A ocho siglos, la Carta Magna aún nos da lecciones sobre la dignidad

El 15 de junio de 1215, en Runnymede (suburbio de Londres), el rey Juan, abusador fiscal y de esposas ajenas, firmó una Carta Magna, conminado por sus nobles a punta de espada, cuyo inciso 39 establecía: “Ningún hombre libre será encarcelado, privado de sus derechos o posesiones, exilado, ni se usará la fuerza contra él, excepto por legal juzgamiento de sus iguales o por ley vigente”. Por entonces no había ley escrita sino costumbres, y eran escasos los hombres libres. Aún así, el rey Juan acudió inmediatamente al Papa para anular su compromiso, argumentando coacción. En 1217, su hijo Enrique III, reinstauró la Carta modificada. Irónicamente, para prometer que no habría impuestos sin consulta a los nobles, el rey solicitó que aceptaran un nuevo impuesto.

Modesta era la aspiración de los nobles: ni renovar institución política alguna, ni redistribuir el poder confederado. Sólo protegerse, declarativamente, contra prácticas alevosas abusivas. La Carta Magna no era una Constitución, pues ni establecía división de poderes ni involucraba a todos los habitantes. Sus antecedentes eran la paz de Constanza (1183), donde el emperador reconocía derechos a comunas italianas, y los decretos de León (1188) y Cataluña (1192), limitados a los nobles. La Carta Magna inglesa fue la semilla de una ola de demandas cada vez más amplias, para acotar la arbitrariedad del gobernante de turno. Si bien al principio no alteraba la arbitrariedad sobre los vasallos, los derechos que los nobles fueron exigiendo a su rey para ellos crearon un clima que hizo que los burgueses demandaran también respeto. En 1308, la Carta del reino de Aragón consideraría a la población en general. Al cumplirse 800 años de este episodio, formulo votos para que Dios mantenga el deseo de los gobernados de no dejarse pisotear por sus gobernantes. Ni presión fiscal, ni defectuosa educación y asistencia sanitaria, ni insuficiente defensa interna y nacional. Es esencial a la democracia dignificar al pueblo. Pero es el pueblo quien debe defender su dignidad al elegir a sus gobernantes y controlarlos. Es una tarea intransferible. En esta vida, donde la salud, la fortuna económica y las relaciones emocionales van y vienen, nuestra dignidad es el único bien que comandamos. por Mario Morando, Presidente Fundación Banco Ciudad de Buenos Aires Fuente: 

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Diario Clarín 5/6/2015

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