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A 20 AÑOS DEL ATENTADO A LA AMIA

El nombre de una masacre que todavía exige justicia

Lunes 18 de julio de 1994, 9:53: por segunda vez, un ataque terrorista conmueve a la Argentina: arranca 85 vidas, hiere a otras 300 personas y destruye la sede de una institución judía. Desde entonces, la incapacidad de policías, espías, jueces y funcionarios consumó dos décadas de impunidad. Aquella noche de hace veinte años, por sobre el polvo espeso y ensangrentado de las ruinas, por sobre los ayes de dolor de los casi 300 heridos y el llanto de las familias de los ochenta y cinco muertos, el gobierno de Carlos Menem hizo lo que mejor supo hacer en este caso: simuló.

El presidente prometió la pena de muerte para quienes ni siquiera había identificado; el ministro del Interior, José Luis Manzano, enarboló la frase de manual para estos casos, que promete investigar hasta las últimas consecuencias; la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se metió en la investigación con la intención de tapar su propia torpeza que para muchos dolientes fue luego complicidad; decenas de hipótesis se lanzaron desde las usinas de desinformación, incluida la del estallido de una “pequeña bomba atómica” y la que aseguraba que se había tratado de una implosión de un supuesto arsenal. Y así, ni bien nacida, la investigación del atentado tuvo el destino de náufrago que la signó durante dos décadas.
 
Ramalazos de verdad, a veces camuflada, surgieron a lo largo de los años. Supimos mucho después que los espías locales seguían de cerca a la camioneta que sospechaban cargada de explosivos. Y que la perdieron el viernes previo al atentado; que la noche antes del estallido un helicóptero estuvo detenido en el aire con su reflector centrado en la entidad judía; que según la historia oficial ese helicóptero vigilaba la manifestación que, frente a la embajada de Brasil, festejaba el triunfo de su selección en el mundial de Estados Unidos.
 
Entre las teorías que surcaron la causa judicial encarada por el juez federal Juan José Galeano, que terminó destituido por las graves irregularidades de su investigación, figuró la llamada “Pista Iraní”. El atentado fue obra del grupo terrorista libanés pro iraní Hezbollah y contó con el financiamiento de Irán. El ataque, dice la teoría, fue obra del terrorista Ibrahim Hussein Berro, de 29 años, reconocido por una testigo, y el motivo, la cancelación de un proyecto de transferencia nuclear local a Irán.
 
Hezbollah dijo que Berro fue muerto en combate contra fuerzas israelíes. En 2006, los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos acusaron al gobierno iraní y a Hezbollah, y el juez Rodolfo Canicoba Corral ordenó la detención de siete funcionarios iraníes y de Imad Mugniyah, jefe de inteligencia política de Hezbollah.
 
Partidarios de Menem adujeron que el atentado había sido un tiro por elevación contra él, hablaron de una pista siria y de una cancelación de venta de reactores nucleares argentinos a ese país. La entonces senadora Cristina Kirchner sostuvo durante años esta idea. Otra hipótesis señaló a Libia, por una supuesta traición a un compromiso adquirido por Menem con Muhammar Khadafy, que habría aportado mucho dinero a la campaña electoral de 1989.
 
El gobierno de Menem plantó una hipótesis propia sobre la supuesta conexión local del ataque. Y fue apoyado por parte del Poder Judicial. En 1996, la camarista Luisa Riva Aramayo visitó en su celda a Carlos Telleldín, un reducidor de autos al que los años y la cárcel hicieron abogado, preso por haber facilitado el motor y parte de la preparación de la Traffic usada como coche bomba. La jueza ofreció a Telleldín 400.000 dólares para que acusara a policías bonaerenses, encabezados por el comisario Juan José Ribelli, de haber apoyado a los terroristas. En marzo de 1997, el soborno fue conocido a través de un video que mostraba al juez Galeano repitiéndole la oferta a Telleldín. El juicio oral terminó con la absolución de todos los acusados por la “conexión local”, que pasaron casi ocho años en prisión.
 
En septiembre de 2007, el presidente Néstor Kirchner denunció en la ONU a Irán por su falta de cooperación para esclarecer el atentado. En enero de 2013, la presidente Cristina Kirchner firmó con el gobierno iraní un acuerdo de “entendimiento” que crea una “Comisión de la verdad” para investigarlo: la justicia lo declaró inconstitucional y languideció sin resultados.
 
La investigación por el asesinato de 85 personas en el atentado más sangriento de la historia argentina, no tiene detenidos.
 
por Alberto Amato
Fuente: 

Diario Clarín 18/7/2014

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