Estados Unidos porque, si bien Niki Lauda ya se había coronado campeón, Carlos Reutemann podía lograr el subcampeonato por primera vez. La carrera comenzaba a las 16, como la quinta fecha del Campeonato Nacional de fútbol, donde River Plate era favorito.

Pero el título principal de los diarios del lunes no fue el abandono de Reutemann ni el triunfo de River, sino el ataque al cuartel de Formosa, que provocó una conmoción nacional. Todas las fuerzas políticas condenaron el asalto de Montoneros, que apuntaba al corazón del gobierno constitucional de Isabel Perón: al “monopolio de la violencia física legítima” que caracteriza a todo Estado moderno, según Max Weber. Isabel estaba de licencia médica en Ascochinga y su cargo era ocupado en forma interina por el titular del Senado, Italo Luder.

Aquel lunes, Luder se reunió con el ministro de Defensa, Angel Robledo y decidieron impulsar tres decretos que satisfacían los reclamos de los militares en la lucha contra la guerrilla.

Luder convocó al mediodía a todo el Gabinete y a los tres jefes militares. El presidente interino indicó a Tomás Vottero, ministro de Defensa, que leyera los tres decretos.

—Se ponen a consideración las firmas de estos decretos para terminar con la subversión, señaló Luder.

Nadie dijo nada y los decretos quedaron aprobados por todo el Gabinete. El primero de ellos, el número 2770, creaba dos Consejos:

* El Consejo de Seguridad Interna, encabezado por el Presidente e integrado por los ministros y los tres jefes militares para dirigir “los esfuerzos para la lucha contra la subversión”.

* El Consejo de Defensa, presidido por el ministro de Defensa e integrado por los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que era el que más le interesaba a los militares por sus funciones: “conducir la lucha contra todos los aspectos y acciones de la subversión”; “planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas policiales”; “coordinar con las autoridades nacionales, provinciales y municipales la ejecución de medidas de interés”; y “asesorar al Presidente”.

El decreto 2771 disponía que el ministerio del Interior firmara convenios con los gobernadores para que la policía y el servicio penitenciario de cada provincia quedaran bajo control del Consejo de Defensa. Esos acuerdos fueron rubricados al día siguiente. El secretario Técnico de la Presidencia, Julio González, asegura que el gobernador de La Rioja, Carlos Menem, “tomó presuroso la palabra y dijo: ‘Yo quiero tener la satisfacción de ser el primero en firmar el acta’. Y lo hizo”.

Por último, el decreto 2772 ordenó a las Fuerzas Armadas, “bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa”, la ejecución de “las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.

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El martes 7 de octubre, el embajador estadounidense Robert Hill informó a su gobierno en un cable reservado que “luego de casi dieciocho meses de respaldos y rellenos no concluyentes, el gobierno finalmente estableció un enfoque unificado para manejar el problema subversivo”. Tres días después, en otro cable reservado, Hill analizó el decreto 2772 y concluyó: “Las Fuerzas Armadas tienen ahora la autoridad que han buscado durante mucho tiempo para asumir la lucha contra los terroristas, la cual hasta este momento ha sido en gran medida manejada (o mal manejada) por la Policía Federal”.

Encandilado por la urgencia política de terminar con el desafío de los grupos armados que le disputaban “el monopolio de la violencia legítima” y lo ponían en jaque, el gobierno peronista no quiso, no supo o, simplemente, no pudo controlar que los militares lucharan contra la guerrilla dentro del estado de derecho, que seguía vigente.

Luder se basó en el Decreto Nº 261, secreto, del 5 de febrero de aquel año, firmado por Isabel y sus ministros, que había delegado en las Fuerzas Armadas la lucha contra la guerrilla en Tucumán, donde el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), trotskista, quería crear una “zona liberada”.

Carlos Ruckauf era el ministro de Trabajo y es uno de los pocos sobrevivientes de aquel Gabinete, junto con Antonio Cafiero: “Luder dijo que había que ampliar el área de influencia de las Fuerzas Armadas a todo el país y que iban a enviarse esos decretos de inmediato al Congreso, y que se iban a mandar, además, dos proyectos de ley que explicaban la forma de aplicar los decretos y el mecanismo de control que iba a haber por parte del poder político sobre las fuerzas militares, que obviamente nunca se ejecutó: los tipos hacían lo que querían e inclusive detenían a compañeros nuestros y no sabíamos qué pasaba”, explicó.

Los tres decretos fueron ratificados por el Congreso el 29 de octubre.

La versión de Videla

Once días después de asumir la Presidencia, el 24 de septiembre de 1975, Luder convocó a los tres jefes militares a una reunión de Gabinete. Videla respondió al autor de este libro una entrevista por escrito desde donde cumple la pena de reclusión perpetua por violaciones a los derechos humanos, en Campo de Mayo. En un registro impersonal, el ex jefe del Ejército y ex dictador afirmó que el gobierno quería “determinar qué hacer ante el desarrollo inusitado del accionar terrorista escuchando a los Comandantes expresar su respectivo punto de vista. El objeto de la reunión es conocido previamente por los convocados y, siendo el accionar de las organizaciones terroristas un asunto fundamentalmente de desarrollo ‘terrestre’ y, por ende, de responsabilidad primaria para el EA (Ejército Argentino), los Comandantes de la FAA (Fuerza Aérea Argentina) y la ARA (Armada Argentina) le señalan al Comandante del EA que es él el que debe llevar el peso de la exposición. Este accede”.

Videla sostuvo: “En la exposición del Comandante del EA básicamente se sostiene que superada la capacidad de represión de las Fuerzas de Seguridad y viendo la inoperancia de la Justicia, desde el 25 de mayo de 1973, para perseguir eficazmente a los terroristas, se entiende que no hay otro camino que recurrir a las Fuerzas Armadas para ello, dejando constancia que su empleo reconoce de hecho la existencia de una guerra interna llevada adelante por un enemigo no convencional. Y que ello iba a significa, lisa y llanamente, la guerra y sus secuelas”.

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Videla agregó que él “describió los cuatro (4) cursos de acción sugeridos para el empleo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo. La diferencia esencial entre ellos consistía en la graduación que se establecía de la centralización del comando y la toma de decisiones (en las operaciones). Así, el Curso de Acción Número 1 suponía decisiones muy pautadas, tomadas en los más altos niveles de conducción; esto es, el Consejo de Seguridad Interna, a crearse, integrado por la titular del Poder Ejecutivo Nacional, más los Ministros del Gabinete Nacional, más los Comandantes en Jefe de las tres Fuerzas Armadas. Este Curso de Acción ofrecía mayores garantías respecto de la capacidad de conjurar la comisión de errores. El tiempo estimado para frenar, de esta manera, la amenaza operativa del terrorismo era difícil de mensurar. Más bien se entendía que podía prolongarse sine díe”.

Es decir que, siempre según Videla, esta forma de encarar la lucha aseguraba que se cometerían pocos “errores” pero sería muy lenta e ineficaz.

“El Curso de Acción Número 4 suponía efectuar el despliegue, en todo el territorio nacional, de las Fuerzas Armadas, y de las de Seguridad bajo el control operacional de aquéllas. En esta suerte de ‘despliegue disperso’, como se lo llamó, el control de la conducción se divide y se hace más difícil evitar errores y excesos. Esta forma de actuar permitiría neutralizar la amenaza terrorista en, aproximadamente, un año y medio”, señaló. En otras palabras: más “errores y excesos” pero mayor rapidez y eficacia.

Según Videla, “no hubo cifras (de víctimas entre los guerrilleros en cada Curso de Acción) sino una estimación conceptual en el sentido de que era menos costoso (para los militares) el Curso de Acción 4 que el 1”.

Videla recordó cómo, siempre según él, terminó el encuentro: “Un ministro presente en la reunión, creo que el de Justicia, pero no puedo identificarlo, quiso intervenir en la conversación y Luder no lo dejó. Lo interrumpió diciendo: ‘Ya tengo mi resolución. La número 4’”.

Luder ya murió y no puede ser consultado sobre la versión de Videla, pero el 22 de abril de 1985, en el juicio a Videla y a los miembros de las juntas militares, el fiscal Julio César Strassera le preguntó si, en los debates previos a los decretos, se había considerado la adopción de “métodos extraordinarios para combatir la subversión, tales como la privación ilegítima de la libertad o la obtención de información a cualquier costo e inclusive la supresión física de los elementos subversivos”.

—De ninguna manera. Nunca se pensó que la implementación de las Fuerzas Armadas, o de las policías primero, significara una modificación de la estructura legal y de las garantías que cada ciudadano tiene, respondió.

Cafiero y Ruckauf contestaron en forma similar en aquel juicio. Con relación a la reunión de Gabinete del 24 de septiembre de 1975, ambos dijeron, por separado, que no recordaban la supuesta exposición de Videla.

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Más allá de lo que realmente ocurrió en aquella reunión de Gabinete, los militares tenían ya tanta autonomía con relación al poder político que el 28 de octubre de 1975, Videla firmó la “Directiva EA 404 – Lucha contra la subversión”, un documento reservado basado en la Directiva Número 1 del Consejo de Defensa por el cual el Ejército dividió el país en cinco zonas; cada una fue fraccionada en un número variable de subzonas y de áreas. Por ejemplo, Formosa quedó dentro de la zona 2, la subzona 23 y el área 234, y el responsable fue el jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29. Esta zonificación estuvo basada en el Curso de Acción Número 4 que Videla habría expuesto en el Gabinete: represión dispersa, capilar, y sin control superior, que luego del golpe del 24 de marzo de 1976, con la cancelación del estado de Derecho, derivó en verdaderos feudos a cargo de señores de la vida y de la muerte. El último de los decretos introdujo un verbo polémico: “aniquilar”, un término militar que era más duro que el “neutralizar y/o aniquilar” del decreto 261 de Isabel, pero menos que el “exterminar” conjugado por Perón en una carta el 22 de enero de 1974 al cuartel de Azul, que había sido atacado por el ERP. Al final de la dictadura, y previendo que podían tener problemas judiciales por las violaciones a los derechos humanos, los jefes militares aseguraron que había sido una guerra y que ellos no habían hecho más que obedecer esos tres decretos, emitidos por un gobierno democrático; ese mismo argumento fue meneado por los defensores de los comandantes juzgados en 1985. Incluso, sigue siendo utilizado por los partidarios de los militares presos. Sin embargo, en el juicio contra los comandantes Luder precisó que “aniquilar el accionar de los elementos subversivos” aludía a “inutilizar la capacidad de combate de los grupos subversivos, pero de ninguna manera significa aniquilamiento físico ni violación de la estructura legal que en el país permanecía para derivar todo lo que fuera represión dentro de un marco legal”.

En la acusación contra los militares, los fiscales Strassera y Luis Moreno Ocampo destacaron las explicaciones de Luder y resaltaron que “ninguno de los oficiales superiores citados a declarar por la defensa (de los comandantes) entendió que la orden de aniquilar autorizaba a secuestrar, torturar y matar”. En la sentencia, leída por León Arslanián el 9 de diciembre de 1985, los miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal coincidieron en que la orden de Luder y sus ministros no podía entenderse fuera del contexto jurídico de aquel momento, cuando “la Carta Magna, las leyes de la Nación y los tratados con las naciones extranjeras seguían siendo la ley suprema de la Nación. En ninguno de esos dispositivos se puede encontrar una nota, un signo, un atisbo de que la República abandonó sus tradicionales métodos de respeto al derecho y a las garantías individuales para abrazar, sin más, a través de un mero decreto presidencial, la causa de la guerra total, absoluta, sin restricciones ni límites ni cortapisas”.

por Ceferino Reato

Fuente: 

Diario Perfil 29/8/2010

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