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FISCALIA FEDERAL DE RESISTENCIA BUSCA LLEGAR A INSTANCIA DE JUICIO POR LA VERDAD

Investigan una masacre indígena de 1924 como delito de lesa humanidad

En la colonia agrícola de Napalpí, en Chaco, la Policía Nacional acribilló a más de 400 personas de los pueblos qom y mocoví. También se investiga la matanza de El Zapallar, en 1933. El miércoles declaró el único sobreviviente, de 107 años.

Napalpí fue la 'Patagonia rebelde' del norte. Los fusilamientos en el sur, la Semana Trágica, la masacre de Napalpí, hay una conexión política profunda entre esos acontecimientos", dice Juan Chico, referente del pueblo qom y presidente de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina. Habla de una matanza largo tiempo silenciada. El 19 de julio de 1924, una partida de policías y estancieros chaqueños apuntaron sus máuseres contra una multitud de hombres, mujeres y niños inermes, de las etnias qom y mocoví. Se estima que murieron más de 400 personas, en una masacre que la prensa liberal ocultó pero que fue perpetuada por décadas de ostracismo y discriminación contra los pueblos originarios.
 
Casi 90 años más tarde, queda un sobreviviente, Pedro Balquinta, que cuenta 107 y el miércoles dio su testimonio ante la fiscalía, y ningún asesino. Pero también y sobre todo, queda la necesidad de saber la verdad. Por ello, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, integrada por los fiscales Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Jesús Vigay, junto al fiscal coordinador Federico Carniel, inició una investigación de oficio sobre aquella masacre y la de El Zapallar, ocurrida en 1933, para promover su juzgamiento.
 
Los fiscales entienden que ambas masacres, acaecidas en lo que fuera el territorio nacional del Chaco y cometidas por la entonces Policía Nacional contra indígenas y también contra hacheros correntinos y cosecheros santiagueños, constituirían crímenes de lesa humanidad. Así, la pesquisa de oficio procurará reconstruir lo sucedido, y si corresponde, la fiscalía requerirá, no existiendo –como se presume– imputados por los hechos que aún estén con vida, una instancia de juicio por la verdad. 
 
"Entendemos que las masacres de Napalpí y El Zapallar constituirán crímenes de lesa humanidad, y por ello debe promoverse su juzgamiento, en cumplimiento del compromiso inexcusable asumido por el Estado argentino a través de las convenciones internacionales", dice el fiscal Diego Vigay, y agrega: "Entendemos necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para establecer por qué, cuándo y cómo se perpetraron las atrocidades, y saber quiénes fueron los máximos responsables de los crímenes, y cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas o sociales que condujeron a su ejecución. Y también, para demostrar el carácter sistemático, señalar quiénes se han beneficiado de estos hechos de violencia, para que se conozca públicamente el contenido integral de esta historia de terror y se reconozca socialmente a las víctimas. La reparación, entonces, debe contener la recuperación de la memoria histórica, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas."
 
LA REDUCCIÓN. Napalpí fue fundada en 1911, cuando buena parte de las tierras ancestrales de los pueblos qom y mocoví ya les habían sido arrebatadas para que colonos de origen europeo las destinaran a la producción de algodón. Explotados en esas colonias agrícolas a las que se los había confinado, los indígenas y algunos pequeños campesinos criollos mostraron su descontento cuando, en 1924, las autoridades de la reducción dispusieron que debían entregar el 15% de la cosecha. Según los historiadores, en junio comenzaron las escaramuzas: hubo saqueos en granjas, un chamán fue muerto por la policía y murió un colono francés. Hasta que el gobernador del territorio del Chaco, Fernando Centeno, inició los preparativos para la brutal represión.
 
Partieron desde Quitilipi 130 policías y un grupo de civiles. De acuerdo con los relevamientos de diferentes investigadores recabados por la fiscalía, los uniformados descargaron más de 5000 balas de fusil sobre la población de Napalpí. Las víctimas fueron estimadas en 423. Un 90%, indígenas; el resto, cosecheros criollos. De los 38 niños que escaparon a la matanza, al menos la mitad terminaron como sirvientes en Quitilipi y Machagai; los otros murieron en el camino. Apenas 15 adultos lograron sobrevivir. En su libro Memorias del Gran Chaco, la historiadora Mercedes Silva reveló que los muertos y aún los malheridos fueron castrados a machetazos, y que en la comisaría de Quitilipi se exhibieron, a manera de trofeo, los testículos y una oreja del mocoví Pedro Maidana, uno de los líderes de la huelga.
 
Nueve años después, el 9 de septiembre de 1933, en la colonia El Zapallar –hoy General San Martín–, la policía acribilló a 70 habitantes de las etnias qom y mocoví. Ante una hambruna generalizada, estaban pidiendo alimentos y ropa.
 
Desde el 29 de mayo pasado, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos recibe aportes de investigadores y documentalistas, además de recopilar entrevistas, libros, archivos históricos, reportes periodísticos de diarios de la época y los expedientes judiciales abiertos y rápidamente clausurados cuando las masacres. Todo eso mientras tramita hace ya nueve años en un juzgado federal de Resistencia la demanda civil interpuesta por la Asociación Comunitaria la Matanza, una entidad civil compuesta por aborígenes de la etnia toba, que reclama al Estado Nacional una indemnización y la búsqueda de verdad.  «
 
Pedro Balquinta, el sobreviviente
 
Pedro Balquinta cumplió 107 años y es el único sobreviviente de las masacres de Napalpí y El Zapallar. En un paraje cerca de Charata lo encontró dos años atrás el equipo de documentalistas de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina. El mes pasado, la Cámara de Diputados de Chaco le otorgó una pensión vitalicia. El miércoles declaró ante el fiscal federal Diego Vigay, quien viajó hasta Colonia San Lorenzo, a 300 kilómetros de Resistencia, para escuchar al anciano mocoví.
 
En su lengua nativa y con ayuda de un traductor, Balquinta contó que vivía con su madre, su tío y otros familiares en Napalpí. "Mataron a muchos. Los taparon en un pozo grande, un solo pozo", dijo.
 
Pincón bomba 
 
Desde 2005, el Juzgado Federal Nº1 de Formosa tramita otra causa judicial fundada en la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad cometidos también contra pueblos originarios. Se trata de la matanza de Rincón Bomba, perpetrada por tropas de la Gendarmería Nacional entre el 10 de octubre y los primeros días de noviembre de 1947. También están aquí en juego una indemnización al pueblo pilagá y la determinación de la verdad histórica.
 
Se estima que entre 400 y 500 indígenas murieron en Rincón Bomba, acribillados por tierra y desde el aire, y un par de cientos más en los días siguientes, perseguidos hasta Pozo del Tigre y Campo del Cielo. "A diferencia de Napalpí, en Formosa hay un imputado vivo, que piloteaba un avión –explica Juan Chico–. Hace dos semanas se dictó el procesamiento de esta persona, que tiene 102 años, de ahí la necesidad de llegar rápidamente a una instancia oral."
 
Paño blanco
En el brazo. Así diferenciaban los estancieros del algodón a los "indios amigos" de los "sublevados". Esta imagen, tomada en Napalpí, en aquel fatídico 1924, por el fotógrafo alemán Robert Lehmann Nitsche, integra el libro Indígenas en la Argentina. Fotografías 1860-1970, de Mariana Giordano, Ed. El Artenauta, 2012.
 
Verdad
 
"La reparación debe contener la recuperación de la memoria histórica de las masacres de Napalpí y El Zapallar, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas."
Fiscal federal Diego Vigay
 
por Pablo Taranto
Fuente: 

Diario Tiempo Argentino 23/6/2014

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