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la iglesia catolica y la ultima dictadura militar

La cruz y la espada

Con La mano izquierda de Dios, Horacio Verbitsky completa su historia política de la Iglesia Católica, abarcando el período más complejo y controvertido: la última dictadura militar.

La junta militar, en un oficio religioso - Foto Diario Perfil 

Es un trabajo meticuloso y detallado sobre cómo vivió en su seno la institución más hermética de la Argentina, las consecuencias de la salvaje represión desatada por los militares, en muchos casos, en nombre de los propios valores cristianos.

Tiempo atrás fui a Magdalena, donde están presos los comandantes. Videla sonriendo me dijo:

—Aquí estamos, monseñor, por hacer lo que ustedes nos enseñaron.

—¿Y usted qué le respondió?

—Yo también sonreí, y no dije nada.

Cardenal Antonio Quarracino, 29 de agosto de 1989.

En la Nochebuena de 1975 el arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero del Episcopado, cardenal Raúl Francisco Primatesta, dijo que no era profeta del castigo, pero que dada la gravedad de la situación era imprescindible obrar y no quedarse en palabras: “Dios va a defender su creación. Va a defender al hombre, pero puede ser que el remedio sea duro, porque la mano izquierda de Dios es paternal, pero puede ser pesada”.

Por izquierda pasó a ser la forma común para describir la represión clandestina.

El 16 de marzo de 1976, Luis Bonamín fue perseguido por los ocupantes de un auto sin identificación cuando pintaba consignas en favor de un paro gremial en Rosario. Luis corrió dos cuadras, aerosol en mano, hasta que se le arrojaron encima y lo redujeron. Estaba desarmado. Tenía 21 años. Había conseguido empleo en una fábrica de equipos de música, era estudiante de Ingeniería y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Su tío abuelo era el provicario castrense Victorio Bonamín. Luis estuvo a punto de entrar al seminario para seguir sus pasos. Sin embargo, cuando decidió casarse con su compañera de estudios y militancia en la JUP, María Teresa Butticé, prefirieron la capilla del barrio de Marité.

Esa misma semana de marzo de 1976, el coronel Edgardo Fehrmann paseaba con su hija Silvia. Se cruzó en la calle con uno de sus compañeros de estudios, Albano Harguindeguy.

—Ya se viene. Vos preparate para San Isidro— le dijo.

Tercera generación de argentinos, en el colegio alemán Fehrmann se negaba a levantar el brazo derecho en adhesión a Hitler, por lo cual lo mencionaban con uno de los peores insultos: era un Einheimischer, un aborigen. En el Ejército le cuestionaban su religión protestante y lo presionaban para que se convirtiera. Se negó y no pudo pasar del grado de coronel. Nadie que no comulgara y venerara a la Virgen María y todos los santos podía llegar al generalato.

Pese a todo, la idea de ocupar la intendencia bajo un nuevo gobierno militar lo entusiasmaba. Comenzó a preparar su plan de gobierno. Abriría la costa del río para recreación popular, relevaría con helicópteros todas las casas en las que se construyeron piscinas sin habilitación municipal y así aumentaría la recaudación impositiva.

El cuerpo de Luis Bonamín apareció acribillado en la ruta a Santa Fe. La autopsia demostró que había muerto por hundimiento frontal de cráneo y que había sido baleado ya sin vida. La mujer y el padre de Luis buscaron a Bonamín en Buenos Aires. Marité Butticé necesitaba ayuda para tramitar el pasaporte e irse del país. Cuando fueron a ver al tío abuelo en sus oficinas los dejaron de plantón en un pasillo, porque Victorio tenía una reunión de urgencia con Adolfo Tortolo, vicario general castrense y presidente del Episcopado. Desde allí vieron retirarse a dos militares.

Bonamín hizo pasar a su sobrino y a la muchacha. Les preguntó qué había sucedido.

—El se lo buscó –dijo después de escucharlos.

Era la noche del 23 de marzo. El 24, Marité vio por televisión a los miembros de la Junta Militar que había tomado el poder. El más alto y el más bajo eran los visitantes de la noche, Jorge Videla y Ramón Agosti.

Tortolo los conoció de chicos cuando era cura en Mercedes, donde ambos nacieron. Durante el día volvió a reunirse con ellos. Esta vez se sumó al diálogo el jefe de la Armada, Emilio Massera. Después Tortolo anunció que la Iglesia Católica participaría en el proceso de restauración del “espíritu nacional”. Allí se acordó que visitara a Isabel Perón en la residencia del sur donde los militares la alojaron después del golpe. Así se lo transmitió el nuncio Pío Laghi al embajador estadounidense Robert Hill.

Con los padres de Luis Bonamín vivía el abuelo, hermano del provicario castrense. Después del asesinato del muchacho, Victorio se presentó con su custodia militar. Los hermanos discutieron:

—Entrá sin esa gente.

—No. La custodia me acompaña donde esté.

La discusión subió de tono, hasta que el abuelo de Luis le gritó a su hermano:

—Los asesinos de mi nieto no van a pisar esta casa.

Fue la última vez que se vieron.

Edgardo Fehrmann estaba pendiente del teléfono. Harguindeguy, quien había asumido el Ministerio del Interior, le tomaría juramento como jefe municipal de San Isidro. Separadas por pocos metros y una pared medianera coexistían las residencias más lujosas del Gran Buenos Aires, aquellas que quería relevar Fehrmann para cobrarles impuestos, y una de las mayores villas miseria del país, La Cava, sobre la que el Ejército preparaba el asalto represivo.

Pero el teléfono no sonó. Fehrmann quiso saber qué había pasado. Se lo dijeron sin rodeos: lo había vetado el obispo de San Isidro, monseñor Antonio María Aguirre. Por protestante.

Cardenales. Tortolo y sus compañeros en la conducción del Episcopado asistieron a la asunción presidencial de Videla y durante todo el mes de abril los obispos de cada provincia acompañaron en la jura por Dios y los Santos Evangelios a los respectivos interventores militares.

La policía de Córdoba pidió que los colegios parroquiales y religiosos entregaran la lista de domicilios de sus profesores y alumnos y el Seminario Menor de Jesús María la de su personal docente y administrativo. Primatesta le hizo saber al gobierno militar que no tenía inconveniente en colaborar “para el bien común” siempre que la solicitud se tramitara “por los canales adecuados”, es decir el propio arzobispo cordobés.

Cuando obtuvo que una autoridad superior a la policía dejara constancia escrita de la solicitud la publicó en el Boletín del Arzobispado. Esa información suministrada por el cardenal permitió el secuestro y la desaparición de al menos dos alumnos de colegios religiosos. La Iglesia jerárquica estaba bien dispuesta a cooperar con la cúpula castrense, pero rechazaba la intromisión horizontal de los niveles inferiores.

Los miembros más notorios del Episcopado hicieron explícita su adhesión al gobierno. Tortolo parangonó la intervención castrense con la resurrección de Cristo y proclamó que “la Nación es libre”. El arzobispo de Rosario, Guillermo Bolatti, dio por superado el peligro “de una ruptura de la unidad de la patria”. El obispo de Avellaneda, Antonio Quarracino, vio un “renacimiento de la esperanza”. El vicepresidente segundo del Episcopado y arzobispo de Santa Fe, Vicente Zazpe, se declaró aliviado por el redescubrimiento del deber “en una cierta atmósfera de orden y disciplina” e instó a la participación en la nueva etapa. El obispo auxiliar porteño, Horacio Bózzoli, dijo que los “bien inspirados” gobernantes terminarían con la subversión y la deshonestidad. Subversión era un término indefinido que comprendía guerrilleros, opositores políticos, gremialistas, personas con ideas liberales o socialcristianas o preocupadas por las cuestiones sociales.

También el Vaticano celebró la novedad. En Buenos Aires, el nuncio Laghi comunicó la satisfacción de la Santa Sede y elogió la “reputación moral” de Videla. En Roma, el sustituto de la Secretaría de Estado, Giovanni Benelli, congratuló a la embajada argentina por la “vocación cristiana” del nuevo régimen.

Una señal de buena voluntad romana fue la creación de dos nuevos cardenales argentinos: Juan Carlos Aramburu y Eduardo Pironio. Con la mayor naturalidad el gobierno designó para representarlo en la ceremonia a Tortolo. Primatesta le hizo notar que su presencia en Roma como enviado del gobierno y no de la Conferencia Episcopal que encabezaba desde 1970 crearía confusión, y el viaje se canceló. Cuando Aramburu voló a Roma para recibir el birrete rojo lo despidió en nombre de Videla su edecán naval. De regreso, lo esperó el edecán aeronáutico, a quien Aramburu le transmitió el optimismo de Pablo VI sobre la situación argentina. Como en 1930, 1943, 1955 y 1966 la Iglesia Católica volvía a ilusionarse con la llegada al poder de un Ejército cristiano.

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Ilusiones consoladoras. Una semana antes del golpe, la Iglesia había solicitado a los fieles que se abstuvieran de rendir culto a los pechos milagrosos de la Difunta Correa, de los que mana leche después de la muerte. Videla la hizo desaparecer: intervino la Fundación que administraba las donaciones a esa devoción popular no homologada y designó allí a un alférez de Gendarmería. Con una respuesta castrense para cada problema, el gobierno notificó a las empresas de ómnibus que no podrían realizar más peregrinaciones y excursiones al santuario sanjuanino y al personal de Vialidad que se abstuviera de construir nuevos nichos para la santa apócrifa. El interventor militar en Tucumán y comandante de la Brigada de Infantería, general Antonio Domingo Bussi, dispuso desmantelar los nichos ya erigidos y anunció que la educación se basaría en el sentido religioso de la vida y los valores de la moral cristiana, bajo el lema: “Dios, Patria, Familia”.

El presidente del Episcopado retribuyó con calidez estas gentilezas. Encomió al dictador por seguir los principios de la moral cristiana y ser un católico sincero y leal, dijo que “ante la subversión” debían tomarse medidas violentas y vaticinó que aguardaban “días de luz y de vida”.

La minuta de la última reunión de la Comisión Ejecutiva del Episcopado que Tortolo presidió, tres semanas después del golpe, indica que el encuentro estuvo dedicado a analizar la situación de los presos “políticos” y la “sensación de miedo que cunde” (encomillados en el original) y que se recibieron numerosas denuncias y pedidos. Un vocero de confianza del Episcopado sostuvo que la Iglesia no quería “ser confundida con la organización estatal”.

Por eso, dijo, en su primer discurso Videla no la mencionó, pero “asignó importancia a una cuestión que resulta vital para la Iglesia contemporánea: el respeto y la defensa de los derechos humanos”. El cuerpo episcopal se internaba en el país de las ilusiones consoladoras.

La nueva conducción. Entre el 10 y el 15 de mayo de 1976 el Episcopado mantuvo su primer encuentro plenario anual. El arzobispo de La Rioja, Enrique Angelelli, le escribió a Zazpe sobre las persecuciones que venía sufriendo junto con sacerdotes, religiosos y laicos desde las bases del Ejército y de la Fuerza Aérea. En febrero el vicario general de la diócesis, Esteban Inestal, fue detenido en Mendoza, junto con dos dirigentes laicos del Movimiento Rural riojano. Oficiales del Ejército les dijeron que los documentos de Medellín eran comunistas, que la Iglesia riojana se había separado de la Iglesia argentina y que Juan XXIII y Pablo VI habían destruido la Iglesia de Pío XII. En una comunicación al Episcopado, Angelelli no ocultó sus temores: pronto un obispo sería asesinado o detenido.

El clima se enrarecía por horas. En marzo, el jefe de la base aérea de Chamical, comodoro Lázaro Aguirre, interrumpió al obispo durante la apertura del año lectivo. A los gritos, protestó que estaba convirtiendo las orientaciones pastorales para la educación católica en un acto político. Angelelli le respondió que si no estaba de acuerdo podía retirarse, pero que un cristiano debía conocer todo el Evangelio. Aguirre salió furioso. Su primera represalia fue una citación a dos sacerdotes para que explicaran sus homilías dominicales, que eran grabadas en forma ostensible. Angelelli suspendió entonces los oficios en la capilla de la base. El propio Bonamín viajó a decir misa allí y luego envió a un capellán desde Buenos Aires. Angelelli le reclamó que devolviera a la curia diocesana todos los objetos de la capilla de la base. El capellán se negó.

Angelelli reclamó que sus hermanos en el Episcopado no guardaran silencio ante esos “hechos graves”. Le respondieron que exageraba.

—O nos respaldamos en serio o búsquense otro pastor para esta diócesis –insistió.

El presbítero cordobés Nelson Dellaferrera había remitido a la curia romana un escrito en defensa de su amigo Angelelli.

Laghi hizo llegar una copia al Episcopado, sin comentarios. En cambio, comunicó con todo detalle la molestia de la Santa Sede con obispos argentinos “que van a Jerusalén de visita” y luego elogian cómo mantiene Israel los Santos Lugares, sin consultar con la Delegación Apostólica.

Antes de despedirse como presidente de la Conferencia Episcopal, Tortolo presentó una serie de tesis sobre la Argentina: no sólo había caído un gobierno, también se había iniciado otro ciclo histórico. En la nueva sociedad tendrían un rol los sindicatos y los sectores económicos y debían mantenerse los canales intermedios de participación ciudadana en los asuntos públicos. Era una adecuación del programa corporativo de Pío XI, que un general golpista por décadas había intentado instaurar desde 1930.

La Asamblea eligió a los nuevos integrantes de la Comisión Ejecutiva. En la primera votación nadie alcanzó la mayoría. En la segunda, Primatesta fue consagrado presidente con cuarenta y cinco votos. Luego fue elegido Zazpe como vicepresidente primero y Aramburu como vicepresidente segundo, en votaciones reñidas. En cambio, para la secretaría general obtuvo unanimidad el muy conservador presbítero de San Isidro Carlos Walter Galán Barry, quien vivía con Laghi en la Nunciatura. Flamante cardenal y primado de la Argentina, Aramburu sólo accedió a la vicepresidencia segunda porque en los años previos resistió las presiones internas y externas para condenar al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM) en los mismos términos netos en que lo habían hecho el cardenal Antonio Caggiano y el propio Zazpe. Aramburu incluso llegó a ofrecerle la conducción del Seminario a uno de los miembros del MSTM, Jorge Vernazza, quien no la aceptó. El presbítero Jorge Mejía destacó en el quincenario Criterio que Aramburu esperó con “paciencia ejemplar” que concluyera el mandato de Caggiano, cuya prolongación era anormal. Se había retirado el año anterior y a sus 87 seguía siendo presidente honorario del Episcopado.

Poco después del golpe, Cabildo reclamó “realismo, franqueza y valor moral” para “declarar que la Nación se halla en estado de guerra interna”. Esto implicaría reconocer que las violaciones a los derechos humanos “existen y son fruto inevitable de una situación no querida”. También debía “exigírsele al Vaticano que retire de la circulación seudopastoral a los sacerdotes que con escarnio de su propio carácter sagrado alientan a la guerrilla criminal, y amoneste o castigue como sea a los obispos que la amparan o bendicen”.

La sucesión del tradicionalista Tortolo por tres obispos conservadores, pero posconciliares sugería la búsqueda de algún equilibrio, justo cuando el gobierno militar se lanzaba a una exaltación desmesurada del nacional-catolicismo. Primatesta destacó “el aporte del numeroso grupo de obispos jóvenes recién incorporado al alto cuerpo episcopal”, es decir desde la llegada del nuncio Laghi, en 1974. El Vaticano quería moderar el carácter integrista que le habían impreso en las dos décadas previas los nuncios Humberto Mozzoni y Lino Zanini y las sucesivas conducciones de Caggiano y Tortolo, quienes al mismo tiempo presidieron el Episcopado y el Vicariato Castrense. En ese período cristalizó una relación con las Fuerzas Armadas en la que ambas instituciones se consideraban tutelares de la Nación y dadoras de su identidad.

La simbiosis llegó a tal punto que los generales imploraban a Dios en sus homilías y los obispos arengaban a la tropa a librar la guerra justa. En los seis años y medio de su mandato, Laghi sugeriría la designación de treinta y un obispos, entre ellos Oscar Justo Laguna, Miguel Esteban Hesayne, Emilio Bianchi di Cárcano, el presidente de la Conferencia de Religiosos, Jorge Novak, y Alcides Jorge Pedro Casaretto. Durante la ceremonia de imposición de manos a Novak en la catedral de Quilmes Laghi describió el modelo de obispo que quería en esa etapa: “Nunca podrá ser el obispo quien vaya detrás de las iniciativas ajenas, el que se deje arrastrar por el avance de la muchedumbre o el empuje de los presbíteros”. Los sacerdotes, a su vez, “tendrán que acatar siempre las órdenes y decisiones que vienen del obispo”.

por Horacio Verbitsky

Fuente: 

Diario Perfil 26/9/2010

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